ALICANTE. Los mentideros políticos venían alertando desde el verano que al nuevo equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, formado por PP y Ciudadanos, no gustaba el perfil del economista Manuel Bonilla al frente del organismo autónomo de gestión tributaria Suma. Y que posiblemente, con el paso de los meses, se produciría un relevo entrado el año 2020, cuando el gobierno de Carlos Mazón estuviera más consolidado y rodado.
Pero a veces los acontecimientos se producen de manera inesperada. Y eso es lo que ha ocurrido este miércoles: el director gerente de Suma ha recibido una citación de un juzgado por un supuesto caso de fraccionamiento de contratos en la gestión y organización de eventos que ha realizado la entidad en los últimos años. Y ante esta tesitura, el presidente de la Diputación ha citado a Bonilla este mismo miércoles por la tarde en su despacho para comunicarle, que, ante la citación judicial, debía dejar su cargo de forma voluntaria. O de lo contrario sería cesado fulminantemente. Al parecer, Mazón ha dejado un margen de un tiempo para que Bonilla meditara la renuncia voluntaria. Pero ésta finalmente no se ha producido y la Diputación de Alicante ha hecho público su cese a través de un escueto comunicado. Encarna Sánchez Sala, que ya había ocupado el cargo de directora gerente tras la jubilación de Manuel de Juan, tomará las riendas del organismo autónomo de forma provisional hasta que se convoque un nuevo concurso.
Fuentes cercanas al director gerente consideran que no existe irregularidad alguna, que la instrucción está en una fase muy inicial y que todos los contratos menores bajo sospecha están validados por los técnicos, que avalaron las contrataciones. Además, añaden las mismas fuentes, que Bonilla es un técnico y que todavía no existe una imputación con fundamento, y que en todo caso, no se le puede aplicar el mismo criterio que a un político en una fase tan embrionaria del proceso. Es más, considera su entorno que si de verdad lo que se pretendía era su cese -por otra razones-, no hubiera puesto impedimento alguno y que incluso hubiera colaborado en el relevo.
Según ha podido saber Alicante Plaza, un dossier anónimo con una serie de irregularidades en los contratos menores había sido remitido a la Fiscalía Provincial de Alicante y que ésta, en los meses de entre marzo y mayo, había reclamado a la Diputación que se le remitieran todos los expedientes. Al parecer, la Fiscalía ve indicios de delito en los contratos y remite la denuncia al juzgado de instrucción, que es quien ha citado a declarar a Manuel Bonilla. Según las mismas fuentes, ese mismo dossier realizado al parecer por personas que han tenido acceso a la documentación fue remitido a los grupos políticos de PSPV y Compromís, aunque éste extremo no ha podido ser confirmado.
Se desconocen los detalles. Sólo se saben que se trata de una serie de contratos menores realizados durante los años 2016, 2017 y 2018 y por eventos, foros o congresos realizados por el organismo autónomo y que comprendían tanto la organización como el pago de algunos ponentes que participaron en ellos.
Más allá de lo que suceda con la causa judicial, Manuel Bonilla deja el organismo autónomo con cifras record de recaudación, con una bajada de tasas para los ayuntamientos y con más prestaciones y mejores servicios de cara a la atención del cliente. Por ejemplo, Suma Gestión Tributaria cerró, este mes de mayo, el periodo de cobro sin recargo del impuesto de vehículos, la tasa de basuras y la tasa de vados en la provincia de Alicante con una recaudación que supera los 122 millones de euros para los ayuntamientos, lo que supone un incremento de 1.763.090 euros con respecto al 2018.