Una fundación municipal figura en la lista de donantes a la campaña de Barberá

VALENCIA. La Fundación Valencia Convention Bureau (también conocida como Turismo Valencia o TVCB) realizó supuestamente aportaciones de 100.000 y 431.000 euros a Laterne Product Council (LPC) que habrían servido, presuntamente, para financiar la campaña de Rita Barberá en 2007, según se desprende de los papeles de la empresa organizadora de los actos. En este listado, como publicó en exclusiva Valencia Plaza el pasado martes, aparecen los supuestos donantes de 3 millones de euros, entre los que se encuentran varios contratistas del Consistorio valenciano e inmobilarias, además de TVCB.

De demostrarse que el Partido Popular de la ciudad de Valencia utilizó dinero público para la campaña, el exvicealcalde Alfonso Grau y la exsecretaria y cajera del PP municipal Mari Carmen García-Fuster pasarían de estar investigados por delito electoral a estarlo también por malversación de caudales públicos, ya que la prescripción de este delito es de diez años.

En las fechas en las que presuntamente TVCB entregó dinero para la campaña electoral, al frente de esta entidad estaba como director José Salinas, quien además dirigía también el Palacio de Congresos de la Ciudad. Fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico aseguran que Salinas deberá dar explicaciones en el juzgado sobre las donaciones que aparecen en los papeles.

La relación entre TVCB y Laterne, empresa administrada por Vicente Sáez Tormo -ya fallecido- era conocida, puesto que fue denunciada públicamente por el Grupo Municipal Socialista en su día. La novedad es que la fundación publica aparece en la lista de donantes que elaboró Laterne.

La investigación del PSPV

En el año 2007, la concejal socialista Ana Botella comenzó una investigación en el consistorio para tratar de averiguar por qué los contratos más jugosos de las fundaciones dependientes del Ayuntamiento siempre iban a parar al conglomerado de empresas de Laterne. El desprecio y la callada por respuesta fue lo único que consiguió por parte del entonces primer teniente de Alcalde, Alfonso Grau. 

Pese a todo, Botella consiguió averiguar las cuantías de los contratos y la velocidad a la que Laterne cobraba de la administración pública. Hubo facturas que se cobraron a los dos días de llegar cuando otros proveedores cobraban a los dos años.

Según la investigación realizada por Botella, no solo TVCB facturó con Laterne. La entidad municipal Centro de Estrategia y Desarrollo (CDyE) también lo hizo. De hecho, uno de los contratos firmados con la empresa Product Management Council (PMC), del grupo Laterne, por valor de 300.000 euros se realizó antes de las elecciones de 2007. Según el citado contrato, el objeto era la creación de un infobarómetro que debía medir el grado de conformidad de los valencianos en temas municipales. Sin embargo, Botella encontró una de las encuestas del CDyE en la que al final de la misma se hacían preguntas electorales como qué opinión tenían de Rita Barberá o qué opinaban de la oposición. 

Para Botella, "no tiene ningún sentido que en una encuesta sobre la opinión de los valencianos sobre el turismo se preguntara sobre Barberá o a quién pensaban votar en las siguientes elecciones". 

Joan Ribó lo denunció

El actual alcalde de Valencia, Joan Ribó, denunció estos hechos en los tribunales en enero de 2011 cuando era concejal de Compromís, pero el entonces fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, archivo la denuncia al no apreciar delito.

Otra de las fundaciones dependientes del Consistorio, la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec), también tuvo en esa época un contrato con el grupo de empresas Laterne por valor de 500.000 euros.

Es por todo esto que los investigadores han puesto bajo la lupa las aportaciones que dos empresas, Product Manager Council (PMC) y City Marketing Council (CMC), realizaron para la campaña, según la documentación de Laterne. Estas dos empresas también eran de Vicente Sáez Tormo. 

Eran fundaciones públicas

Respecto a la relación de Turismo Valencia con Laterne, el equipo de Rita Barberá siempre defendió que TVCB era una entidad privada puesto que el Ayuntamiento tenía el 38%.

Sin embargo, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat decía en 2013 que ya tres años antes había considerado TVCB "una fundación pública local". Y para argumentarlo explicaban que "los estatutos la definen como privada (artículo 1 de los estatutos), si bien, de éstos no se desprende de forma clara que los órganos de gobierno estén controlados indirectamente o no por la Administración. El Ayuntamiento da a estas aportaciones efectuadas a esta entidad el carácter de transferencia, cuando esta figura solo cabe si se trata de una Administración. De considerarse una fundación privada la aportación debería tener el carácter de subvención y su concesión directa exigiría que figurase nominativamente en el presupuesto del ayuntamiento o la acreditación de otras causas previstas en la Ley de Subvenciones. Asimismo, debería formalizarse un convenio o el acto de concesión y reunir los requisitos establecidos en el artículo 65.3 del Reglamento de Subvenciones".

Y apostillaban que "no resulta razonable, desde el punto de vista de la adecuada gestión y control de los fondos públicos, que elAyuntamiento financie mayoritariamente año tras año una fundación y no exija a cambio un control efectivo".

Ante estas advertencias, TBCV lo que hizo fue cambiar hasta tres veces sus estatutos, hasta encontrar la fórmula que tuviera un encaje legal ante sus pretensiones. Sin embargo, para el caso que se investiga estos cambios de estatutos no afecta en nada, ya que los hechos investigados ocurrieron en el año 2007, seis años antes.