VALÈNCIA. La resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana que multa con 43.000 euros a tres mercantiles vinculadas al hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y sus socios por pactar precios pide también prohibir que éstas contraten con la administración. Una reclamación relevante que podría serlo más en el caso de que llegara finalmente a cumplirse puesto que, mientras se toma la decisión, otra firma vinculada a los empresarios sancionados está a punto a llevarse un contrato de la radiotelevisión valenciana por servicios similares a aquellos de los que fueron excluidos.
El escrito de Competencia recuerda que la ley de Contratos del Sector Público establece que quedan sujetos a prohibición de contratar con las entidades que forman parte de la administración "las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia". Algo que ocurre en el caso de los responsables de las mercantiles Comunicacions dels Ports, Kriol Produccions y Canal Maestrat, multadas por infracción muy grave.
La resolución sostiene que una conducta de concertación en licitaciones como la protagonizada por las mercantiles de Francis Puig y sus socios, los Adell Bover, "no cumple con el nivel de exigencia requerida para contratar con la administración". Algo que entiende Competencia que justificaría la decisión de restringir la relación con el sector público.
En este caso, la prohibición se produciría como resultado de un ilícito administrativo, de manera que ahora se deberá tramitar un procedimiento, de acuerdo con el criterio de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, para concretar su duración y alcance. Por ello, Competencia ha remitido ya una certificación de la resolución a la Junta, que ahora tendrá que tomar una decisión respecto a los responsables de las mercantiles en base a su participación en los hechos objeto de sanción. Debido a que no se trata de algo inmediato, los contratos que puedan estar actualmente en marcha continuarían adelante a la espera de lo que establezca este órgano.
Uno de los que precisamente se está tramitando es el del servicio de corresponsalía de À Punt en las comarcas Els Ports, Alt Maestrat i Baix Maestrat por 30.000 euros. Licitado el pasado noviembre, se presentaron Comunicacions dels Ports, Miraelpardalet y TVCS Retransmisiones (productora de los Adell Bover). Tanto la primera (del hermano de Puig) como la segunda fueron excluidas en la valoración de la documentación presentada, de modo que la mesa de contratación propuso el 21 de diciembre la adjudicación del contrato a la tercera al haber obtenido la mejor puntuación.
Aunque no se trata de una mercantil multada por Competencia por pactar precios, sí está vinculada a los Adell Bover, por lo que salta el interrogante de si la resolución sobre las sanciones le podría acabar afectando.
A lo largo de su mandato, Costa lo apostó todo por la audiencia, pero sin un respaldo presupuestario ni burocrático, no ha habido modelo que asentar sino situaciones que amortiguar