José Vicente González, presidente de Cierval. Foto: EVA MÁÑEZVALENCIA. La colaboración público privada (CPP) podría impulsar infraestructuras pendientes en la Comunitat Valenciana valoradas en más de 5.300 millones de euros. Esta es una de las principales propuestas del informe elaborado durante meses por la patronal autonómica Cierval sobre las inversiones necesarias para el desarrollo económico de la autonomía, un documento al que ha tenido acceso Valencia Plaza.
La confederación empresarial estima que el total de las inversiones pendientes en la Comunitat asciende a 20.700 millones -tal y como publicó este diario- de modo que las señaladas como "susceptibles de financiación mediante colaboración público privada" suponen una cuarta parte. En este sentido, la patronal propone la herramienta de la inversión privada como alternativa a las dificultades de la administración para desarrollar las infraestructuras pendientes con fondos públicos.
Las partida más abultada que identifica Cierval corresponde al conjunto de la infraestructura necesaria para el soterramiento de la Estación del Norte de Valencia, que asciende a la friolera de 2.339,42 millones de euros entre la construcción de la estación (968,58 millones), el túnel pasante (848,21 millones), el canal de acceso (457,12 millones), y la remodelación de Fuente de San Luis (65,51).
La segunda gran actuación que podría desarrollarse con colaboración público privada -según el informe- es el Tren de la Costa, descartado por el Ministerio de Fomento por considerar su puesta en marcha "inviable y sin justificación socioeconómica". La actuación está cifrada por los empresarios en un total de 955,39 millones entre sus cuatro fases (Gandía-Oliva, Oliva-Dénia, l'Altet-Alicante-Benidorm y la mejora del TRAM entre Dénia y Benidorm).
El constructor Juan Cámara ya subrayó la posibilidad de desarrollarlo desde la iniciativa privada en una entrevista concedida a este periódico, en la que concretó que la fórmula para la promoción privada de la infraestructuras se articularía a cambio de una rentabilidad prolongada en el tiempo, una suerte de 'leasing', 'peaje' o 'arrendamiento de servicio'. La intención de Cierval es, precisamente, proponer este modelo a las administraciones.
Cierval también identifica como proyectos financiables con fondos privados la construcción de las siguientes infraestructuras: edificios para 94 nuevos colegios y 60 centros que operan en barracones, por un total de 780 millones de euros; la segunda fase del acceso norte al Puerto de Valencia, valorada en 667 millones de euros; las tres fases del Corredor Cántabro-Mediterráneo de ferrocarril, por un total de 360,53 millones; seis plataformas logísticas por un total de 390 millones; o el desdoblamiento de la circunvalación exterior de Valencia, por 288,5 millones.
El informe contempla además el desarrollo mediante CPP de cuatro actuaciones de rehabilitación urbana por un total de 240 millones de euros, la rehabilitación de viviendas en las cuatro zonas del parque público de inmuebles por 200 millones, la construcción del centro de salud Campanar Ernest Lluch por 146 millones, el acceso ferroviario al Puerto de Alicante desde la Encina por 130 millones, o la rehabilitación y construcción de diez sedes judiciales por 115,88 millones.
El listado de inversiones susceptibles de materializarse con la colaboración de la empresa privada se completa con actuaciones por debajo de los 100 millones de euros que aparecen detalladas en el siguiente carrusel de imágenes -identificadas en la penúltima columna con el símbolo (**) junto a su precio-.
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El exhaustivo trabajo recopilatorio de Cierval será próximamente remitido a la patronal CEOE para que lo incorpore a un macroinforme nacional sobre las necesidades de inversión en el conjunto de España. La intención de la organización empresarial es convocar un acto institucional para dar a conocer su estudio al Consell y que la CEOE haga lo propio con el Gobierno central.
La cifra de 20.700 millones de euros se refiere a las inversiones pendientes en la Comunitat, tanto del Estado como de la administración autonómica. Tras su presentación en Valencia y en Madrid, el objetivo de los empresarios es abrir una ronda de encuentros con las administraciones para que las inversiones propuestas se proyecten en el tiempo, con plazos concretos para evitar que su ejecución se eternice.
