UGT se harta del Consell y urge al TSJ a ejecutar el destape de las plantillas de las empresas públicas

VALÈNCIA. La paciencia del sindicato UGT con el Consell a cuenta de la reorganización de las empresas públicas comienza a agotarse. Apenas tres meses después de la puesta en marcha de la comisión de diálogo social entre la administración y los sindicatos para definir cómo quedarán las plantillas en el nuevo mapa del sector público, el clima que se respira apunta a una ruptura. Tan es así que los delegados del sindicato en las diferentes firmas se han organizado para actuar de forma coordinada ante el "ninguneo" del Consell y elevar el tono de sus reivindicaciones.

Los delegados del sindicato, el mayoritario en el conjunto del sector público valenciano, celebraron esta semana su primera asamblea para constatar que la mesa de diálogo que se constituyó para tratar la problemática del sector público y la situación en la que quedarán sus trabajadores "no está cumpliendo con el cometido de regulación del personal". Según una circular interna a la que ha tenido acceso este periódico, una de las primeras medidas ha sido presentar una queja ante el TSJ de la Comunitat para que se ejecute la sentencia que obligó daba dos meses a la Conselleria de Hacienda para públicas las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de cinco empresas públicas que habían incumplido esa obligación.

El fallo, dictado a mediados del pasado mes de noviembre, afectaba a las entidades públicas CulturArts, IVAM, IVACE, EIGE y Vaersa, que ya por entonces acumulaban más de un año de retraso en la obligación de hacer públicos los detalles sobre su plantilla, retribuciones para cada uno de los puestos y de la forma en la que accedieron cada uno de sus empleados, entre otros detalles.

A pesar de que los dos meses de plazo que dio el TSJ se han cumplido holgadamente, la sentencia no se ha ejecutado en su totalidad. Según manifiesta el sindicato, los representantes de la administración les han trasladado que siguen "sin tenerse claros los criterios de elaboración de las RPT". Como ejemplo, recuerda el caso de la empresa pública Vaersa, dependiente de Agricultura y Medio Ambiente, donde la Dirección General de Presupuestos de la Generalitat ha tumbado la propuesta que había dado por buena la Dirección General de Sector Público.

Cuando el TSJ dictó la sentencia sobre las RPT pendientes de publicar, la directora general de Sector Público, Empar Martínez, destacó que las relaciones de puestos de trabajo deben conceptuarse "a todos los efectos" como actos administrativos, lo que significa que su publicación "supone en realidad una aprobación". "En la práctica podría darse a entender la consolidación de unos derechos, de ahí el interés y el esfuerzo que está dedicando el Consell a esta labor. No podemos apresurarnos en un tema tan delicado", destacó entonces Martínez. 

"Es el momento de forzar"

Las conclusiones tras la primera asamblea de delegados de la FeSP-UGT en el sector público evidencian que el buen clima inicial con el que arrancó la comisión de diálogo social del sector público se ha ido deteriorando hasta dibujar un escenario más próximo a la ruptura. "Hay un malestar generalizado en todas las entidades respecto al abandono que estamos sufriendo del actual gobierno. Da la sensación de que no quieren resolver la situación de los más de 5.000 empleados del sector público", lamenta el sindicato.

Además, la formación transmite a sus cuadros que, en el ecuador de la legislatura y en los meses previos a la aprobación del Presupuesto, es "el momento de forzar" para conseguir sus reivindicaciones respecto a la regularización de los alrededor de 6.000 trabajadores del sector público instrumental de la Generalitat.

Además, el sindicato se muestra muy crítico con el retraso acumulado por el Consell en la aprobación de la nueva Ley de Sector Público. La intención del Ejecutivo era iniciar la tramitación parlamentaria dentro del primer semestre, pero la complejidad de la negociación con las diferentes conselleries para determinar la situación en la que quedarán sus entes adscritos es probable que obligue a extender de nuevo los plazos.

El elemento clave en esa negociación es determinar cuáles van a ser las figuras jurídicas en las que tendrán que encajar las diferentes entidades, ya que de ello dependerá la situación en la que quedarán sus empleados.

Dado que la FeSP-UGT consider que la mesa de diálogo que se constituyó para tratar esa problemática "no está cumpliendo con el cometido de la regulación de personal", el sindicato va a pedir que en las mesas de negociación de cada entidad haya un representante la de la Conselleria de Hacienda, que es la que debe dar el visto bueno a las relaciones de puestos de trabajo.