VALÈNCIA. El conflicto entre trabajadores y Generalitat sigue abierto por la Relación de Puestos de Trabajo de las empresas públicas que todavía no habían cumplido con su obligación de cara a formalizar sus organigramas de trabajo y salarios. La herencia recibida del anterior Gobierno ha continuado supurando hasta que estas empresas, tras varias denuncias y requerimientos del mismo Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, logró concretar su propuesta hace tan solo unos días. Las reacciones no se hicieron esperar y, en el caso de CulturArts, la amortización de once puestos de trabajo llevará a sus trabajadores a hacer paros en festivales como Sagunt a Escena y la Filmoteca d'Estiu o en la pretemporada y temporada del Palau de les Arts. Unas soluciones que en el caso del holding público cultural fueron contextualizadas por su principal responsable la semana pasada en Valencia Plaza.
Aunque la decisión no se ha formalizado todavía con la publicación de la propuesta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), Fesp-UGT ha presentado una alegación para que el proceso se suspenda por errores formales. Esos errores son, según el escrito presentado ante el TSJ al que ha tenido acceso este diario, que el documento que acompaña al escrito de la abogacía que da viabilidad "no tiene los informes preceptivos de la Dirección General de Presupuestos ni de la Directora General del Sector Publico" en el caso de CulturArts. Por ese motivo, "no se puede considerar que con tal soporte documental se esté cumplimiento el fallo de la presente ejecución".
Además, se asegura que dicho documento no contiene la exigida Relación de Puestos de Trabajo. Según Fesp-UGT lo que incluye es "la modificación de una parte de ella afectada por un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de las condiciones de trabajo". Es decir, que no contiene una completa organización de empleados distribuidos por categorías en un organigrama completo y detallado con arreglo a la ley. Esa documentación "no acredita en modo alguno el requerimiento que dice acatar y cumplir". En el caso de IVACE, la situación es muy similar según las alegaciones judiciales de Fesp-UGT: "carece en la documentación de los informes favorables de la Dirección general del Sector Público y de la Dirección General de Presupuestos" y tampoco incluye la RPT completa.
Más singular parece la situación de VAERSA que, tal y como "se ha publicado en la web de VAERSA y de la Conselleria, tiene los informes negativos de la Dirección General de Presupuestos y Sector Publico, con los únicos efectos de eludir las responsabilidades en que se incurre por el incumplimiento de la sentencia". Las alegaciones del sindicato mayoritario en el conjunto del sector público valenciano apuntan a esa posible prevaricación y recuerdan que las empresas citadas siguen sin cumplir con una Sentencia que amenazaba con 'destapar' las plantillas de la Generalitat. La amenaza tenía dos meses de plazo, con fecha de emisión en noviembre de 2016. El hartazgo mantiene por el momento la tensión en busca de una solución para el conflicto.