Carmen Montón. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Inspección General de Servicios, adscrita a la Conselleria de Transparencia, ha vuelto a meter el dedo en el departamento de Carmen Montón. El área liderada por Manuel Alcaraz ha emitido un informe donde reprocha actuaciones realizadas desde áreas de la Conselleria de Sanidad ante la denuncia por parte de CSIF de varias contrataciones en diferentes áreas de salud.
El sindicato registró estas consideraciones el 7 de noviembre de 2016, aunque la respuesta no ha sido devuelta por Transparencia hasta el pasado 11 de septiembre. Firmado por el subdirector general de Atención a la Ciudadanía, Calidad e Inspección de Servicios, Javier Gil, algunos puntos señalan a un claro incumplimiento de las normas por parte de Sanidad.
Desde el sindicato liderado por Daniel Matoses ponían la lupa sobre el nombramiento del subdirector económico B del departamento de salud Arnau de Vilanova-Llíria. CSIF criticó que en la convocatoria pública de libre designación tan solo se presentó el elegido, que además era licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, formación que no consideraban adecuada para el puesto. Sin embargo, lo que destacaba el sindicato como alarmante era que el seleccionado no hubiera ocupado en ese tiempo su puesto de trabajo a pesar de tener un contrato de alta dirección mientras prestaba labores de asesoramiento en la Conselleria de Sanidad.
En este caso, Transparencia señaló que a pesar de ser incorrecta la actuación "no merece más recomendación que la de evitar en un futuro la utilización de esta figura y cuando se necesite la colaboración y asesoramiento de alguno de los recursos humanos de su organización tendrán que recurrir a los instrumentos jurídicos que permitan las normas".
El segundo caso denunciado por CSIF alude a la contratación en dos ocasiones de un funcionario interino en sustitución. Vacante que, según el sindicato, se ocupó sin pasar por bolsa de trabajo ni convocatoria de proceso selectivo. Señalan la circunstancia de que el nombrado era familiar de una funcionaria responsable de Recursos Humanos de Salud Pública.
A esta crítica, Transparencia señala el sistema de bolsas como "totalmente obsoletas" y reconoce la propuesta del candidato final como inadecuada ya que la titulación del seleccionado era muy superior a la del puesto de trabajo. "Aunque desde el punto de vista jurídico es correcta, consideramos que es desaconsejable, sobre todo teniendo en cuenta que en la bolsa había dos personas con la titulación exigida. Además, el candidato elegido no acredita ninguna experiencia en el sector público", señala el informe del departamento de Alcaraz.
Desde Transparencia reconocen que aunque el nombramiento ha recaído en un familiar directo de una funcionaria dependiente de la dirección territorial que no participó en el proceso de selección final, sí que lo hizo el procedimiento de la primera sustitución sin que hubiera constancia de su abstención expresa tal y como dice la ley e instan a conselleria a estudiar si se incurrió en alguna falta disciplinaria y si habría que abrirle expediente.
Sin emabargo, desde Sanidad señalan a Valencia Plaza que la funcionaria no formaba parte de ningún órgano colegiado, ni tribunal de selección, ni comisión de valoración, a cuyos miembros le es aplicable las causas de abstención y recusación previstas en el artículo 28 de la Ley 30/92, del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Otro de los casos alude a una técnico superior de Higiene en el departamento de La Fe que entra en una sustitución por promoción interna pero no figura ni en la Bolsa de Trabajo ni la lista del bolsín. La Conselleria de Sanidad justificó esta decisión en que se trataba de productos biopeligrosos y que quien ocupó el puesto era conocedora. Además, destacó que se trataba de un periodo relativamente corto. Sin embargo, Transparencia se muestra tajante en este punto y señala que esto "no justifica el incumplimiento de las normas" y pide que se extremen las medidas de control por parte de la dirección general de recursos humanos y económicos para evitar estas "irregularidades".
CSIF también señalaba en su denuncia un anuncio de selección de personal para la realización de tareas de actualización del entorno tecnológico y de las aplicaciones en el ámbito de los Servicios Centrales de la Conselleria de Sanidad. Según el sindicato la convocatoria incurre en irregularidades al no especificar plazas ofertadas, categoría o proceso de selección. A esto suman el perfil tan específico que se solicita para la cobertura de estas plazas.
Transparencia reconoce que la intervención no emitió un informe favorable de los nombramientos de las dos personas que habían sido seleccionadas por considerar que la comisión de valoración del proceso no había estado bien constituida, quedando paralizado el expediente. Además, recoge que tampoco era correcto que fuera a cargo del capítulo IV de inversiones.
Sobre si Sanidad ha aplicado estas recomendaciones, desde la Conselleria señalan que buena parte de las medidas que había que tomar se han ido concretando sobre el "deficiente" marco regulador, y los "malos usos" que durante años se habían hecho del mismo. Señalan que se está regulando a través del decreto de selección y provisión y de una nueva orden de bolsa en la que se está trabajando.
"Los casos concretos de los que se habla aquí, no contienen ninguna ilegalidad, pero no obstante lo que el informe plantea como sugerencias ya han sido tenidas en cuenta para el desarrollo de todo el marco normativo en el que la Conselleria viene trabajando", destacan.
