Francis Puig. VPVALÈNCIA. La Conselleria de Participación y Transparencia ha abierto expediente sancionador a la empresa Comunicacions dels Ports, dirigida por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por falta de publicidad de las subvenciones recibidas.
Así lo firma la consellera Rosa Pérez Garijo en una resolución fechada el pasado 6 de febrero, tras una denuncia interpuesta por la diputada del PP y portavoz adjunta del Grupo Popular en Les Corts, Eva Ortiz, un año antes, en febrero de 2019.
El hecho por el que la empresa de Francis Puig podría ser sancionada es "el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa"
En la denuncia, Eva Ortiz señala que "se ha podido constatar a través del portal GVA Oberta que la referida mercantil ha percibido durante los ejercicios 2016, 2017 y 2018 las subvenciones públicas detalladas en los documentos adjuntos" al escrito. En segundo lugar, "que la suma de los importes de dichas subvenciones en los tres periodos referenciados, 125.276,90 euros, 113.787,19 euros y 141.096,01 euros, exceden en cada ejercicio de la cuantía límite -10.000 euros- establecida en el artículo 3 de la Ley 2/2015, lo que implica la sujeción de la mercantil al cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la legislación básica".
Y, por último, señala que, previa comprobación en la página web de la empresa, "se puede afirmar que no están dando cumplimiento a las obligaciones de transparencia arriba mencionadas".
La Conselleria entonces dirigida por Manuel Alcaraz envió la denuncia al Consejo de Transparencia, que lo tramitó como una queja y se comprometió ha hacer un requerimiento a la empresa. Ante ello, Ortiz volvió a denunciarlo en el mes de octubre, exigiendo que "la incoación de los procedimientos sancionadores correspondientes".
Poco después, Francis Puig respondió al requerimiento, como administrador de Comunicacions dels Ports, que los datos de subvenciones de GVA Oberta recogidos por Ortiz eran inexactos. Además, anunció la creación de un apartado de transparencia en su página web, se comprometió a cumplir la normativa de transparencia y, como último argumento, afirmó: "Al mismo tiempo queremos hacer constar que dicha obligación, es público y notorio que, prácticamente la totalidad de los obligados no cumplen la ley de transparencia".
Tras ello, en su respuesta a Ortiz, el Consejo de Transparencia informó que "no aprecia motivos
para instar la apertura de un procedimiento sancionador".
Sin embargo, según la resolución de la consellera, el Consejo de Transparencia no explica "las causas que determinan la improcedencia de la emisión del acuerdo de iniciación del expediente", como podrían ser inconsistencia de la denuncia, la ausencia de tipicidad o la falta de competencia para instar la apertura. Por ello, concluye que "se considera conveniente la incoación del expediente a efectos de que, durante la fase de instrucción, se pueda recabar toda la documentación que sea necesaria y estudiar la concurrencia o no de una infracción y, de concurrir, la calificación concreta de esta y las responsabilidades que se deriven".
