Todos a la cárcel

VALÈNCIA. Las últimas 72 horas han perforado el chaleco antibalas que parecía haberse colocado Mariano Rajoy como única respuesta al tsunami de casos de corrupción que arrasa al PP. Si el tornado de los tribunales ha causado unos estragos en la estabilidad nacional de la formación popular que puede terminar en una moción de censura, la gaviota tampoco tiene puerto al que regresar en las costas valencianas: una especie de zona cero catastrófica dentro del itinerario judicial y policial que amenaza con consecuencias electorales graves en la cita con las urnas de 2019.

Tres hitos, todos ellos relacionados con la Comunitat, han sacudido los cimientos de este partido en apenas tres días con un destino común: la cárcel. Así, el ex presidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana terminaba este jueves el penoso vía crucis de registros en sus domicilios con un portazo -sin fianza- en una celda. La petición del otrora todopoderoso ex jefe del Consell para ser puesto en libertad a causa de la leucemia que padece desde hace unos años, fue rechazada por la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, María Isabel Rodríguez Guerola, quien decidía así en la línea de lo solicitado por la Fiscalía Anticorrupción.

El expresidente ingresó por la tarde en la prisión de Picassent, donde se encontrará con un viejo conocido, el exconseller Rafael Blasco, quien tuvo un papel fundamental en la llegada de Zaplana al poder en la Generalitat y que fue condenado por apropiarse de dinero público destinado al Tercer Mundo.

La detención de Zaplana por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, con una investigación que rastrea el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales, ha dejado una sucesión de imágenes tristemente históricas para la Comunitat y, en especial, para el PP valenciano, que ha visto como tres de sus cuatro expresidentes ya han sido condenados o están investigados. Un problema que se extiende al 34% de los consellers de sus gobiernos desde 1995.

Este jueves, sin embargo, el protagonismo no iba a ser exclusivo para el exministro. En la Audiencia Nacional se dictaba sentencia para el caso Gürtel con una resolución demoledora para la ya maltrecha gaviota: el PP se convertía en el primer partido político condenado, a una multa como beneficiario de la corrupción, en la democracia española. Al margen de las amplias condenas a los cabecillas de la trama como Francisco Correa, los 33 años de cárcel para el histórico dirigente popular Luis Bárcenas y las distintas penas para varios exdiputados, exsenadores y exalcaldes o la multa para la exministra Ana Mato, convertían la jornada en una pesadilla para la calle Génova. 

De esta manera, y aunque en este caso los protagonistas no eran valencianos, las piezas que quedan por resolver sobre el caso Gürtel sí atañen a los que fueran altos cargos del PPCV en el Consell, con lo que la propia marca del caso ya viene casi tatuada en el mapa de la Comunitat y, por tanto, las previsiones para la dirección regional, poco halagüeñas.

El colofón a esta semana negra para la formación popular especialmente en tierras valencianas, no por ser conocido resultó menos desagradable. La expresidenta de Les Corts y exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez entraba este mismo jueves en el centro penitenciario de Alicante II, en Villena, para cumplir los 9 años de condena a prisión impuestos en la pieza del caso Gürtel relativa al pabellón valenciano en Fitur.

Lo que se viene encima

El problema para el PP es que el escenario no apunta a mejorar. La lista de cargos populares que pasarán por el juzgado o que están a la espera de sentencia es larga, demasiado larga para las expectativas electorales de Isabel Bonig y para el Gobierno de Mariano Rajoy. 

Los primeros que probablemente recibirán el varapalo judicial son los valencianos. Ni más ni menos que Ricardo Costa, el que fuera número dos del PPCV; su vicepresidente Vicente Rambla; la mano derecha de Costa David Serra, o la exgerente del PPCV Cristina Ibáñez.

Todos ellos temen ser condenados a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y los siete y medio tras la Traviata cantada por Costa y los cabecillas de la Gürtel. Su sentencia se espera para finales de mes o principios de junio.

Quien ya se encuentra en prisión, pero al que le espera otro juicio en el que le piden 16 años de cárcel es el exconseller Rafael Blasco, condenado por el caso Cooperación y que será juzgado por otras dos piezas de esta causa. 

El siguiente en la lista de ilustres presuntos delincuentes es el que fuera número 2 de Rita Barberá, Alfonso Grau, que tiene dos causas pendientes. Por la primera tendrá que responder a una petición de 6 años de cárcel por cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía sostiene que recibió varios relojes de alta gama como regalo de un empresario, relojes que después cambiaba por otros más caros en una conocida joyería valenciana pagando la diferencia para así blanquear dinero B. Además, tiene pendiente de la pieza del pitufeo en el conocido como caso Taula.

Este año se espera que esa pieza del también denominado caso Imelsa llegue a juicio. En esta pieza se investiga por un lado el posible blanqueo de 50.000 euros en el seno del grupo municipal para la campaña del 2015 y, por otro, el  presunto 'dopaje' electoral sistemático del PP de Rita Barberá al menos desde el año 2007.

En otras piezas del caso Imelsa está imputada, además, la cúpula de la Diputación de València en los últimos años del PP, empezando por el expresidente de la Diputación de València y del PP provincial Alfonso Rus.

Además de todos los anteriores, hay que recordar que el expresidente de Les Corts actualmente investigado en la Operación Erial, Juan Cotino, se enfrenta a 11 años de prisión por su presunta implicación en la causa que se juzgará en la Audiencia Nacional relativa a la visita del Papa. Junto a Cotino, se sentará en el banquillo el ex director general de RTVV Pedro García.

Y como guinda del pastel: Francisco Camps. El expresidente está investigado en dos piezas del caso Valmor, una de ellas declarada secreta. La Fórmula 1 fue su megaproyecto y es el que amenaza con hundirle. Todavía está en instrucción.

Varios procesos en Alicante

Un mundo aparte supone la corrupción alicantina. Varios juicios están al caer. El proceso por la supuesta trama de corrupción política y empresarial relativa al contrato para la recogida y tratamiento de basuras en Orihuela, origen del llamado caso Brugal, se iniciará en febrero de 2019. Hay 34 acusados, entre ellos los exalcaldes oriolanos José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP, y siete exediles de la corporación.

En otra pieza de Brugal que se juzgará en 2019 figura entre los imputados el exvicepresidente del Conell en la época de Zaplana José Joaquón Ripoll.

Y ahora mismo se está juzgando al exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y otras tres personas por delitos de fraude a la Hacienda Pública y cohecho impropio.