Domingo Parra. Foto: EFE/Fernando VillarVALÈNCIA. La Audiencia Nacional ha suspendido la vista contra el ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y otros dos antiguos directivos por presunta administración desleal en operaciones con la empresa de piscifactoría Maremar que presuntamente causaron un perjuicio a la entidad de más de 29 millones de euros.
Según han informado fuentes jurídicas, el Juzgado Central de lo Penal no celebrará la sesión del próximo jueves, cuando estaba programado el comienzo del juicio en el que Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel para Parra, y tres para el exdirector de auditoría interna Carlos Zafrilla y el exresponsable de participadas Celestino Aznar.
Inicialmente la causa también estuvo dirigida contra el que fuera ministro del Interior entre 1993 y 1994, Antonio Asunción, fallecido en 2016, y su exsocio Társilo Piles, propietarios de Maremar, por presunta administración fraudulenta y apropiación indebida.
Según la Fiscalía, Asunción y Piles, exconcejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Valencia y presidente de la Fundación del Valencia CF entre 2009 y 2013, pretendieron expandir los negocios que detentaban a través de varias sociedades, mediante la participación del Banco de Valencia.
Con el objetivo de inyectar fondos en la nueva empresa de explotación de peces que se iba a constituir, los exdirectivos acusados dieron los pasos necesarios para entrar "a todo trance" en el accionariado, obviando la pertinente valoración de activos y ofreciendo al consejo de administración una información sesgada.
Anticorrupción sostiene que en la valoración de Maremar se hicieron unas "previsiones desorbitadas" de ventas para los cuatro años siguientes, con un incremento exponencial de hasta más del séxtuplo de las correspondientes a 2006.
Situación de la que -apunta- eran conscientes los acusados desde el primer momento, pese a lo cual optaron "arbitrariamente, sin apoyatura ni criterio económico lógico alguno y con perjuicio muy previsible para el banco, por aumentar el porcentaje de participación hasta el 68 %" desde el 20 % inicial.
La entidad valenciana fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.
El pasado 31 de enero concluyó el juicio por presunta administración desleal en la concesión de préstamos a una sociedad afín a Parra, en la que el ex consejero delegado reconoció su responsabilidad y abonó 330.000 euros para reparar parcialmente el daño.
Semanas antes, la sección primera de la sala de lo Penal había dejado visto para sentencia el proceso contra él y varios empresarios valencianos, entre ellos Juan Bautista Soler, por tres macrooperaciones urbanísticas que habrían generado un daño de 160,5 millones de euros.
