Suspendida la implantación del nuevo sistema informático en juzgados de Valencia, Alicante y TSJ

VALÈNCIA (EP). La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha anunciado este miércoles que se va a suspender provisionalmente el proceso de implantación de la versión 19 del sistema informático Cicerone en los partidos judiciales de Valencia, Alicante y en el TSJCV hasta que se  hayan evaluado técnicamente todos los problemas generados en los juzgados valencianos y haya "unas garantías suficientes para proseguir con normalidad su implantación", ya que, según ha estimado, suponen el 40 por ciento del tráfico de actividad judicial en la Comunitat.

Con esta decisión, ha remarcado Bravo, "pretendemos evaluar la evolución de las modificaciones introducidas en el sistema de gestión procesal, detectar los problemas o disfunciones que presenten esas nuevas versiones y determinar en qué medida los posteriores ajustes pueden solucionar o paliar los problemas que ocasionan en los usuarios".

Para ello, ha avanzado que se ha constituido una Comisión para la Evaluación de la Estabilidad del sistema de gestión procesal Cicerone que deberá determinar su grado de eficacia en los 34 partidos judiciales donde se ha instalado la versión 19 mediante el análisis de las respuestas a un cuestionario que el secretario de gobierno y los secretarios coordinadores provinciales harán llegar a los letrados de la administración de Justicia de todos los partidos judiciales en los que está instalada.

Bravo se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en las Corts para informar sobre la modernización tecnológica y la gestión procesal en la administración de justicia, a petición propia, en donde ha indicado, además, que en aquellos partidos judiciales en los que ha habido un impacto más negativo en la implantación de la versión actualizada de Cicerone serán objeto de análisis y evaluación in situ por personal técnico de la Dirección General de Nuevas Tecnologías.

En su intervención, Bravo ha admitido ser conocedora de la "preocupación" que hay en la administración judicial por los problemas que está generando en los juzgados la implantación del nuevo sistema informático que puso en marcha el ministro Rafael Catalá a través de la ley de Enjuiciamiento Criminal, pero que ya había comenzado con la promulgación de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de Justicia, que obligaba a las administraciones a la implantación de la  tramitación electrónica de los procedimientos  judiciales antes de julio de 2016.

El Consell del PP "no hizo los deberes"

Sin embargo, ha criticado que el anterior Consell "no hizo los deberes a tiempo" y mientras "otras comunidades comenzaron a trabajar desde el primer momento", el ejecutivo valenciano del PP "tenía otras prioridades, entre las que no estaban, precisamente la agilización y modernización de la Justicia".

Esta situación, ha expuesto la consellera, ha sido la causa "de la precariedad de medios y el retraso tecnológico que en el año 2015 situaron a esta Comunitat en la cola, a mucha distancia del resto de las comunidades autónomas" y el motivo de la "emergencia informática" que encontró cuando tomo posesión de su cargo y que ha detallado que era de "un parque informático arcaico, sistemas de gestión obsoletos, equipos insuficientes y sistemas operativos incompatibles que impedían la comunicación con cualquier otra institución", entre otros problemas.

Además, ha criticado que el Cicerone es un "sistema con más de 16 años de antigüedad, con una arquitectura arcaica que no está adecuada para la incorporación de los nuevos avances en materia de intercomunicación telemática", pero que, a pesar de ello, "en 2014 alguien del anterior Consell decidió que aquel entrañable Seat 600 podía ser tuneado para afrontar el mayor reto modernizador al que la administración de justicia se ha enfrentado en los últimos tiempos".

"Ese alguien no sólo tomó la decisión equivocada, sino que comprometió todo el proceso posterior", ha puntualizado para explicar que la licitación del contrato de actualización de Cicerone, adjudicado a la empresa Indra, por 3,2 millones, "un año después estaba aún sin firmar", por lo que su departamento se vio en la obligación de rubricar.

Mirar hacia el futuro

Bravo ha defendido la necesidad de incorporar las tecnologías de la información a la administración judicial, pero ha admitido que "un 600, por muy tuneado que esté, circula con dificultades por las modernas autopistas de la comunicación". "Es necesario mirar al futuro y por ello hemos iniciado el proceso de estudio y evaluación de otros sistemas de gestión procesal modernos y preparados tecnológicamente que funcionan sin problemas en otras CCAA, para  optar por la mejor solución para esta Comunitat porque no creo que la solución pase por diseñar un sistema ex novo".

Para ello, ha avanzado que se han abierto vías de contacto permanente con los responsables técnicos del resto de las comunidades autónomas con competencia en materia de Justicia y con el Ministerio de Justicia. "No queremos hipotecar otra vez a la justicia valenciana", ha subrayado.

Críticas del PP

Desde el PP, la diputada María José Ferrer ha afeado a la consellera que no hubiera prestado "mayor atención" a las críticas y advertencias que los magistrados estaban haciendo a la nueva versión del Cicerone y ha señalado que al Consell le importa "poco o cero" la Justicia ya que se ha preguntado que si esta situación de "caos" se estuviera produciendo en la Sanidad "el Consell hubiera tomado medidas". "Pero claro la culpa siempre es de otros", le ha espetado Ferrer.

Desde Podemos, Fabiola Meco ha lamentado que la Justicia es la "gran olvidada" porque "nadie la ha protegido ni defendido" ni "dotado de medios", a pesar de que la sociedad vive en tiempos "de emergencia democrática e informática en juzgados". "Tenemos que reaccionar", ha subrayado Meco.

Antonio Subiela, de Cs, ha admitido que la situación que Justicia heredó no era la adecuada porque había "un funcionamiento anacrónico, ordenadores que se bloqueaban con solo mirarlos y programas que provocan errores", pero ha recordado a Bravo que lleva dos años al frente de este departamento y "no ha cambiado nada". "Después de dos años la responsabilidad ahora ya es suya", ha subrayado.

Por otro lado, el diputado de Compromís Francisco García ha indicado que ahora el Consell "no tunea la realidad" y afronta los problemas que dejó el Gobierno del PP de Francisco Camps que "no invirtió como tocaba, sino que se Dedicaba a montar saraos, dar paseos en Ferrari y a doparse electoralmente", mientras que Rosa Peris del PSPV ha comentado que el anuncio de Catalá del implantación de la reforma de modernización de la administración de justicia fue un "propagandístico con el objetivo de tapar una pésima legislatura".

"Estamos en una situación de emergencia tecnológica, esto es parque jurásico y han preferido tunar el 600, pero el sistema no da mas de sí", ha lamentado.