VALÈNCIA. La juez de refuerzo de la magistrada instructora del caso Erial Isabel Rodríguez, que investiga las presuntas mordidas de once millones de euros recibidas por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, a raíz del supuesto amaño de dos concursos públicos, el de las ITV y el del Plan Eólico, ha suspendido las declaraciones previstas para este mes de abril debido al estado de alarma, entre ellas la de Eduardo Zaplana.
En un auto, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, se informa a las partes que, las declaraciones se señalaron para recibir declaración en calidad de investigados a varios de los imputados, pero que “debido al Estado de Alarma y acuerdo de confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, deben suspenderse todas ellas, quedando los autos a la espera de un nuevo señalamiento”.
Las personas que debían declarar, pero que por el momento no lo harán son los presuntos testaferros del expresidente Joaquín Barceló, Francisco Grau y Felisa Gómez, el exjefe de gabinete Juan Francisco García; los sobrinos del exdirector general de la Policía Juan Cotino y dueños de Sedesa, Vicente Cotino y José Cotino. Y como guinda del pastel, también suspende la declaración más esperada, la del princípialas imputado, el expresidente Zaplana.
Respecto de Zaplana, tal como adelantó este periódico, el expresidente no está acudiendo a su cita para firmar en el juzgado cada 15 días. Zaplana envió un escrito al juzgado haciendo referencia al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que exime de la firma, salvo circunstancias excepcionales, así como al estado de salud del Molt Honoratble, que sufre una enfermedad que le hace ser persona de riesgo frente al coronavirus.
La juez, por su parte, contesta al escrito diciendo: “En la actualidad, y aunque persisten los motivos que dieron lugar a adoptar esta medida cautelar de comparecer apud acta ante este Juzgado, sin embargo la Comisión Permanente del Consejo General del poder Judicial ha dispuesto la suspensión generalizada de estas medidas cautelares ante el Decreto del Estado de Alarma y el acuerdo de confinamiento de los ciudadanos en sus domicilios, pudiendo mantenerse tan solo estas medidas si concurren circunstancias excepcionales que justifiquen la necesidad de mantener las medidas como el riesgo de ocultación o de fuga, supuesto que no concurre en este acto”.
En el caso Erial se investiga el presunto amaño de la adjudicación de los contratos de las ITV y del Plan Eólico en la Comunitat, y el posterior pago de comisiones, entre otros, al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana.
Entre los imputados se encuentran, además de Zaplana, el exconseller Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente Cotino; los supuestos testaferros del expresidente Joaquín Barceló y Francisco Grau; el presidente de la mesa de contratación que adjudicó las ITV y jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, o la mujer y una de las hijas de Zaplana.
Los investigados están acusados de los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Ahora, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), y los instructores, centran sus esfuerzos actuales en las cuentas abiertas por la trama en Andorra, donde se llegó a mover cerca de nueve millones de euros. De esos nueve millones, hay cerca de cinco millones ‘fantasma’, cuya procedencia, pero sobre todo destino, se desconoce, ya que mayoritariamente fueron ingresos y extracciones en efectivo.
De hecho, esa nueva línea ha reconducido el esfuerzo indagatorio hasta tal punto que ha llevado a los investigadores directos a la sentencia del caso Terra Mítica donde consta que, varios de los condenados, abrieron cuentas bancarias en el BPA de Andorra, el mismo banco donde uno de los principales testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló, abrió dos cuentas.
Juan Francisco García y los sobrinos del exdirector general de la Policía otorgan un papel protagonista en la operación al que también fuera conseller de la Generalitat; Olivas dice que cobró por mediar en una operación de venta, pero no por manipular la concesión de los parques eólicos
