VALÈNCIA. La Conselleria de Hacienda apercibió esta misma semana a los responsables de À Punt por no haber convocado todavía la Oferta de Empleo Público (OPE) correspondiente los 500 puestos de trabajo que tiene la Corporació y la Societat. Una advertencia sobre la que el presidente del ente, Enrique Soriano, informó a los miembros del Consejo Rector este viernes por la inquietud generada entre los consejeros. Además, garantizó que no se rebasaría el plazo legalmente establecido para ello.
No en vano, si lo hiciera, la nueva radiotelevisión valenciana podría enfrentarse al pago de numerosas indemnizaciones a sus actuales empleados. Esto es porque en septiembre de 2017 comenzaron las primeras contrataciones de la bolsa temporal de trabajo para poder poner en marcha el servicio público. Desde entonces, la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) tenía un plazo de tres años para sacar a concurso las plazas de la RPT de 500 trabajadores diseñada por la directora general de À Punt, Empar Marco.
Sin embargo, dos años después todavía se desconoce cuándo se convocará esa OPE. Ante este escenario, si el concurso se retrasara en exceso, cualquier empleado que hubiera trabajado más de un trienio en la televisión valenciana y fuese despedido en el momento en que se ocupase la plaza tras el concurso, podría reclamar que se le indemnizara por los días de más que ha estado trabajando en À Punt. "En ningún caso podrían consolidar la plaza si demandaran a la empresa", aseguran fuentes consultadas por este diario.
Por ejemplo, si un empleado actual trabajase tres años y tres meses en la CVMC hasta que se cubriera su plaza con el concurso oposición, podría reclamar una indemnización por esos tres meses "extra", según fuentes del comité de empresa. En ese caso, el convenio fija que la compensación correspondería a 20 días por año trabajado. Una coyuntura que no implicaría grandes sumas de dinero -de hecho, las plazas de la bolsa se han ido cubriendo de forma escalonada y no todas lo hicieron en septiembre de 2017-, pero que en cualquier caso a À Punt le convendría evitar para no verse inmerso de nuevo en más procesos judiciales ni tampoco afrontar pagos que podrían haberse evitado.
En este punto, cabe recordar que el departamento de Sector Público del Ejecutivo valenciano ya pidió a los responsables de À Punt a finales de 2018 que se pusieran manos a la obra para diseñar las bases de la convocatoria pública. No obstante, el ente público solicitó primero que la Conselleria Hacienda diera luz verde a la RPT antes de iniciar cualquier trámite. Un requisito que en julio de 2019 se cumplió, por lo que esta misma semana se les apremió para que sacaran la Oferta Pública de Empleo.
Una de las consideraciones que Sector Público realizó a la propuesta de RPT de À Punt, aludía al requisito de que para acceder a los puestos de la Societat Anónima de Mitjans de Comunicació (SAMC) se necesitara acreditar cinco años de experiencia como periodista. Un plazo que consideraron desmesurado.
Otra de las cuestiones que el Consejo Rector de la CVMC abordó en la reunión de este viernes fue la convocatoria del concurso para la dirección general de À Punt.
En concreto, los consejeros constituyeron la comisión que debe diseñar las bases de este nuevo concurso. El mandato de Marco finaliza el próximo 8 de marzo y, a priori, no existe previsión de que renueve en el cargo.
A lo largo de su mandato, Costa lo apostó todo por la audiencia, pero sin un respaldo presupuestario ni burocrático, no ha habido modelo que asentar sino situaciones que amortiguar