Foto: ÓSCAR DEL POZO/EPVALÈNCIA (EP). El presidente Pedro Sánchez y otros cuatro miembros del Gobierno, los tres ministros del PSOE que conservan el escaño y uno de los de Unidas Podemos, siguen cobrando desde el inicio de la legislatura la indemnización mensual a la que tienen derecho los diputados para cubrir los gastos "indispensables para el cumplimiento de su función" parlamentaria.
Conforme a la ley, que prohíbe cobrar dos sueldos públicos, ningún miembro del Ejecutivo con acta de diputado cobra la asignación constitucional de 3.050,62 euros que perciben mensualmente sus señorías, ya que todos ellos perciben la retribución que les corresponde como presidente, ministros o secretarios de Estado.
Pero cinco de ellos --cuatro socialistas y uno de Unidas Podemos-- sí compaginan su sueldo de miembro del Gobierno con la indemnización que abona el Congreso para cubrir gastos de su labor parlamentaria, según los datos recabados por Europa Press del Portal de Transparencia de la Cámara Baja.
Se trata de una ayuda que no está sujeta a tributación y que los diputados cobran junto con su asignación constitucional (sueldo), es decir, en catorce mensualidades al año. Su cuantía es de 935,37 euros al mes para el caso de los diputados elegidos por Madrid, que se supone que tienen menos gastos porque no tienen costes en alojamiento, y de 1.959,62 euros para los del resto de circunscripciones.
Eso supone que Pedro Sánchez y la vicepresidenta Carmen Calvo, diputados por Madrid, están percibiendo al año 13.095,18 euros del Congreso, además de su sueldo de Moncloa, una cuantía que se eleva a los 27.434,68 euros anuales en el caso de la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, diputada por Sevilla, y del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, electo por Valencia.
El resto de ministros y secretarios de Estado del PSOE que concurrieron a las últimas elecciones generales dejaron su escaño al inicio de la legislatura conforme a las directrices de Ferraz y Moncloa, por lo que ya no cobran nada del Congreso.
En el caso de Unidas Podemos, en cambio, la decisión que se adoptó es que todos sus miembros del Gobierno mantuvieran el escaño del Congreso, salvo Pablo Iglesias, que dimitió el pasado mes de marzo para competir en las elecciones autonómicas de Madrid.
Así, actualmente hay cuatro personas que compaginan asiento en el Consejo de Ministros con escaño en el grupo parlamentario confederal: la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el titular de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón.
También forman parte del Gobierno otros dos diputados de Unidas Podemos, en su caso como secretarios de Estado: la de Igualdad, Noelia Vera; y el de Agenda 2030, Enrique Santiago, secretario general del PCE.
Cuando fue nombrado en el Gobierno el pasado mes de marzo, Santiago anunció que continuaría en la Cámara como portavoz de Izquierda Unida, renunciando tanto a su sueldo de diputado, como también a la indemnización que venía cobrando como electo por Madrid.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, al inicio de la legislatura comunicaron su renuncia a la indemnización cinco diputados de Unidas Podemos (incluido el entonces vicepresidente y líder de Podemos), a los que luego se sumó Santiago, con lo que se deduce que hay uno de los actuales miembros de Unidas Podemos en el Gobierno que sí continúa recibiendo ese dinero del Congreso, aunque la Cámara no facilita nombres por su deber de protección de datos personales.
Del resto de parlamentarios, sólo una persona, el diputado por Guipúzcoa y responsable de Transparencia de la Ejecutiva Federal del PSOE, Odón Elorza, ha renunciado esta legislatura a su indemnización por los gastos que genera su actividad parlamentaria, pero sólo en una mensualidad.
Lo hizo puntualmente en abril de 2020 cuando, por el confinamiento decretado con motivo de la pandemia del coronavirus, el Congreso redujo al mínimo su actividad parlamentaria. Viendo que no iba a desplazarse a Madrid, se dirigió por carta a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, para renunciar a los 1.921,20 euros que le correspondían entonces. Lo había intentado también en marzo, tras decretarse el estado de alarma el día 14, pero no llegó a tiempo.
