Foto: EFE/BallesterosBARCELONA (EP). La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha defendido durante su declaración como testigo en el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña la actuación policial durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y ha culpado al gobierno de Carles Puigdemont de haber propiciado las situaciones violentas que tuvieron lugar ese día por haber llamado "masivamente a la gente a votar" para que actuasen como "murallas humanas".
La 'número dos' del Gobierno de Mariano Rajoy ha sido la tercera persona en declarar como testigo en esta vista oral. Su declaración ha durado dos horas, retrasando así al resto de las testificales previstas para este miércoles, como la del expresidente del Gobierno y la del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Parte del interrogatorio se ha centrado en el 1-O, ya que algunas de las defensas han insistido en conocer si el Gobierno formó parte del diseño del operativo policial o si tuvo conocimiento de este plan, como ha sido el caso de los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y, en especial, la defensa de Joaquim Forn. En todo momento, la exvicepresidenta del Gobierno ha afirmado que el Gobierno no puede participar en este tipo de decisiones y que durante la jornada de votación iban recibiendo la información de la Delegación de Gobierno y del Ministerio del Interior.
Asimismo, ha subrayado la "profesionalidad" de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que, según ha dicho, estaban intentando dar cumplimiento al mandato judicial de impedir el referéndum. En este sentido, ha añadido que aunque "se producen imágenes que a ninguno nos gusta ver" la actuación policial "evitó unas circunstancias mucho más graves" con el fin de "mantener el orden público".
El abogado del exconsejero del Interior Joaquim Forn, Javier Melero, ha centrado parte de su interrogatorio en este punto y ha hecho varias preguntas sobre si el hecho de que el Ministerio del Interior mandase 6.000 agentes de la Policía y Guardia Civil era para "apoyar" o "sustituir" a los Mossos d'Esquadra. Sáenz de Santamaría se ha limitado a contestar que era para "cumplir un mandato judicial", respuesta que ha llevado al letrado a pedir al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que advirtiera sobre la responsabilidad de un "testigo renuente" al considerar que no estaba contestando a sus preguntas.
Tras reiterar que el Gobierno no participa en el diseño de un operativo policial, finalmente ha dicho que la "obligación" es "estar informado pero también ser respetuoso con las decisiones de los jueces". Es más, la exvicepresidenta del Gobierno ha afirmado que "si no se hubiese llamado masivamente a la gente a votar" durante el referéndum del 1 de octubre de 2017 para que actuaran "como murallas humanas", no se habrían producido "algunas imágenes" de la "actuación policial", la que ha rechazado denominar como "cargas policiales".
En el turno de preguntas de la defensa del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el exconsejero Jordi Turull, el abogado Jordi Pina ha mostrado dudas sobre una parte de la declaración de la testigo sobre la posible decisión "con mucha anterioridad" del atraque del buque en septiembre de 2017 tras los incidentes en la Consejería de Economía para alojar a los agentes policiales ante la contradicción de fechas. Sáenz de Santamaría ha apostillado que se trataba de una cuestión de "tener previstos todos los escenarios" ante la "preocupación" del cambio de gobierno que había tenido lugar en julio de ese año y, sobre todo en la Consejería de Interior, de quien depende los Mossos.
Las preguntas que formulaban las defensas han sido interrumpidas en varias ocasiones por Marchena, para declarar impertinentes las mismas. El magistrado ha recordado constantemente que este no es trámite ni el momento para vertir opiniones ni que los testigos expresen reflexiones jurídicas.
Una de las preguntas que ha sido retirada ha sido la que ha hecho el letrado Jordi Pina cuando ha preguntado si la exvicepresidenta "ha visto manifestaciones muy masivas de ciudadanos de Cataluña que piden la independencia". También la formulada por el abogado Francesc Homs sobre "cómo podría explicar a la sala que con toda la inteligencia del Estado español, no se encontrara ni una sola urna?".
Durante toda su intervención, a preguntas de las distintas partes, Sáenz de Santamaría ha a querido dejar claro que lo que no se puede hacer es "incumplir las decisiones judiciales" ni "generar episodios violentos en los que se conculque el orden constitucional".
En esta línea, Sáenz de Santamaría ha afirmado que España es una "democracia consolidada" y que el Ejecutivo no podría entrar a negociar un referéndum porque se trata de una decisión que reside en la "soberanía nacional". "No se puede hablar de aquello que no se tiene capacidad de disponer, eso es hablar en balde", ha añadido.
Por ello, ha avisado de que el cauce legal para convocar un referéndum sería reformar la Carta Magna y ha responsabilizado de esta situación a los líderes independentista: "Los que no valoraron que había que ir por una modificación de la Constitución están sentados en el banquillo", ha dicho contundentemente.
El primer abogado en preguntar han sido el de la acusación popular ejercida por VOX, Javier Ortega Smith -secretario general del partido de Santiago Abascal-, que ha querido profundizar en las distintas reuniones mantenidas con la Generalitat de Cataluña. Sáenz de Santamaría ha relatado que se reunió con el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en tres ocasiones y que en ninguna de ellas accedió a abordar la posibilidad de celebrar un referéndum de autodeterminación porque "no es asunto de ningún gobierno", ya que la unidad de España recae en la soberanía nacional.
A la pregunta de si se planteó en algún momento aplicar el artículo 116 de la Constitución que regula los estados de sitio, alarma y alerta, aparte del 155, Sáenz de Santamaría ha explicado que éste último era "la medida más acorde" a la situación y que el 116 puede comportar la "suspensión de derechos fundamentales". "Era más oportuno actuar contra quienes habían incumplido gravemente la Constitución", ha remarcado.
