Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ya promueve una empresa pública sanitaria para revertir las concesiones. Así lo refleja una resolución firmada por la consellera Ana Barceló, en la que se acuerda iniciar la elaboración de un proyecto de decreto ley que autorice la creación de esta sociedad. Este martes, Valencia Plaza desvelaba el propósito de la Conselleria de Hacienda de crear una empresa mercantil para encajar la subrogación del personal de las resonancias y de los hospitales de concesión tras las complejidades generadas en la reversión del departamento de salud de La Ribera. Sin embargo, lo que parecía una declaración de intenciones resulta estar en un proceso más avanzado.
Esta resolución, firmada el 20 de diciembre, impulsa de forma urgente la creación de la 'Sociedad valenciana para la gestión de servicios sanitarios' con el fin de canalizar todo el personal que a la Conselleria de Sanidad se le viene encima con la reversión de las concesiones. Para justificar esta decisión, como ya señalaba este diario, el documento expone la mala experiencia que ha supuesto el proceso de devolver a la gestión pública un departamento sanitario entero inyectando directamente en la Generalitat a 1.400 trabajadores laborales como personal a extinguir.
Aunque no especifica casos concretos, sí se apunta a la necesidad de tramitar la creación de esta sociedad con carácter de urgencia "dado que en próximas fechas y de modo sucesivo finalizan contratos que tienen por objeto la gestión de servicios públicos por concesión relativos a la asistencia sanitaria en diferentes zonas, debiendo disponer de un ente instrumental con capacidad para asumir la gestión de los servicios sanitarios".
Una sociedad, según se sobreentiende de lo expuesto en la resolución, en la que se irían incorporando todos los trabajadores de las diferentes concesiones conforme se fueran sucediendo las reversiones: Torrevieja en 2021, Dénia -si no se anticipa- y Manises en 2024 y Elche en 2025. También tendría cabida la incorporación de otro personal a subrogar como el de las resonancias, al hablar de asumir servicios de "fórmulas contractuales recogidas en la normativa en materia de contratación pública".
El grueso de esta decisión, tal y como se señala en el documento, se debe a la dualidad de regímenes jurídicos generados en la reversión del Hospital de Alzira, donde el personal estatutario y laboral mantienen diferentes condiciones de trabajo. "La coexistencia de ambas categorías supone una situación irregular e impropia para la administración sanitaria puesto que implica gestionar recursos humanos en régimen estatutario y simultáneamente recursos humanos en régimen laboral", señala el documento.
De hecho, se concretan los diferentes motivos por los que se opta por la solución, entre ellos la diferencia de los principios que inspiran estos derechos, los diferentes ámbitos de la resolución de conflictos -la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción social-, los agravios comparativos en las condiciones de trabajos y la duplicidad de órganos de representación y de negociación.
"La ausencia de una regulación estatal que precise el estatuto jurídico del personal que deba subrogarse propicia la generación de distintos conflictos jurídicos de ese personal con las administraciones públicas, siendo controvertida la figura de ese personal a subrogar, tanto a nivel doctrinal como a nivel judicial", se insiste en el documento. A día de hoy, en el departamento de La Ribera conviven regímenes laborales dispares, con diferentes horarios, condiciones de trabajo e incumplimientos de convenio que han llegado incluso a provocar paros por las situaciones de desigualdad laboral.
No obstante, cabe recordar que la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana sí recoge el procedimiento para los casos de subrogación de personal tras asumir un servicio prestado por una empresa privada con sucesión de empresas. Como ya ocurrió en Alzira, se trata de mantener a los empleados en sus puestos de trabajo como personal a extinguir con sus condiciones de personal laboral.
Desde los sindicatos son diversas las posiciones sobre la idoneidad de crear una empresa mercantil para poder canalizar la reversión de las concesiones. Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, apunta dudas respecto a esta fórmula al entender que podría permitir, en un futuro, una nueva privatización del servicio además de entender que perjudica al personal estatutario, quien en principio no podría moverse a esos departamentos. "No deja de parecernos contradictorio la integración de los consorcios sanitarios y que ahora hablen de empresa pública", señala.
Atiénzar insiste la necesidad de negociar estas iniciativas en diálogo social o en una comisión que fue creada con los sindicatos para tratar los procesos de reversiones, pero que nunca se ha convocado. "No puede ser una decisión unilateral de la administración, pedimos transparencia y diálogo", señala e insiste en la necesidad de realizar una regulación de los procesos de reversión. "Si el modelo de La Ribera está generando conflicto hay que abrir un debate", apunta. "No se está haciendo una adecuada gestión y su hay tensiones es en parte culpa del actual equipo de dirección".
Mientras, Luis Lozano, secretario general de su Federación de Servicios Públicos (FeSP-UGT), asegura que sí apuestan por este modelo. "Nosotros ya dijimos que la mejor solución era empresa pública y fundación. Una empresa pública que permitiría a los trabajadores seguir negociando su convenio y teniendo las máximas posibilidades que otorga a los trabajadores tanto el estatuto como la negociación colectiva", señala. "El personal a extinguir nunca nos ha gustado porque paraliza al personal en su puesto de trabajo y, por ejemplo, el convenio de La Ribera lleva más de un año negociándose".
Desde CSIF señalan la imposibilidad de valorar la cuestión al no tener información al respecto pero reconocen que la experiencia hasta ahora no ha sido positiva con la Ribera debido al incremento de las listas de espera y a la precariedad laboral. "CSIF pone tres líneas rojas a cualquier iniciativa que desarrolle conselleria a este respecto: que garantice los puestos de trabajo, que no provoque una merma de la calidad asistencial sino que la mejore y que no suponga un incremento del coste para la ciudadanía", insisten.
En el caso de Dénia, los sindicatos ya se mostraron en contra de este modelo al entender que una empresa pública "no da garantías de continuidad ante un cambio político", según señalaban fuentes del comité de empresa de la gestora del hospital. "Sería demasiado fácil volver de nuevo a la gestión privada", insistían en una concentración con la que reivindicaban que su reversión fuera igual que la del personal de La Ribera.
