Ana Barceló, consellera de Sanidad. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ha vuelto a poner sobre la mesa la retribución de las guardias en el área de Salud Pública. Después de intentar en varias ocasiones regularlo e incluso aprobar un decreto, ahora ha decidido incluirlo en el proyecto de Ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2021, más conocida como Ley de Acompañamiento.
Así lo recoge el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde se saca a información pública la disposición adicional 'Funcionamiento del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida de la Comunitat Valenciana' fuera de la jornada ordinaria, en el marco de la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana.
Cabe recordar que en 2018, los funcionarios de Salud Pública ya se movilizaron por las retribuciones establecidas para sus guardias en el proyecto de Decreto de Alertas de Salud Pública y que tenía como objetivo establecer qué funcionarios de gestión sanitaria de Salud Pública deben movilizarse en caso de una emergencia y cómo se tienen que organizar.
En éste se establecían las retribuciones que debían cobrar estos profesionales por las guardias localizadas y que les obliga e estar disponible y a encontrarse en un radio determinado por si fuera necesario. Un proyecto que fue presentado en Mesa Sectorial pero que algunos sindicatos no lo apoyaron por el bajo precio al que se pagaba la hora.
Ahora, la disposición integrará en el sistema retributivo de aplicación al personal funcionario gestionado por Conselleria de Sanidad el concepto de guardia, que se integrará en la Ley de Función Pública. Sin embargo, según explican desde el área sindical, su desarrollo tendrá que negociarse en la Mesa sectorial para establecer cuál será la retribución.
La Conselleria de Sanidad también ha sacado una consulta pública para derogar los Capítulos I, II y III del Decreto-ley 2/2013 de Actuaciones Urgentes de Gestión y Eficiencia en Prestación Farmacéutica y Ortoprotésica para poder llevar a cabo la creación de un programa de optimización e integración terapéutica. Unos artículos que dificultan la creación del programa, por lo que se ha decidido derogarlos y conseguir así una reorganización de la estructura más adecuada para la actual normativa, que también será incorporada a la Ley de Acompañamiento.
