La consellera Montón, en Alicante, este lunes. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, aseguraba este lunes que su departamento sigue trabajando "constantemente" para que en el tiempo que resta de legislatura, hasta 2019, se puede ejecutar la recuperación de la gestión del Hospital de Dénia, que ahora está en manos de Marina Salud.
Entre las opciones, se apunta a la compra de las acciones de Marina Salud a DKV, propietaria del 65%, debido a que la aseguradora quiere salir de la concesión. Sin embargo, existe un segundo actor, Ribera Salud, con el que el departamento de Montón tienen una tensión evidente y explícita debido a la reversión del Hospital de Alzira, del que se acaba el contrato en marzo de 2018.
Pero esta posibilidad choca con varias cláusulas del acuerdo de socios entre DKV y Ribera Salud, como son el derecho de arrastre y el derecho de tanteo.
El derecho de arrastre supone que si uno de los socios vende a un tercero, el otro tiene derecho a sumarse a esa venta al mismo precio, es decir, que Ribera Salud podría exigir a la Generalitat, en caso de adquisición de 65% en manos de DKV, que le comprase también su 35%. Esto supondría elevar más de un 50% el precio inicialmente calculado por la Generalitat para la toma de control de la concesionaria.
El derecho de tanteo, que Ribera Salud ha dicho que está dispuesta a ejercer, supone que la compañía que preside Alberto de Rosa tendría derecho, en caso de que DKV vendiera su 65% de Marina Salud a la Generalitat, a quedarse esa participación por el mismo precio.
No obstante, en este segundo caso Sanidad dice que no daría su autorización a la compraventa, que es preceptiva, mientras Ribera Salud sostiene que tendría que dársela porque cumple los requisitos legales. Esta discrepancia abocaría a las partes con mucha probabilidad a otro conflicto en los tribunales.
Con este escenario, no es extraño que Montón describiera este lunes las negociaciones como "complejas", al no haber finalización del contrato de la concesión privada, y en la que se barajan "varias fórmulas". Además, indicó que el contrato está en vigor" y "romper un contrato no es la voluntad del Consell". En su visita el recién abierto centro de salud del alicantino barrio de Benalúa insistía en que están trabajando "constantemente" para "conseguir la manera de esa reversión a lo público con anticipación a la finalización del contrato".
La consellera eludió concretar las variantes que se manejan en estas discusiones con el argumento de que "se necesita algo de confidencialidad", un argumento que ya utilizó hace meses. Además, ha lanzando la pelota a Hacienda, recordó que hay encargada una valoración del precio de la empresa, de las acciones, situaciones y bienes y que, una vez que ese informe sea trasladado a Sanidad, su departamento ofrecerá su visión para tratar de dar el próximo paso.
Sin embargo, más de 365 días después del anuncio no se ve una decisión en el corto plazo. "Necesitaremos años o meses largos para un trabajo muy complejo y muy de carrera de fondo", destacó. La titular de Sanidad ha remarcado, en ese sentido, que se estudian "otras vías" y espera que lleguen a "buen puerto" para cerrar "la manera de conseguir esa reversión a lo público" y anticiparse "a la finalización del contrato", que en el caso de Dénia se prolongará hasta 2024. De hecho, ha marcado el objetivo en 2019.
Además, pidió "un poco de tranquilidad y de paciencia" a los trabajadores de Marina Salud porque "desde luego, es el elemento más complejo de retornar a lo público, pero no lo descartamos". "Lo comprometió el president de la Generalitat, Ximo Puig. El objetivo es seguir trabajando para intentar que vuelva a lo público con todas las dificultades jurídicas que hay, con un contrato que excede esta legislatura", ha seguido y ha añadido que todo lo que se está haciendo "tiene mucho de seguridad jurídica, de mucho rigor".
