Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Conselleria de Sanidad ya ha puesto cifra a su deuda con el IVO generada por servicios a pacientes de las concesiones hasta el año 2016. Así lo desvela la Sindicatura de Comptes en su informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio 2018, donde revela un acuerdo extrajudicial firmado el 15 de abril de 2019 con la fundación liderada por el exconseller Manuel Llombart.
Por esta vía, que pretende liberar a la administración de los tribunales, se ha marcado el pago de 24,2 millones de euros por la prestación de estos servicios a los departamentos de La Ribera, Vinalopó, Torrevieja, Dénia y Manises entre los ejercicios 2012 y 2016. A esta deuda se suman los intereses de demora de 7,4 millones de euros, lo que arroja un total de 31,7 millones de euros a ingresar por la fundación.
Cabe recordar que la negociación de la exconsellera Carmen Montón con el IVO en la firma del nuevo concierto en 2017 ya puso sobre la mesa la premisa de que las concesiones debían de firmar sus propios contratos con el centro oncológico si querían derivar pacientes a éste. Ahora, la deuda hasta entonces ya está cerrada y, según lo acordado, 22,2 millones de euros se pagarán en 2019 y el 30% restante, 9,5 millones de euros, en marzo de 2020.
Otro de los atascos que se perpetúa en la Conselleria de Sanidad es el de las liquidaciones de las concesiones sanitarias. Y es que todavía hay 38 por cerrar. Por este motivo, el departamento de Ana Barceló ha echado mano de otro acuerdo extrajudicial para resolver el conflicto con Ribera Salud por el ya extinguido contrato de La Ribera. Una negociación que finalmente ha arrojado un importe de de 28,4 millones a favor de la empresa con las liquidaciones entre 2013 y 2015 y otras cuentas pendientes.
Y es que la Conselleria de Sanidad hizo un cálculo a favor de la Generalitat de 105,7 millones de euros que Ribera Salud estimaba en la mitad, motivo por el que la concesionaria acabó recurriendo esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Para concluir el conflicto judicial, el 18 de abril de 2019 ambas partes formalizaron un acuerdo transaccional en el que se cuantificaron las liquidaciones anteriores en 73,7 millones de euros a favor de la Generalitat que sumando el resto de cuestiones pendientes ha finalizado con un importe a favor de la compañía.
Sin embargo, la Sindicatura de Comptes no ve con buenos ojos estos acuerdos al considerar que no cumplen las premisas legales. Según señala en el informe, el acuerdo con Ribera Salud no se ha atenido a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 1/2015, que establece que no se podrá transigir judicial o extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública de la Generalitat, sino mediante decreto del Consell a propuesta de la Conselleria de Hacienda e informe de la Conselleria de Sanidad, previo dictamen en todo caso del Consell Jurídic Consultiu.
También recuerda que en el expediente no consta la fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada, incumpliéndose asimismo lo dispuesto en el artículo 97.1, que apunta a la fiscalización de la intervención. Tampoco la cumplió con los dos acuerdos transaccionales suscritos con la Fundación IVO, donde también se reconoce la deuda derivada de las prestaciones de asistencia oncológica integral realizadas en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2017.
Ante esta afirmación, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, señalaba este lunes que la Abogacía de la Generalitat emitió un informe en el que se avala esta fórmula al considerar que es "válida como medio de terminación de los procedimientos a los que se refiere". "Estos acuerdos transaccionales han supuesto un ahorro o han evitado reclamaciones por un importe conjunto de 13,4 millones de euros a favor de la Hacienda de la Generalitat", aseguraban desde la conselleria.
