Sanidad justificó la paralización del concurso de unidosis en la falta de base legal y de estructura

VALÈNCIA. Uno de los proyectos más importantes de la legislatura de la Conselleria de Sanidad, impulsado por la ex consellera Carmen Montón, sufría un duro revés el pasado mes de julio. El departamento, ahora liderado por Ana Barceló, decidía paralizar el concurso para la elaboración de dosis unitarias de medicamentos con el que se preveía la construcción de un gran centro logístico que dispensara fármacos a las residencias públicas y privadas.

El nuevo equipo consideró que, por el momento, la construcción de esta central no daba la seguridad de poder ofrecer el servicio con garantías a los 28.000 pacientes de los centros. Y es que la intención era que un único centro en la Comunitat Valenciana fuera el eje para hacer llegar los medicamentos a las residencias, que a día de hoy se dispensan desde la atención hospitalaria a las públicas y desde las oficinas de farmacia a las privadas. Lo hacía por falta de garantías tras los resultados de algunos informes, según señalaron desde la conselleria, pero no se acabaron de especificar los motivos. Ahora, Sanidad ha presentado el desestimiento de esta licitación, cuyo importe sumaba más de 50 millones. 

Entre los motivos de interés público alegados en el documento está la falta de la estructura farmacéutica prevista en el "cuestionado" artículo 27 de la Ley 21/2017, de 28 de diciembre. Se trata de la ley de Acompañamiento, en la que se apuntan a cuestiones clave para poner en marcha el sistema. Entre ellas, que los centros sociosanitarios que tengan 100 camas o más en régimen de asistidos dispondrán de un servicio de farmacia propio o que se determinarán reglamentariamente las condiciones para la coordinación entre las estructuras para la prestación farmacéutica en los centros sanitarios y sus requisitos de funcionamiento. Estas solo son solo dos cuestiones entre muchas otras directrices.

Un segundo punto de conflicto es que en la actualidad no existe ningún decreto o norma que detalle el desarrollo y organización del modelo de prestación farmacéutica sociosanitaria Resi-Equifar. Y es que actualmente el decreto se encontraba en trámite, pero no estaba aprobado. Tampoco los grupos de trabajo destinados a definir las actividades asistenciales, las integraciones y los requerimientos técnicos e informáticos para la puesta en marcha del programa se encontraban activos. 

La posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad

Otro de los argumentos de la conselleria para paralizar la licitación estaba en el recurso planteado por el Gobierno a la ley y que les llevó a negociar en la mesa de negociación bilateral. "En el caso de no alcanzarse un acuerdo podría desencadenar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el citado artículo", recoge el desestimiento. De hecho, llegar a un acuerdo podría suponer una modificación de la redacción y por lo tanto en su contenido. 

Además, como problema añadido, se alude a que la valoración de la oferta que contiene la documentación técnica se estaba retrasando "significativamente", lo que comprometía la ejecución del contrato en el año 2018, no teniendo respaldo normativo. El concurso ya estaba en fase de adjudicación tras la apertura de los sobres y solo había dos ofertas sobre la mesa, una para cada lote: la empresa italiana Santa Lucia Pharma APPS para el centro logístico con un presupuesto base de licitación de 37,2 millones de euros y la empresa gallega Severiano Servicio Móvil para realizar la logística con un presupuesto base de 1,9 millones.

Como ya venían avisando los Colegios de Farmacéuticos, Aerte y los sindicatos el modelo contaba con numerosas lagunas, tanto económicas como de concepto. Incluso desde el sector se propuso la puesta en marcha de un piloto inicial para ver si funcionaba la propuesta. El modelo planteaba una fórmula 100% automática desde que la medicación se introduce en el sistema. De esta manera, los medicamentos serían reenvasados en sistemas de unidosis en la planta robotizada. Así, cada residente tendría asignado un código a través del cual se procederí a la elaboración de su 'pack' individualizado de medicación semanal y que, tras se revisado, llegaría a la residencia y se cotejaría con el paciente a través de una pulsera. Una fórmula que, de momento, no se ha llevado a cabo en otros países.