Sanidad envía una inspección al Hospital de Alzira para ver si destruyen documentación

VALÈNCIA (EP). El consejero delegado de Ribera Salud, Alberto de Rosa, ha asegurado este jueves que con la decisión de la Conselleria de Sanidad de revertir la concesión del departamento de Alzira "estamos viviendo un 'Riberexit', porque esto es como el Brexit, donde hay muchas falsas promesas frente a las realidades de todos los días". Asimismo, ha denunciado que Sanidad ha enviado "hace pocas horas" una inspección a investigar "si estábamos destruyendo papeles o incinerando documentos".

"Me gustaría decir públicamente que aquí o alguien no está actuando de acuerdo a las normas habituales de la buena relación institucional o, sinceramente, iría mas allá y creo que alguien está intentando transmitir algún tipo de impresión a la sociedad que, desde luego, va mucho más allá de cualquier línea roja de la normal relación institucional", ha criticado el responsable de la concesionaria, quien ha advertido de que se verá que algunas de las "falsas promesas" se irán "incumpliendo una tras otra".

Alberto de Rosa se ha pronunciado en estos términos en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que explica que se recurrirá la decisión de la administración valenciana de no prorrogar al concesión porque la legislación europea dice "muy claramente que se tiene, siempre, que decir lo que aporta una decisión de esta naturaleza tan importante como es estatalizar, nacionalizar, un servicio que se está prestando con una calidad superior y un coste inferior de lo que se presta en el servicio público tradicional".

"Las cosas se tienen que justificar y se tiene que dar motivos por los que se defiende el interés público y nada de esto ha sucedido", ha manifestado, y ha criticado que antes de recibir las conclusiones e informes de la concesionaria, la Conselleria de Sanidad "ya comunica una decisión tomada".

"15 años prorrogables cinco más"

A su juicio, "todo aquí da la impresión de que hay una especie de apariencia de legalidad en una decisión que no tiene ni base en cuanto a lo que es el interés público de los ciudadanos ni en cuanto a lo que es bienestar de los ciudadanos ni los derechos de una empresa que tiene un contrato de 15 años prorrogables a cinco más, en función de acuerdo entre las partes pero siempre justificándolo con el interés público".

De Rosa ha recalcado que no puede ser que un servicio básico "tan importante como este dependa de si alguien, una persona u otra persona, está en el gobierno o se lleva bien o no". En este sentido, ha insistido en que defenderán ante la justicia que la reversión "es una decisión injusta, no acorde a la legislación" y que se ha intentado "dar una apariencia de legalidad haciendo expedientes cuando al mismo tiempo se estaba anunciando en discursos públicos y privados lo que se iba a hacer".

 Al respecto, ha asegurado que han puesto en manos de su asesoría jurídica "todas las resoluciones que se han ido tomando" para que les recomiende "cuáles son los pasos más recomendables para hacer y los seguiremos".

De Rosa ha defendido que no se trata de una cuestión "de ideología" sino de "interés publico", el servicio que se da y a los profesionales "pues es posible que se pierdan". "Por eso lo llamo el 'Riberexit', porque estoy seguro de que si hubiese un referéndum en Inglaterra ahora, es posible que gane la permanencia porque es muy fácil hacer promesas y lo que es difícil es recuperar lo que se pierde".

El consejero delegado de Ribera Salud ha afirmado que no ha recibido una llamada de Sanidad "en muchísimos meses" y ha afirmado que ha tenido la ocasión de estar con la consellera, Carmen Montón, "una hora en dos años". "Eso no es normal entre una empresa que es la máxima proveedora de servicios sanitarios y no sanitarios de un gobierno y el gobierno que lo tiene contratado", ha considerado.

Sobre la investigación judicial por presuntas comisiones cobradas a través de la central de compras B2B, ha apuntado que no han recibido ninguna comunicación del juzgado y no se ha mostrado preocupado ya que, según ha dicho, la causa parte de la denuncia de dos sindicalistas y de una persona despedida por la empresa, sobre la que el juez declaró procedente su despido.