VALÈNCIA. Lo que parecía una medida del Consell para agradecer a los sanitarios su labor en el marco de la pandemia de la covid ha pasado a convertirse en un dolor de cabeza para la administración pública. Desde hace días, la gratificación a los profesionales sanitarios y socio-sanitarios por combatir en "primera línea" la crisis del coronavirus ha estado dando vueltas entre plenos del Consell y mesas sectoriales con una normativa aprobada a corre prisas y para la que los sindicatos han pedido más negociación.
Y es que, como ya se había planteado desde hace semanas, no todos los profesionales de la sanidad pública valenciana que han trabajado durante el estado de alarma –del 14 de marzo al 21 de junio– optarán a esta compensación, sino que serán aquellos que estuvieron de "forma directa, efectiva y presencial en las labores de gestión o cuidados a las personas afectadas por la pandemia. Este mismo miércoles, la Conselleria de Sanidad entraba a negociar con los sindicatos la propuesta que establece los parámetros y criterios para la aplicación de la compensación económica y que amplía decreto que aprobó un pleno del Consell extraordinario el pasado lunes.
En esta propuesta, parca en detalles, se establece que será cada departamento de salud o centro quien fijará, a través de la comisión de dirección, la adaptación de los criterios generales propuestos en función de su estructura y características de la plantilla. Una decisión que podría terminar con decisiones un tanto subjetivas a la hora de aplicar quién sí y quién no quedará fuera de esta compensación. En todo caso, se establecen como profesionales que han prestado atención "directa, efectiva y presencial" aquellos que han formado parte de los equipos covid de todas las categorías, en todas las jornadas ordinarias.
También el personal que ha atendido a pacientes covid durante la atención continuada, personal con responsabilidad de gestión covid, personal de todas las categorías de atención primaria, personal del Servicio de Emergencias Sanitarias y personal no incluido en los apartados anteriores y que haya participado en actividades directamente relacionadas con las pandemia como consecuencia de medidas organizativas adoptadas.
Además, se apunta al personal dependiente de la dirección general de Salud Pública que haya realizado funciones de gestión, control y seguimiento de la pandemia y al personal de Inspección de Servicios Sanitarios, tanto de servicios centrales como destinados a departamentos de salud, que realizara visitas de control en residencias de mayores y centros socio-sanitarios. También se incluye al personal de gestión sanitaria de los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad que haya prestado laborales de control y gestión de la pandemia.
En el caso del personal de Salud Pública, la dotación presupuestaria para la gratificación extraordinaria que compensará su exceso de jornada tiene una dotación presupuestaria de 500.000 euros que, según los sindicatos, se ha quedado corta al superar sus cálculos los 900.000 euros.
Sobre el importe de esta gratificación extraordinaria, que desde Sanidad aseguran que beneficiará a 40.000 profesionales, no acaba de quedar claro cuál será la cifra definitiva. El montante total para sanitarios, socios-sanitarios y Salud Pública es de 43,7 millones, sin embargo la fórmula para decidir la forma de cálculo era uno de los puntos a negociar con los sindicatos y a priori ha quedado sin determinar.
Según recoge la propuesta, el coeficiente asignado a cada grupo o subgrupo de titulación será la misma por unidad de tiempo para todo el personal, sin embargo también estaba sobre la mesa que el importe, en vez de calcularse en base a las horas expuesta de forma directa, fuera lineal para todos. Es decir, todos los profesionales cobraran la misma cuantía.
En el caso de que fuera por tiempo efectivo de trabajo, este será el que se realizara de forma directa, efectiva y presencial en las labores de gestión o cuidados a las personas afectadas por la pandemia durante el periodo descrito. A este efecto también se computará el tiempo transcurrido en situación de incapacidad temporal a causa de la covid, bien por resultar positivo o por contacto en aislamiento.
En el caso de salud pública y la gratificación por las horas extras realizadas, se han asignado coeficientes de un 1 para la categoría A1, un 0,80 para la categoría A2 mientras que el resto de grupos tendrían un 0,70.
Esta propuesta no ha sido bien recibida por los sindicatos, que no entienden la premura con la que se les quería instar a aceptar el documento, cuyo borrador les fue remitido a las 13:00 horas del día de ayer para ser negociado en la reunión de las 17, uno de los motivos por el que todos votaron todos en contra.
"A estas compensaciones se han opuesto los sindicatos representativos de la sanidad valenciana, cuya pretensión es que se gratificara también a todos aquellos que no estuvieron en primera línea", señalaban desde Sanidad este miércoles en un comunicado. Sin embargo, aunque este argumento sí ha sido usado por alguno de ellos, la mayoría insisten en la falta de negociación por parte del departamento de Ana Barceló.
"La Conselleria se comprometió a remitir con tiempo suficiente la documentación referente a los criterios de reparto de la cantidad asignada y lo ha hecho solamente unas horas antes de la convocatoria, sin tiempo para su estudio y desvirtuando totalmente el concepto de negociación por lo que CCOO, como muestra de su desacuerdo ha decidido no participar en un debate que no es mas que un simple trámite para simular el preceptivo proceso negociador", señalaban desde el sindicato, quien decidió abandonar la reunión antes de su finalización.
En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reprochaba que el decreto del Consell "excluye" a gran parte del personal sanitario a la vez que insistía en la falta de voluntad de negociación. "No ha habido. Todo ha sido un paripé y no ha contado Conselleria con la representación de los trabajadores", recogían. "Desde UGT consideramos que este documento sin duda crea roces en un momento de crisis sanitaria. Por esta razón, UGT solicita la inclusión de todos y cada uno de nuestros profesionales dependientes de la Conselleria de Sanidad y un reconocimiento lineal", apuntaban desde el ente.
"Se limita tanto el alcance de la atención directa que quedan excluidos amplios colectivos de profesionales implicados en mayor o menor medida, lo que generará sin duda agravios comparativos, crispando el clima laboral en un momento en el que la pandemia se recrudece", apuntaban desde el CESM. Cabe recordar que, tal y como publicaba este medio, la Abogacía de la Generalitat también considera que el decreto puede desembocar en un aluvión de recursos judiciales contra la administración autonómica.
