VALÈNCIA. "El personal de La Ribera está blindado". Así de rotunda se mostraba este viernes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la comisión en Les Corts en la que presentó los presupuestos para 2019. Lo hacía tras las preguntas de los diputados sobre cómo encajaría el cuestionamiento del Consell Jurídic Consultiu a la figura del personal a extinguir.
Sin embargo, Barceló se mostró rotunda. "El personal de La Ribera está blindado y no porque lo diga la consellera, sino porque lo dice la Ley de Salud", insistía. Y es que en el mes de abril, el gobierno de Carmen Montón fijó por ley el encaje del personal laboral en la administración ante las futuras reversiones no solo de hospitales de concesión, sino para todo servicio que preste una compañía, revierta en la sanidad pública y exista sucesión de empresas.
"El personal afectado seguirá en sus puestos en condición de personal a extinguir, desempeñando sus tareas y con idéntica condición de personal laboral hasta que cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales previstas en el Estatuto de los trabajadores, y con las demás consecuencias laborales inherentes a la subrogación contractual", recogía la norma, que después se reforzaba a través de un decreto en el que se asumían más de 1.000 trabajadores.
Sin embargo, Barceló no se mostró tan convencida con la reversión de otros concesiones y servicios. "¿Cómo haremos el resto? Pues estamos abordándolo desde la serenidad, el diálogo y la seguridad jurídica", insistía en la comparencia. Por lo pronto, la conselleria tiene retrasos con el decreto de subrogación del personal de las resonancias, que todavía está en manos de la Abogacía de la Generalitat analizando la cuestión.
Como ya hizo la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, Barceló también negó la opción de crear mercantiles para que la Generalitat asuma al personal de las concesiones que pasan a gestión pública, aunque es posible que en el Hospital de Dénia le venga dado si consigue comprar las acciones de Marina Salud.
