VALÈNCIA. (EFE). El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha dicho que dimite del cargo "con la conciencia tranquila" y seguro de su inocencia y la de su equipo en la corporación provincial, así como convencido de que se pueden haber equivocado o metido la pata "pero nunca la mano".
Así lo ha defendido en una comparecencia sin preguntas en la sede de la Diputación, arropado por el grupo socialista, en la que ha anunciado su renuncia a la presidencia y al acta de diputado tras haber sido detenido e investigado por malversación y prevaricación en la operación Alquería, aunque seguirá como alcalde de Ontinyent.
El ya exportavoz del PSPV, suspendido de militancia en el PSOE, ha señalado que dimite del cargo "desde la lealtad a las instituciones y la ciudadanía" y lo hace "orgulloso" de dejar la Diputación "en muy buenas manos", las del actual vicepresidente, Toni Gaspar -el candidato propuesto desde el PSPV-, y su equipo provincial.
"Podemos haber sido torpes o demasiado confiados, pero no ladrones", ha reivindicado Rodríguez, quien ha hecho un repaso a los mecanismos puestos en marcha por el equipo de gobierno que presidía para garantizar la transparencia en la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa.
Antes de atender a la prensa, en una comparecencia en la que no ha admitido preguntas, Rodríguez ha sido vitoreado y aplaudido por miembros de la corporación y representantes de municipios valencianos al grito de: "Jorge, Jorge". Al finalizar, se han vuelto a escuchar aplausos y el nombre de su localidad "Ontinyent".
"Presento mi dimisión convencido de mi inocencia y la de mi equipo, pero convencido también de que mi continuidad al frente de la institución no puede contribuir hoy al cambio de percepción en el que tanto hemos trabajado a lo largo de este tiempo. Lo hago desde la lealtad a la ciudadanía que siempre ha guiado mis pasos, seguro de mi inocencia y seguro de que para demostrarla hoy es mejor estar fuera de la institución que dentro de ella", ha señalado.
Rodríguez, suspendido de militancia por el PSOE, fue detenido el pasado miércoles en un presunto caso de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa en mayo 2018 tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. El juez, que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015, le dejó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar. Las diligencias están declaradas secretas.
((Habrá ampliación))
El tribunal avala la contratación de personas afines a los partidos en puestos públicos y sostiene que no hubo malversación porque los directivos cumplieron con sus funciones
