VALENCIA. ¿Puede la financiación irregular cambiar los resultados electorales? ¿Hasta qué punto influye en el voto el dinero? Esas son algunas de las preguntas que han surgido a raíz de la exclusiva que esta semana ha ido publicando Valencia Plaza sobre la presunta financiación irregular del PP de Valencia para pagar la campaña de Rita Barberá en 2007.
Hay evidencias indiscutibles. La primera, que aquel año todas las encuestas daban a Rita Barberá como ganadora indiscutible de las elecciones municipales. Su principal rival, la exministra socialista Carmen Albroch, tenía muy difícil competir en igualdad de condiciones, ya que Barberá superaba el 90% en grado de conocimiento sobre el total del electorado, después de 16 años de Alcaldía. Ello, a pesar de que se presentaban a las elecciones después del mayor accidente de metro de España, ocurrido 10 meses antes, algo que podía perjudicar al partido que ostentaba el poder en el Ayuntamiento y la Generalitat, el PP.
El 27 de mayo de 2007 Rita Barberá logró el mejor resultado de los siete comicios municipales a los que se presentó, con más del 56% de los votos y 21 concejales de los 33 con que cuenta el Cap i Casal. Lo que nadie supo entonces y se conoce ahora es que, según investigan el juez de Instrucción número 18 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO (Guardia Civil), el PP hizo trampas, presuntamente, al haber gozado de un presupuesto para la campaña electoral 20 veces superior al contratado.
Según los papeles de la empresa Laterne Product Council (LPC), el equipo de campaña de Barberá recogió donaciones por más de tres millones de euros. Dichas donaciones provenían tanto de empresas adjudicatarias del consistorio como de fundaciones públicas. Los papeles demostrarían que Barberá se presentó ‘dopada’ a las elecciones de 2007. Y no le fue nada mal.
Dio igual que en aquella legislatura la concejal socialista Ana Botella pidiera un comisión de investigación sobre LPC, sus empresas pantalla y las relaciones de éstas con los jugosos contratos que se les concedió desde el Ayuntamiento. El exteniente de alcalde Alfonso Grau trató a Botella poco menos que de loca y la llegó a retar a denunciarlos. Algo que sí hizo el entonces concejal de Compromís y hoy alcalde de Valencia, Joan Ribó, en 2010, aunque la denuncia fue archivada por el fiscal jefe Ricard Cabedo.
Lo que ninguno de ellos se imaginaba es que, años después, todas las facturas de aquella fastuosa campaña electoral acabarían en manos de este periódico que, obviamente, lo primero que hizo fue ponerlas en manos de los investigadores del caso Taula.
Quien menos se esperaba que los papeles se hicieran públicos es el exvicealcalde Alfonso Grau, ya que él es, junto con la secretaria del Grupo Municipal del PP de Valencia Mari Carmen García-Fuster, la persona que peor parada sale. Un testigo ha declarado ante la Guardia Civil y ante el juez que Grau le dio 350.000 euros en efectivo procedentes de una empresa para pagar la campaña de Barberá, así como que le mandó a recoger un cheque por 150.000 euros de otra empresa.
La relevancia de los papeles es de tal magnitud que el magistrado instructor no dudó en decretar el secreto de sumario para que la Unidad Central Operativa pudiera investigar. El próximo día 10 de enero caduca el citado secreto y, ese día, probablemente se sabrá cuáles son las conclusiones de la UCO.
El conocido como #RitaGate muestra los papeles y las facturas en las que las empresas con contratos con el consistorio valenciano pagaron la campaña, una campaña 20 veces superior a lo que el grupo Municipal firmó (150.000 euros), y como se amañaron las facturas para evitar que el presunto delito electoral fuera detectado.
Entre los supuestos ‘donantes’, que figuran en una relación en la documentación aportada, se encuentran Secopsa, que presuntamente realizó dos entregas de dinero, de 225.000 y 150.000 euros; Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que primero entregó 300.000 euros y después otros 150.000; Rulv Valencia (UTE de Secopsa), 100.000 euros; el Grupo Rover Alcisa (60.000); Urbana Ducat (30.000); Nou Litoral (360.000); PKL Real State (30.000); Pavasal (dos entregas de 90.000 y 150.000 euros); Luján (20.600); Lubasa (200.000 y 150.000 euros); Edival (30.000 y 20.000); FCC (200.000), y Ágora Patrimonial (30.000).
Pero no solo de empresas se nutrió supuestamente la campaña, presuntamente la Fundación Valencia Convention Bureau (también conocida como Turismo Valencia o TVCB), de capital público, realizó supuestamente aportaciones de 100.000 y 431.000 euros a Laterne Product Council para gastos de campaña.
Con dichas donaciones, según las facturas de LPC, en actos electorales el Grupo Municipal se gastó más de 665.000 euros, a los que hay que sumar otros 450.000 euros en medios de comunicación y cientos de miles de euros más en conceptos tan variados como grabar spots publicitarios, merchandising o comidas. La imagen de Rita Barberá y sus propuestas llegaron a todos los valencianos a través de radio, televisión, periódicos, internet, autobuses, marquesinas y vallas publicitarias. No quedó un barrio de Valencia sin su cartel. Los eslóganes Tu Valencia con Rita y Rita, que Valencia no pare llegaron hasta el último rincón de la ciudad.
Todo, gracias a una inversión de casi 450.000 euros en medios de comunicación y otros soportes publicitarios. Los medios que más dinero recibieron de la campaña de Rita Barberá fueron el grupo de Las Provincias, la cadena COPE y la empresa Clear Channel, de marquesinas publicitarias, que ingresó 45.473 euros de LPC. La media de los contratos firmados en publicidad está entre los 15.000 y los 23.000 euros.
Para evitar ser detectados, la empresa LPC obligaba a los proveedores a cambiar los conceptos de las facturas para evitar cualquier referencia a Barberá, a la campaña, al PP o a las elecciones. En la documentación en poder de este periódico se puede comprobar cómo las facturas originales contenían conceptos que describían a la perfección que los servicios se prestaban para la campaña.
Sin embargo, las facturas modificadas a instancias de Laterne reflejan conceptos más genéricos que se podían incluir como gastos de campañas publicitarias de cualquiera de las empresas donantes o de cualquier otro cliente de la consultora. Algunas de ellas se reproducen a continuación, tanto en su versión original como en su versión modificada.
En la documentación investigada se encuentra un correo electrónico de una de las trabajadoras de LPC que demostraría esta operativa. "Adjunto remito facturas para su modificación según archivos adjuntos. Ruego sustituyas las antiguas por las nuevas y me las envíes cuanto antes. Gracias por tu colaboración", escribió la trabajadora de Laterne en el email que remitió a uno de los proveedores. Este proveedor modificó las facturas e hizo desaparecer el nombre de Rita Barberá.
La campaña fue de tal calibre que no dudaron en gastar lo que hiciera falta para llegar a cualquier rincón de Valencia. En la campaña de Rita Barberá en 2007 no faltó un detalle. Globos, bengalas, paellas, pañuelos falleros, un mago, un especialista en globoflexia, camisetas 'fashion', lápices de memoria USB con logotipo del PP, cuadros con la foto de Rita con su marco incluido, logos de campaña, exposiciones, actuaciones de Jazz, bebidas picoteos, tarjetones, bengalas y hasta un juego de la oca temático. Todo ello por el módico precio de 38.000 euros, dos veces más de lo que costaron cada una de las campañas de Joan Calbuig para el PSPV en 2011 y 2015.
Pero uno de los gastos más llamativos que hay en los papeles de #RitaGate son los 233.000 euros que se pagaron para un mitin de presentación de candidatos en Valencia donde el invitado principal fue, ni más ni menos, que el actual presidente del Gobierno Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición.
Barberá arrasó en las elecciones y más de uno se preguntó ya entonces quién había pagado la fiesta, cuyo precio no podía ser 150.000 euros. Casi diez años después empezamos a descubrirlo.
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