Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El saco de recursos de Ribera Salud contra las decisiones de la Conselleria de Sanidad son un suma y sigue. La empresa ha interpuesto otro recurso al acuerdo de acción concertada firmado el 6 de octubre entre la Conselleria de Sanidad Universal y la Fundación IVO, una adjudicación que se desarrolló entre críticas por parte de las empresas privadas. Y es que los entes con ánimo de lucro no pudieron presentarse al proceso al quedar vetados por enmarcarse la convocatoria en el decreto de acción concertada.
En el mes de febrero ya se hizo público que había presentado un primer recurso a través de Torrevieja Salud, la empresa con la que Ribera Salud gestiona la concesión público-privada del Hospital de Torrevieja. Este jueves se publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el mismo recurso pero a través de la empresa gestora del Hospital del Vinalopó, Elche Crevillente Salud, SA.
El motivo del recurso en los dos casos ha sido la utilización de la fórmula de la acción concertada, que solo permite que el llamado tercer sector -entidades sin ánimo de lucro- pueda prestar el servicio. La compañía entiende que el proceso se tendría que haber resuelto con un concurso público al que pudieran optar cualquier tipo de entidades.
Ribera Salud -a través de Torrevieja Salud- ya presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Orden 3/2017, de 1 de marzo, de la Conselleria de Sanidad, que regula la acción concertada, aunque todavía no se había hecho público su ataque directo al acuerdo del 6 de octubre de 2017, cuando el IVO -dirigido por Manuel Llombart- volvió a regularizar la prestación de su servicio con la Generalitat valenciana.
El consejero delegado de la empresa participada por Banco Sabadell y Centene, Alberto de Rosa, también presentó una denuncia ante la Conselleria de Transparencia. En el escrito destacaba la existencia de sendos informes en contra de la convocatoria de la Abogacía de la Generalitat y de la Intervención General y señalaba que "la adjudicación se estaría realizando en virtud de resoluciones internas de la Conselleria dictadas por su propio personal adscrito, siguiendo instrucciones políticas de la propia titular de la Conselleria".
Prácticamente todo el proceso de adjudicación al IVO acabará judicializado, desde la orden que lo regula al acuerdo final que ha recurrido Ribera Salud. Ya que la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) también presentó un recurso contencioso-administrativo contra la convocatoria de acción concertada, que no contra el acuerdo, que es lo que ha recurrido Ribera Salud, además de la orden.
