Foto: EV MÁÑEZVALÈNCIA. Un cambio legal puede complicar a la Generalitat Valenciana la reversión anticipada de la concesión del área de salud de Dénia después de prácticamente dos años sin ejecutar la promesa que realizó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en una visita a Pedreguer. Lo hizo después de que Ribera Salud, que posee el 35% de la concesionaria Marina Salud, se interesara por la compra del 65% que está en manos de DKV, tras haber mostrado la aseguradora su disposición a abandonar este negocio.
Uno de los argumentos del departamento que dirige Carmen Montón para paralizar la compra fue que la compañía liderada por Alberto de Rosa no podría adquirir las acciones sin una autorización de la Conselleria de Sanidad. Ribera Salud rechazó ese argumento y anunció que si la Generalitat compra el 65% que tiene DKV, como tiene intención de hacer, ejercerá el derecho de tanteo que tienen firmado los dos socios de Marina Salud y se quedará las acciones por el mismo precio.
La posición de Sanidad estaba respaldada por un informe realizado por la informe de la Abogacía de la Generalitat que afirmaba que el cambio de accionista mayoritario en la empresa concesionaria sería equiparable a una cesión del contrato. Según fuentes de la Generalitat, esta discrepancia ha retrasado el proyecto de comprar la participación de DKV. Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, el objetivo se pone más difícil para la Conselleria.
Según la normativa estatal aprobada en el Congreso de los Diputados en el mes de noviembre y que entrará en vigor el próximo 9 de marzo, Ribera Salud no tendrá que pedir permiso si finalmente compra a DKV el 65% de Marina Salud, sea directamente o ejerciendo el derecho de tanteo.
El artículo 98 de la nueva ley, relativo a "supuestos de sucesión del contratista", señala que en el caso de escisión, aportación o transmisión de empresas con la entidad a la que se atribuya el contrato, ésta quedará subrogada en los derechos y obligaciones del mismo siempre que reúna las condiciones de capacidad, ausencia de prohibición de contratar, y la solvencia exigida al acordarse al adjudicación.
La ley también recoge que en el caso de darse una transmisión de la empresa a otra empresa lo único que deberá hacer la compañía es "comunicar al órgano de contratación la circunstancia producida".
Esto significa que la Generalitat no podría oponerse a la adquisición por parte de otra empresa a menos que acredite que Ribera Salud incumple los requisitos de capacidad y solvencia. Algo difícil de demostrar en una empresa participada por un banco y un grupo sanitario internacional que gestiona de forma eficaz -según la Sindicatura de Comptes y las encuestas de la Conselleria- otras tres áreas de salud de la Comunitat Valenciana.
Para evitar que Ribera Salud pueda convertirse en el único accionista de Marina Salud, Compromís prepara una enmienda para incluir en la reforma de la Ley de Salud de 2014 que va dirigida, precisamente, a evitar que la empresa participada al 50% por Centene y Banco Sabadell ejecute el derecho de tanteo que posee sobre las acciones. Según ha podido saber Valencia Plaza, la Conselleria conoce y aprueba la propuesta, aunque no ha participado en su elaboración.
En el borrador de la enmienda que diseñan desde este grupo -y que podría presentarse este lunes-se pone sobre la mesa que ninguna empresa pueda concentrar el 35% del total del accionariado correspondiente a las empresas concesionarias de la prestación de la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios del Sistema Valenciano de Salud. No obstante, es un borrador y podría sufrir modificaciones, ya que la idea choca con la libertad de empresa y es difícil de formular, según las mismas fuentes.
Por otro lado, la nueva Ley de Contratos del Sector Público también ha abierto una nueva vía para impugnar los acuerdos de rescate de las concesiones. Se trata del recurso especial, un trámite previo al recurso contencioso-administrativo que desemboca en el ámbito judicial.
Con el nuevo procedimiento, antes de llegar al contencioso, se tendrá que ir por vía administrativa. De hecho, el recurso especial es de carácter obligatorio y siempre tendrá que preceder al contencioso. Se trata de dar una garantía más frente a posibles actos irregulares de la administración y que Ribera Salud podría utilizar teniendo en cuenta el historial de asuntos judicializados con la administración. Además, una de las características es su agilidad a la hora de resolverse para no agravar situaciones con poca reversibilidad.
