Alberto de Rosa. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consell no lo tendrá fácil para conseguir un rescate pacífico del Hospital de Dénia. A pesar de la confianza del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en poder llegar a un acuerdo de compra con el socio mayoritario de la empresa concesionaria Marina Salud, DKV Seguros, la resistencia de Ribera Salud a deshacerse de su 35% en el accionariado de la firma encargada de gestionar el departamento de La Marina hasta 2025 complica el escenario.
El jefe del Consell ha anunciado esta semana, dos años después de manifestar por primera vez la intención de recuperar la gestión privada de este hospital público, que la cuestión ha pasado a ser prioritaria una vez se ha culminado la asunción de la gestión del Hospital de Alzira por finalización de contrato. Por ello, Puig anunció la negociación "definitiva" con Marina Salud para buscar un acuerdo antes del verano.
Tal y como publicó Valencia Plaza, la vía principal en la que se trabaja es la de la adquisición de las acciones de la concesionaria por parte de la Generalitat, que pasaría a gestionar el hospital a través de una empresa pública. Para ello, no obstante, es imprescindible resolver las diferencias de interpretación que actualmente existen entre la empresa y la Generalitat para calcular las liquidaciones de los ejercicios cerrados, una cuestión que puede alterar sustancialmente el coste de la operación. El límite que se maneja para ello es el 30 de junio, pues la aspiración es recuperar el centro esta misma legislatura.
No obstante, Ribera Salud, abiertamente enfrentado con la Conselleria de Sanidad por el pulso mantenido en los meses previos a la recuperación del Hospital de Alzira, no está dispuesta a ser un mero espectador de la negociación entre el socio mayoritario y la administración. De entrada, según trasladan fuentes conocedoras de la negociación, la firma que pilota Alberto de Rosa ni se plantea deshacerse de sus acciones en Marina Salud.
Al contrario, la compañía, propiedad del fondo BS Capital y el grupo sanitario estadounidense Centene, está dispuesta a ejercer el derecho de tanteo contemplado en el pacto que Ribera Salud y DKV seguros firmaron cuando constituyeron la firma concesionaria del departamento de La Marina. De hecho, cabe recordar que, cuando en marzo de 2016 Puig dio instrucciones a las conselleries de Hacienda y Sanidad para explorar posibles vías para adelantar la finalización del contrato, Ribera Salud ya estaba en conversaciones con la aseguradora alemana para comprarle su 65%.
En los dos años que han pasado desde entonces, el Consell no ha avanzado en la operación y ha torpedeado la negociación entre las dos empresas, de forma que DKV no ha podido concretar la salida que lleva buscando todo ese tiempo. De hecho, uno de los factores que han determinado la entrada de la operación en su periodo "definitivo" ha sido la intervención directa de Puig después de que el presidente de la aseguradora, Javier Vega de Seoane, le pidiera personalmente que desbloqueara la situación.
Por lo tanto, la empresa no se siente aludida por el hecho de que la nueva Ley de Salud de la Comunitat Valenciana –aprobada el mismo día que Puig anunció la ofensiva sobre Dénia– incluya obstáculos para impedirle hacerse con una participación de control en el accionariado de Marina Salud.
En concreto, el texto legal impide que cualquier persona física o jurídica pueda ostentar, directa o indirectamente, en el ámbito de la sanidad pública valenciana, más del 40% de las participaciones o acciones "en más de un ente titular de un contrato de gestión de servicio sanitario integral en régimen de concesión de un departamento sanitario".
Ribera Salud, que tiene el 100% de las concesiones sanitarias de Torrevieja y Elche-Crevillente, interpreta que la norma no debería aplicarse con efecto retroactivo, por lo que no afectaría a sus intereses. En cualquier caso, las posiciones de una y otra parte inducen a pensar que la cuestión está abocada a complicar un poco más el enfrentamiento judicial que ya mantienen ambas a cuenta de la controvertida recuperación del Hospital de La Ribera.
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, salió al paso de la posible reversión a la sanidad pública del Hospital de Dénia para posicionarse a favor de su asociado Ribera Salud.
El dirigente de la patronal consideró que en las decisiones sobre la gestión de la sanidad pública deben prevalecer criterios objetivos de calidad, por lo que instó a no "estigmatizar" el modelo de gestión que incluye participación privada. Así, ha aseverado que "debe ser desde la perspectiva de los resultados y no desde una determinada ideología desde donde se debe valorar su eficacia, eficiencia y oportunidad".
"En la toma de decisión que afecta a la gestión de la sanidad pública deben prevalecer criterios objetivos de calidad, eficiencia y satisfacción de los usuarios", dijo Navarro, que abogó por arbitrar mecanismos que garanticen "la transparencia, el control y el seguimiento de las concesiones públicas a empresas privadas, y que sea el responsable de valorar, con criterios objetivos, la idoneidad de la gestión de los servicios públicos ya sea de forma privada o pública".
A su parecer, el Observatorio de la Colaboración Público Privada, con representantes del sector público y privado, que reclama la CEV permitiría realizar el seguimiento de las buenas prácticas de esta fórmula de gestión.
También se pronunció este viernes sobre la posible recuperación para lo público del Hospital de Dénia la vicepresidenta del Consell. Mónica Oltra dijo que está "en una fase muy incipiente" y no pueden avanzarse aún plazos porque lo primero es iniciar el diálogo con la concesionaria y los trabajadores.
Hay que comenzar a hablar con la concesionaria y los trabajadores, dijo Oltra, por lo que "es muy pronto" para marcar plazos, que podrán ofrecerse una vez las partes se hayan sentado en la mesa.
