Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud. Foto: EVA MÁÑEZVALÉNCIA. El fuego cruzado entre la Conselleria de Sanidad y Ribera Salud empieza a ser constante y se ve en varios frentes, como el de este jueves, cuando el Hospital de La Ribera recibió una inspección para comprobar si estaba destruyendo información. Sanidad mandó a sus inspectores días después de comunicar formalmente no prórroga del contrato de Alzira que vence dentro de un año, el 31 de marzo de 2018.
Por su parte, la compañía liderada por Alberto de Rosa acusa al departamento de Carmen Montón de realizar un informe para justificar su decisión que contiene datos falsos sobre las concesiones.
Así consta en el escrito de alegaciones ante la comunicación de 'no prórroga' de hace unos días, en el que Ribera Salud asegura que el informe inicial de la Subdirección General de Recursos Económicos sobre la gestión de los departamentos en régimen de concesión "se sustenta en datos y hechos en su mayoría falsos o totalmente alejados de la realidad de la concesión". Y es que este escrito es la base para justificar la "no prórroga".
Por un lado, el documento afirma que “existen una serie de deficiencias estructurales que han dado lugar a interminables discrepancias que han imposibilitado el cierre de la práctica totalidad de las liquidaciones posibles.” Sin embargo, señalan que esta afirmación no es aplicable a la concesión de la Ribera que ha cerrado todas las liquidaciones hasta el año 2012.
"No ha sido hasta el día 14 de marzo del 2017 cuando esta parte ha recibido la comunicación de la Conselleria de empezar los trámites para cerrar todas las liquidaciones pendientes, incluida la del año 2016", asegura.
Y añade Ribera Salud: "Por parte de la concesionaria de Alzira se ha venido reclamando insistentemente por registro de entrada la celebración de Comisiones Mixtas con el fin de avanzaren el cierre de las liquidaciones de los ejercicios 2013 y posteriores".
Por otro lado, se afirma en el informe que “la determinación de un plazo tan dilatado -15 años- con la débil justificación de la necesidad de establecer un periodo suficiente para amortizar las inversiones introduce rigideces a la hora de plantear cambios organizativos en estos departamentos de Salud con autonomía de gestión". Para Ribera Salud, esta afirmación es absurda "al ser la amortización un coste muy importante cuando se habla de inversiones de gran envergadura".
Aparecen en el informe apreciaciones de Sanidad de dificultades de obtención de información sobre elementos básicos del contrato, como para comprobar el valor de la TIR (tasa interna de rentabilidad) e insiste Sanidad en que "la falta de formación contable del que lo analiza no implica que los resultados no sean claros y estén auditados".
A la acusación de encontrar dificultad para comprobar el adecuado cumplimiento del Plan de Inversiones aseguran que siempre han aportado la información cuando se les ha solicitado mientras que critican que Sanidad no les haya mostrado los resultados de la auditoría sobre inversiones realizada en el año 2015, a pesar de haberse solicitado en reiteradas ocasiones.
Sobre la ausencia de auditorías que señala el informe de Sanidad, aseguran que desde el inicio de la concesión se han realizado un total de 139 auditorías e inspecciones.
