MADRID (EFE). El próximo lunes se reanuda en la Audiencia Nacional, con los informes de las partes, el juicio contra la excúpula de Banco de Valencia, entre ellos el ex consejero delegado Domingo Parra, por una serie de operaciones urbanísticas irregulares financiadas por la entidad.
En la querella presentada por el FROB en 2013, el organismo alegaba que la gestión de Parra le había supuesto un agujero de 160.534.544 euros, por la cual se acusa al ex consejero delegado de tres causas de administración desleal.
Se trata de una de las piezas separadas abiertas para investigar a la antigua cúpula de la entidad, que fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Junto a Parra están acusados el entonces director de participaciones inmobiliarias, Alfonso Monferrer, y los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler Luján, el notario Carlos Pascual de Miguel, Fernando Polanco y Teresa Villalba, por presuntas irregularidades en tres operaciones inmobiliarias denominadas Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos.
Durante su declaración, Parra negó haber propuesto las tres macrooperaciones, y alegó que contaban con garantías y fueron un "éxito" hasta la crisis e hicieron a la entidad "ganar dinero"; además, aseguró que no era él quien planteaba qué operaciones había que emprender ni intervenía en la toma de decisiones.
La Fiscalía Anticorrupción solicita cuatro años de prisión para Parra por presunta administración desleal, delito para el que plantea la alternativa de apropiación indebida, en cuyo caso aumenta la petición de condena hasta los seis años de cárcel.
El fondo de rescate español señalaba que estas operaciones supusieron, "más allá de negocios de riesgo simplemente fallidos, una conducta abusiva de aprovechamiento de la posición de poder" del ex consejero delegado del banco, "con el fin de obtener un lucro ilícito" a favor de sus "socios" a costa de la entidad.
Lamentaba, además, que "supusieron una importante salida de fondos de la entidad que no han retornado ni retornarán", deteriorando así su patrimonio y solvencia.
La de Nou Litoral, sociedad de gestión del suelo constituida por el banco en 2003 junto a los promotores Vila y los Soler y consistente en la adquisición de terrenos en Chiva (Valencia), generó una deuda de 109,6 millones que el banco tuvo que refinanciar "con dinero público, tras el correspondiente apoyo financiero del FROB", generando un perjuicio superior a los 83 millones.
La segunda consistió en que Valenciana de Viviendas "actuó como sociedad instrumental" para adquirir en 2008 unos terrenos de Urbanas de Levante en Vergel y Patraix (Valencia), subrogándose en la deuda, que previamente tenía la vendedora contratada con BdV, con la que se generó un impacto de 137,4 millones y un perjuicio de 47.468.540 euros.
La última giró en torno a Faverch Desarrollos, en la que intervinieron Polanco y Pascual, con el fin de adquirir una serie de terrenos en Chiva, que causó un agujero de 29.816.004 euros.
