Rajoy convoca un Consejo de Ministros para analizar si activa el artículo 155 de la Constitución

MADRID (EP). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado para este miércoles a las 9.00 horas un Consejo de Ministros extraordinario para abordar los "próximos pasos" en Cataluña tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de suspender la declaración de independencia durante unas semanas para buscar la mediación.

Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en una comparecencia en el Palacio de la Moncloa en la que criticó que Puigdemont quiera "imponer una mediación" sin "volver a la legalidad". Según recalcó, el diálogo entre demócratas debe producirse dentro de la ley y respetando las reglas del juego.

Ante esa reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, el propio Gobierno solicitó el aplazamiento de las preguntas e interpelaciones previstas para este miércoles en la sesión de control del Congreso, cuyo inicio estaba también previsto para las 9.00 horas como cada miércoles. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, retrasó dos horas el inicio del Pleno.

Sáenz de Santamaría aseguró además que Rajoy está en contacto con los principales partidos políticos porque quiere el "máximo consenso" ante los pasos que se vayan a dar. De hecho, la misma noche del martes, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se desplazó a La Moncloa para tratar con el jefe del Ejecutivo cómo responder a la comparecencia de Puigdemont.

¿Activación del artículo 155? 

Una de las opciones que está encima de la mesa es la activación del artículo 155 de la Constitución, que señala que el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, "podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

Ese artículo no establece plazos para el procedimiento. Indica que el primer paso es que el Gobierno haga un requerimiento a Carles Puigdemont para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y el interés general, requerimiento que desde el Ejecutivo se ha apuntado estos días que se aprobaría en Consejo de Ministros. La Constitución no impone plazos para que el presidente requerido responda, pero podría ser cuestión de horas.

Si Puigdemont no atiende lo que se le exige o no responde, es cuando el Ejecutivo puede recurrir al Senado para obtener su autorización para aplicar medidas. El 155 no apunta cuáles tienen que ser; añade únicamente que el Ejecutivo podrá "dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas" para ejecutarlas.

Las mismas fuentes señalan que lo que se decida aplicar en Cataluña también será aprobado en Consejo de Ministros, pero tampoco hay ninguna precisión constitucional de que tenga que ser así. En cualquier caso, el Gobierno deberá entregar al presidente del Senado un escrito "en el que se manifieste el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y la de su incumplimiento por parte de ésta".

Comisión General de las CCAA

A partir de entonces, la Mesa del Senado entregaría el escrito del Gobierno a la Comisión General de Comunidades Autónomas para que se encargue del estudio y debate de lo que se plantea o creará una comisión con miembros de varias de ellas si cree que son más de una las afectadas por el asunto. Sin embargo, en la Cámara Alta siempre se ha dado por seguro que sería esa Comisión General la implicada.

El artículo 189 del Reglamento del Senado, que es el que regula este procedimiento, no indica ningún plazo para llevar adelante los trámites, pero fuentes del Ejecutivo han mantenido siempre que podría ser rápido, de unos días. La Comisión General requerirá después a Puigdemont que presente los datos y alegaciones que considere oportunos y que designe, si lo ve conveniente, a un representante para que acuda a defender su posición al Senado.

Esta Comisión tiene la peculiaridad de que en ella pueden participar los gobiernos autonómicos y también el Ejecutivo, por lo que no se descarta que, si se convoca, los Ejecutivo regionales quieran aprovechar este foro para participar en el debate.

El Reglamento establece a continuación que en la Comisión se formulará una "propuesta razonada sobre si procede o no" aprobar lo que el Gobierno le solicita y que enviará la iniciativa al Pleno, donde tendrá que ser de nuevo debatida y aprobada por mayoría absoluta.

El PSOE no se fía de Puigdemont

El PSOE, por su parte, advirtió a Carles Puigdemont de que "está abusando de la buena fe" de quienes defienden el diálogo como vía para solucionar el conflicto territorial en Cataluña, que se ha transformado ya en un problema nacional.

En una declaración sin preguntas desde la sede del partido en Ferraz, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, interpretó que la aparente invitación al diálogo hecha por Puigdemont en su intervención en el Parlament se contradice con el manifiesto que después ha firmado junto a diputados de Junts pel Sí y la CUP, donde exigen un diálogo con España tras haber firmado una declaración de independencia, lo "que no se corresponde con el aparente tiempo muerto" presentado por Puigdemont ante el Pleno.

Los socialistas sospechan que esta ambigüedad tan sólo busca "eludir" las responsabilidades judiciales que se derivarían de haber declarado la independencia en la sesión del Pleno. Para Ábalos, la intervención de Puigdemont en el Parlament ha sido una "decepción" porque mucha gente esperaba que desistiera de la "sucesión de ilegalidades" que vienen cometiendo los independentistas y que está "alterando la convivencia democrática".

El dirigente valenciano reconoció que los socialistas han abanderado esa apuesta por el diálogo para encontrar una salida a este conflicto, pero ha dejado claro que su partido sólo pide diálogo "sobre la base del respeto a la ley". "No hay diálogo si no hay vuelta a la legalidad", dijo después de que una destacada dirigente del PSC como la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Nuria Marín, elogiara la "responsabilidad" de Puigdemont por no haber declarado la independencia.