Rafael Beneyto: "El Cupo vasco vale, pero que después aporten a la solidaridad entre CCAA"

VALÈNCIA. Rafael Beneyto Cabanes (Ontinyent, 1958) representa a la Comunitat Valenciana, junto a José Antonio Pérez, en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que debe elaborar una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. Licenciado en Económicas, ha sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ontinyent y es analista financiero y jefe de Control de Riesgos en Caixa Ontinyent. Es autor del libro El finançament dels valencians. Una insuficiència històrica (2012) y miembro del Comité de Expertos de Les Corts para la Reforma del Sistema de Financiación Autonómica, a propuesta de Compromís.

El Comité Técnico Permanente, creado por el Gobierno en agosto pero que no tuvo su reunión constitutiva hasta después de referéndum del 1 de octubre en Cataluña, arrancó con quejas por parte de algunas Comunidades Autónomas por las maniobras dilatorias del Gobierno de Mariano Rajoy, que se han saldado con el incumplimiento de su compromiso de tener cerrado el nuevo modelo en 2017. Beneyto explica a Alicante Plaza la propuesta valenciana entregada ya al Comité y su visión sobre la batalla técnica y política que afronta la Comunitat para lograr un mejor sistema de financiación autonómica.

-¿Está Montoro mareando la perdiz con la reforma del modelo de financiación autonómica?

-La sensación que da después de tres reuniones es que no tienen mucha prisa. No tienen prisa porque, después de aprobar un guión, en la primera reunión en la que iban a tratarse los temas del guión pasaron rápidamente a uno de los últimos puntos, el de la gestión y cesión de los tributos a las Comunidades Autónomas. Y en la siguiente, después de las quejas de las Comunidades Autónomas, ya empezamos con lo que tenía más lógica, que es ver cómo interpretaba cada Comunidad que se podría determinar la suficiencia financiera, es decir, que haya recursos suficientes para atender las competencias exclusivas que tienen, y cómo se mejoraba verticalmente la distribución de esos recursos que provienen de figuras tributarias entre los tres niveles de la Administración, la central, las comunidades y las corporaciones locales. 

-La queja fue que no se había avanzado.

-En las dos primeras reuniones no se concretó mucho, y en la tercera, en la que ya íbamos a tratar las cuestiones más básicas, la sensación que se te queda es que ganaron un nuevo plazo de 15 días para esperar no se sabe qué. Pensábamos que era a que pasaran las elecciones de Cataluña, ahora pensamos que pueda ser al inicio de los trabajos de la Comisión Territorial prevista en el Congreso que también piensa estudiar el tema de la financiación autonómica… La sensación es que no hay prisa por parte del Gobierno.

-Si el problema para avanzar es la cuestión catalana, esto va para muy largo.

-Yo creo que no será la cuestión catalana pero sí puede ser tener o no tener socio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ver cuál es la disposición para llegar a acuerdos de otros partidos en esa Comisión Territorial… Creo que no tienen una propuesta concreta que poner sobre la mesa.

-El Gobierno y el PP descargan parte de la responsabilidad del retraso en el PSOE, que gobierna en varias CCAA. ¿Cree que el PSOE podría hacer más?

-El PSOE, en la medida es que es partido de gobierno en algunas Comunidades Autónomas, ya ha hecho lo que le tocaba. Igual que aquí, la Generalitat ha hecho lo que tocaba, que es, a la vista del informe de la Comisión de Expertos, hacer un planteamiento de cómo querría concretar aquellos aspectos que el informe dejaba más a planteamientos políticos. Todas las Comunidades Autónomas [excepto Cataluña, intervenida], sean del color que sean, han presentado su punto de vista y su análisis. Ahora lo que toca es que la Administración Central diga también cuál es su opinión sobre el informe de los expertos y vaya concretando hasta dónde llega la suficiencia, hasta dónde piensa llevar la corresponsabilidad fiscal, si el statu quo seguirá o no, si se reestructurará la deuda que se ha generado… 

La petición de Ximo Puig de que se apruebe el modelo antes que los Presupuestos, como reivindicación la puedo entender, pero si me tuviera que regir por lo que he observado lo veo muy difícil

-Tampoco entre las CCAA gobernadas por el PSOE hay total sintonía, igual que en las del PP. Hay cierta transversalidad.

Así es. Cada gobierno autónomo ha hecho un análisis en función de su situación, lo que supone el sistema de financiación autonómica hasta ahora y hacia dónde querría que fuera, pero sin dar a entender actuaciones coordinadas en función del partido que tiene mayoría en cada gobierno. Allí cada comunidad plantea su posición, sus desequilibrios, sus déficits y sus necesidades.

-¿Cree factible, como pidió Ximo Puig en el discurso de Año Nuevo, que se apruebe un nuevo modelo antes que los Presupuestos de 2018?

-Como reivindicación la puedo entender, pero si me tuviera que regir por lo que he observado, lo veo muy difícil. Creo que tendrán más prisa por aprobar los Presupuestos Generales del Estado, por las repercusiones que tienen, que por una reforma del sistema de financiación que hay comunidades autónomas que tampoco tienen tanta prisa por aprobar.

-Ante este panorama, la pregunta es si cree que habrá nuevo modelo en 2018.

-Es preciso. Como valenciano, es preciso…

-También era preciso en 2017.

-Sí, pero es inexcusable. Un órgano como es la Conferencia de Presidentes, después de recuperarlo institucionalmente, pidió que la reforma estuviera concluida en 2017 y es posible que por cuestiones de otros calendarios no se consiguiera, pero que no haya reforma no puede ser. El modelo de 2009 llevará nueve años funcionando, siendo el modelo que más desequilibrios ha sufrido como consecuencia de la crisis económica y la reducción de la recaudación. La propia ley 22 de 2009 ya fijaba que en el momento en el que se produjera algún desequilibrio debería revisarse, y si no, a los cinco años.

-¿Qué supone ese retraso para la Comunitat Valenciana?

-Cada año que pasa, respecto a la financiación de la media de CCAA, supone entre 800 y 1.000 millones de euros. Cada año. Pero si tenemos en cuenta que nosotros podemos tener como referencia a CCAA con una renta per cápita parecida a la nuestra, como pueden ser Galicia o Castilla y León, las cifras podrían llegar a entre 2.500 y 3.000 millones de euros por año de déficit de recursos del sistema de financiación.

-¿Pero podemos aspirar a tanto en el nuevo modelo?

-La esperanza que tenemos es que la mejora sea muy apreciable. Primero porque hay una insuficiencia de carácter general que tiene que incorporar al sistema de financiación más recursos que hasta ahora. Y segundo, porque si desaparece el statu quo y la distribución de recursos se hace atendiendo a la población, la mejora puede ser… Creo que podría situarse a medio camino entre los 800-1.000 millones que tenemos de déficit y esa expectativa de 3.000, cada año.

No vamos a pedir dinero que no existe, sino una mayor participación de las CCAA del dinero que recaudan las administraciones

-El informe de los expertos dijo que con más financiación para las CCAA se arreglaría el problema, pero el Gobierno dice que no hay más dinero.

-Esto no es cuestión de que una parte de la administración tenga el dinero y lo reparta. El dinero viene todo del mismo sitio, de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Una parte de ellos son propios de las CCAA, pero las grandes figuras tributarias las gestiona la Administración Central: IRPF, IVA, impuestos especiales e Impuesto de Sociedades. Por tanto, no vamos a pedir dinero que no existe, sino una mayor participación del dinero que recaudan. Es decir, si la recaudación está atendiendo a las necesidades de hoy, lo único que planteamos es que la Administración Central, de estos impuestos, retiene más parte que lo que representa el gasto de sus competencias propias. Si las CCAA tienen un peso en el gasto público del 35%, no puede ser que tengan una participación en los ingresos tributarios por debajo del 35%.

-Pero la Administración Central también tiene déficit, ingresa menos de lo que gasta, y así es difícil que renuncie a parte de su trozo de la tarta.

-Entre 2010 y 2017, las CCAA reducen su déficit 2,35 puntos; la Comunitat Valenciana, 3,07, y la Administración Central más la Seguridad Social, 1,63 puntos, en términos de PIB. ¿Qué pasa con el gasto público? Que las CCAA lo reduce 3,24 puntos, 32.400 millones de euros, y la Administración Central lo aumenta. Es decir, está consumiendo más parte de estos recursos tributarios que se deben repartir, y al final la Administración Central ha tenido que hacer menos ajuste en las partidas de gasto. Y hay que recordar que en las CCAA el ajuste se ha hecho en buena parte en sanidad, educación y protección social. Es más, entre 2009 y 2016, las necesidades de más recursos para las CCAA ascienden a unos 190.000 millones de euros. En la Comunitat Valenciana, 30.000 millones. Como no han llegado, todo eso se ha financiado mayoritariamente con deuda. La deuda de las CCAA, de todas, ha aumentado en ese período en 174.000 millones.

Sin embargo, la Adminstración Central ha aumentado la presión fiscal y la ha retenido toda. Todos los incrementos de IVA y de impuestos especiales son recursos que ha retenido la Administración Central y que no ha compartido a pesar del rendimiento cedido a las CCAA. Y ha habido variaciones en el IRPF que tampoco se han aplicado al 50% que depende de las CCAA, lo ha retenido todo la Administración Central.

-La Generalitat cifra en unos 1.300 millones la falta de financiación cada año, pero en realidad es un dinero que sí llega, aunque sea en forma de préstamo del FLA. ¿No es contradictorio que el Consell argumente que no tiene dinero cuando en realidad esos recursos sí llegan, aunque sea en forma de deuda?

-No es lo mismo dinero en deuda que dinero de la financiación que nos tocaría.

-Desde el punto de vista de la injusticia por la forma de recibir ese dinero no es lo mismo, pero desde el punto de vista de los recursos con los que cuenta sí. 

-Pero ese dinero de deuda es dinero del FLA, que no deja de ser una forma de intervenir la autonomía financiera, la tesorería… No obstante, esos 1.300 millones no son inventados.

Si no se mejoran los ingresos y simultáneamente se aligera la pesada carga de la deuda, no habrá solución definitiva

-Inventados no, pero son ficticios en el sentido de que en los Presupuestos Generales del Estado no existe ese compromiso de transferencia.

-Pero sí que está la cifra, el origen y la falta de explicación. Lo que no puede ser es que a una Comunidad Autónoma como la valenciana, que su financiación no llega a la media, el Fondo de Suficiencia, que es el fondo que cierra el sistema, le detraiga 1.325 millones de euros. Eso tiene una explicación, y es que del IVA e impuestos especiales tú tienes que recibir el 58%, pero la Administración Central dice 'recibirá el 58% del tipo antiguo, del 16%. Hasta el 21% actual, yo te los resto del Fondo de Suficiencia'. Si se hubiera querido, esto se podría haber solventado en 2014. Viendo que ese año no iba a resolverse la reforma del sistema, debería haberse eliminado el artículo 21 de la ley 22/2009 que posibilita que no participes en el 58% de IVA e impuestos especiales cuando se aumentan.

-¿Esos 1.300 millones de ingresos ficticios en el presupuesto de la Generalitat de cada año no son una trampa consentida por Montoro?

-Sí, se ha consentido porque lo han hecho todos los gobiernos, sean del color que sean. A veces hinchando los ingresos o se ha incrementado la variación patrimonial por presupuestar venta de patrimonio que luego no se hacía… Yo he hecho presupuestos en el Ayuntamiento y me imagino las dificultades que tienen para hacer el presupuesto. 

-Aunque se consiguiera una financiación justa para la Comunitat, quedaría el problema de la deuda. ¿Ve factible una quita o compensación?

-Si no se mejoran los ingresos y simultáneamente se aligera la pesada carga de la deuda, no habrá solución definitiva. Es preciso hablar de condonación, quita, reestructuración… como quieran llamarlo, pero toda la deuda que han generado las Comunidades Autónomas, y hablo en plural, como consecuencia de una infrafinanciación se debería de compensar. Tengamos en cuenta que hoy la infrafinanciación tiene dos vectores: uno es la infrafinanciación que han tenido el conjunto de las CCAA porque las figuras tributarias se las ha quedado la Administración Central y el otro es la posición individual que cada comunidad tiene. La nuestra, que tiene una renta per cápita baja, que gasta menos que la media y que recibe menos ingresos que la media, padece un doble déficit. 

-Hay mucha oposición a una condonación parcial, no solo del Estado sino de algunas CCAA.

-Nosotros tenemos que mantener esa posición hasta que te sientas en una mesa, se lo explicas y ven que es una cuestión objetiva. Hay una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados que por unanimidad de todos los grupos aceptó que se hablara de esto. A nivel político el planteamiento existe, los agravios entre CCAA habrá que superarlos y habrá que hacer mucha pedagogía de que no habrá ninguna amoralidad si se demuestra que las causas de ese sobreendeudamiento se pueden objetivizar y se aplican con carácter general.

-¿Cuál es la propuesta que ha llevado la Comunitat Valenciana al Comité Técnico?

-La posición de la Comunitat Valenciana no es ‘deme más recursos’, sino ‘deme más instrumentos para yo tener recursos en función del gasto que gestiono’. Si en términos de contabilidad nacional yo soy un treinta y poco por ciento del gasto público, lo que tengo que tener es participación en instrumentos tributarios que me faciliten el equilibrio. Esos instrumentos pueden ser cesión del rendimiento, como es ahora el IVA y los impuestos especiales; cesión de capacidad normativa de una parte, como es el 50% del IRPF, o cesión de la recaudación en impuestos cedidos como sucesiones, donaciones, patrimonio, o de impuestos propios. Por lo tanto, nuestro planteamiento es que en lugar de depender de las transferencias del Estado, lo que queremos es que una vez se haya determinado que el montante de recursos para las CCAA son 117.000 millones de euros, por decir una cifra, que haya instrumentos tributarios a disposición de las CCAA que faciliten eso. Unos con capacidad normativa y otros solo rendimiento. A mí me gustarían más los de capacidad normativa porque así la administración que tiene que facilitar los servicios rinde cuentas a los ciudadanos tocando hacia arriba o hacia abajo los impuestos. El otro planteamiento es que se ha acabado el statu quo, no puede haber ajustes en el sistema que no sean que los ingresos totales se distribuyen en dos bloques, servicios públicos fundamentales y resto de funciones, atendiendo al criterio de población. El de servicios públicos fundamentales se nivela al 100% y el resto de funciones depende del esfuerzo fiscal que haga cada territorio. Y a partir de ahí, hablaremos de la deuda y de algo que se le da poca importancia pero que es básico, la lealtad institucional. 

No es posible que todas las transmisiones patrimoniales de los bancos a la Sareb no hayan tributado en este impuesto, que es autonómico, y ahora la transmisión de la Sareb a fondos de inversión tampoco tribute

-¿A qué se refiere?

-A que no es posible que no se contemple el concepto de lealtad institucional, que ningún nivel de administración del Estado puede tomar decisiones unilaterales de las que tenga que pagar las consecuencias otro nivel de la administración. Si un nivel de la administración sube impuestos, se ha de saber si los otros niveles lo van a sufrir como sujetos pasivos o también van a participar en el rendimiento. Por ejemplo, no es posible que todas las transmisiones patrimoniales de los bancos a la Sareb no hayan tributado en este impuesto, que es autonómico, y ahora la transmisión de la Sareb a fondos de inversión tampoco tribute. O por ejemplo, el recargo de los premios de lotería, que es a la renta y el IRPF está cedido al 50% a las CCAA, no es correcto que quede solo en manos de una administración. 

-Da la sensación de que los expertos de las CCAA no están tan distanciados como los presidentes autonómicos.

-Claro. Es otro nivel de discusión. Cuando tú planteas las cifras del gasto de cada Comunidad Autónoma por función, los ingresos de cada una a través del sistema de financiación, la deuda que tiene o que no tiene, cómo está financiándose la dependencia…, entre los técnicos no puede haber muchas diferencias. Otra cosa es que después pueda haber orientaciones políticas por parte del gobierno, pero a nivel técnico es muy difícil alterar el resultado aritmético de las cifras. 

-Sin embargo, al País Vasco la negociación política le ha ido muy bien, mejor que la técnica. ¿La solución debe ser técnica o política?

-Nosotros intentaremos que haya un sistema de financiación sólido desde el punto de vista técnico. Después, lo que tengan que concretar las administraciones...

-La reforma de 2009 fue política y mire cómo ha salido...

-Sí, pero yo creo que por primera vez va a afrontarse una reforma del sistema de financiación donde los representantes valencianos, cuando tengan que hacer la concreción última después del informe del Comité Técnico, podrán ir y decir: Mire, esto no es un problema de que yo tenga que pasar por Ferraz antes de ir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, yo aquí vengo con un problema que ya es insoportable para la Generalitat valenciana y por lo tanto a mí no me digan cuál es la componenda, a mí explíquenme en términos de suficiencia, de equilibrio vertical, de distribución de los recursos entre CCAA, de lealtad institucional y de mayor o menor autonomía financiera. El resto no me lo expliquen porque yo cuando vuelva no puedo decirle a unas Corts que por unanimidad han dicho que lo tenemos que arreglar que no ha sido posible. O a las universidades, empresarios, sindicatos y demás, que voy a decepcionarles. 

Al Gobierno le decimos: haga usted la prueba de aplicar el sistema común de financiación a las comunidades forales y dígame cuál es el plus que genera tener el sistema foral

-¿Y el Cupo vasco?

-En la última reunión del Comité Técnico ya se dijo que nosotros no vamos a discutir cuestiones constitucionales sobre el sistema foral. Eso está en la Constitución, pues vale, pero haga usted la prueba de aplicar el sistema común de financiación autonómica a las comunidades forales y dígame cuál es el plus que genera tener el sistema foral. ¿Por qué? Por la determinación del Cupo y por no aportar dinero a la solidaridad. El fondo que financia los servicios públicos fundamentales, que en el modelo actual es el Fondo de Garantía y en el próximo será el Fondo Básico de Financiación, se nutre de recursos tributarios, pero después se intenta distribuir entre las CCAA atendiendo a un indicador objetivo, población o población ajustada. Y después, como hay diferencias de renta per cápita entre las comunidades, intenta nivelar para que no haya muchas diferencias. Incluya en ese sistema a las comunidades forales y dígame qué rendimiento sacarían si estuvieran en el régimen común y cuál es el que sacan en el foral. 

-¿Y se ha hecho esa simulación?

-Así de cabeza, puedo hacer los números, y no son números propios. En términos de las cuentas públicas territorializadas, que es una especie de balanzas fiscales atendiendo al criterio de carga-beneficio, el País Vasco, que es una comunidad con renta per cápita por encima de la media, no aporta, sino que recibe 3.000 millones al año. Sin embargo, otras CCAA de régimen común, como Madrid, Cataluña o las Islas Baleares, soportan déficit. Pero aún hay una situación más sangrante, que es la nuestra, porque siendo pobres resulta que tenemos que aportar recursos como si fuéramos ricos. No es que uno critique el instrumento. Que haya un régimen foral, bien, pero que no facilite un rendimiento que dé pie a que la sanidad, la enseñanza y la protección social del País Vasco disponga de un 30% de recursos más que el que tiene la media de las CCAA de régimen común. Y esa siempre será una referencia reivindicativa, quieran o no. Por tanto, hacen bien los que la quieren mantener en ponerle precio y negociar con el Estado. Lo que no hace bien el Estado es mantener ese sistema sin hacer los números. Es decir, como régimen foral tú aportas a las competencias del Estado, pero también tienes que aportar a la solidaridad. Vamos a ver cuánto aportamos a la solidaridad los demás y cuánto deben aportar ellos.

-El problema es que se pactó el Cupo para los próximos cinco años sin atender a la sugerencia de la comisión de expertos.

-En todas las reuniones del Comité Técnico aparece este tema y los representantes de la Administración Central dicen que eso no es cosa de ellos, que eso está en la Constitución. Y nosotros le decimos que no queremos ningún cambio constitucional, lo que queremos es que hagan los números que tendría el País Vasco en el régimen común, a ver qué sale.