SAN VICENTE DEL RASPEIG. Máquinas paradas, persianas hasta abajo y puertas cerradas en llave. Esta es la estampa que reina en España desde el lunes 30 de marzo, después de que el Gobierno aprobase, el domingo 29, el decreto que ordena el parón de los servicios no esenciales, una medida que ha obligado a cerrar a un alto porcentaje de comercios, industrias y demás protagonistas de las actividades empresariales. Un ejemplo de la fuerte sacudida que ha propinado esta decisión es San Vicente del Raspeig, un municipio que posee un tejido industrial sólido, a través de sus tres polígonos (Canastell, Torregroses e Inmediaciones), y donde sus establecimientos comerciales y hosteleros superan la cifra de los 900. En esta localidad se ha visto afectada el 76,58% de la actividad productiva, es decir, solo permanecen abiertos el 23,42% de la industria, los servicios y los establecimientos comerciales y hosteleros.
Si estos porcentajes se traducen en números, de las 1.422 empresas que están censadas en el municipio sanvicentero, son 333 las que continúan activas. Dividiendo este total por sectores, se encuentran 303 comercios abiertos (de los 814 totales), 12 en el ámbito de la hostelería (171 en total), 18 en servicios (369 en total) y un cierre completo de las 68 industrias que se alojan en la ciudad. Este último dato llama especialmente la atención debido a que, antes de que se decretara el cese de los servicios no esenciales, el panorama industrial era completamente opuesto, ya que todas las industrias permanecían activas.
Unas cifras que ayudan a completar las 741 empresas que continuaban abiertas, entre los comercios, la hostelería y los servicios, además de la ya citada industria. Es decir, tras decretarse el estado de alarma el sábado 14 de marzo, en San Vicente seguían funcionando el 52,11% del tejido empresarial o, lo que es lo mismo, casi la mitad de las empresas del municipio echó el cierre. Sin embargo, estos datos son aproximados, ya que se estima que posiblemente el porcentaje de cierres sea aún mayor, según advierten desde la Concejalía de Comercio e Industria, quien se ha encargado de elaborar estas estadísticas.
Con el alto porcentaje de cese de la actividad comercial y productiva, el concejal de Empleo, Desarrollo Local, Comercio e Industria, Alberto Beviá (EU), admite que el cierre de los servicios no esenciales supone un golpe muy duro para la ciudad: "La recuperación no será fácil, pero con el esfuerzo de todos y todas y las medidas de ayuda que estamos adoptando todas las administraciones iremos recobrando la actividad poco a poco y, con ella, la normalidad".
Y es que desde EU se han puesto sobre la mesa ciertas medidas con la finalidad de elaborar ayudas directas al comercio. "Una de las propuestas que estamos estudiando es, no que suspendan los pagos de SUMA, sino que los aplacen, al menos, seis meses. Y que los tres o cuatro meses después tengan interés cero", expone el edil. Unas cuestiones que Beviá considera que "sí ayudarán al comercio, porque a partir de la reincorporación se cuenta con un margen de tiempo para obtener liquidez y poder pagar los tributos municipales".
De forma complementaria a las decisiones que, en este sentido, se están tomando en el ámbito estatal y de la Comunitat Valenciana, los populares plantean una serie de medidas enfocadas a mitigar las circunstancias a las que se ven abocados los negocios de la localidad. El portavoz del Partido Popular en San Vicente, Óscar Lillo, declara que, si bien "es cierto que lo más urgente se centra en frenar la propagación de contagios y proporcionar los elementos necesarios para ello, no podemos esperar a que todo pase para empezar a trabajar sobre las consecuencias económicas que ya asfixian a pequeños empresarios y autónomos".
Para tratar de solventar el asunto, el grupo popular sugiere habilitar una línea de ayudas para el pago del alquiler, dirigida a comercios y empresas el tiempo que dure el estado de alarma; suprimir el pago de tasas por terrazas en la hostelería durante el resto del año para las y los hosteleros que las hubieran solicitado a fecha del estado de alarma; reducir, de manera proporcional, la tasa de basura a las pymes, comercios y hosteleros; crear una línea de subvención para el personal autónomo y pymes que les ayude a superar el período de gastos sin obtención de ingresos, y reducir las tasas de vados de carga y descarga en función del período de cierre de establecimientos debido a la pandemia.
El grupo municipal Ciudadanos también está contribuyendo en la elaboración de propuestas propias para tratar de suavizar el impacto en las empresas locales. Unas posibles medidas que ha entregado al equipo de gobierno con la intención de que las estudie: "Queremos seguir ayudando y poniendo nuestra experiencia política y profesional al servicio de San Vicente, colaborando con el Ayuntamiento para que adopte unas propuestas realistas y rigurosas, de carácter local y que se complementan con las que están aprobando otras administraciones", apunta el portavoz de la formación naranja, Pachi Pascual.
Entre las medidas propuestas en el ámbito empresarial coinciden con el PP en eximir de la tasa de ocupación de la vía pública (terrazas) a los establecimientos de hostelería y restauración hasta final de año, así como en abrir una línea de ayudas o subvenciones para apoyar a pymes y autónomos de San Vicente. También destacan las propuestas de bonificar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos a empresas, comercios, hostelería y otros sectores económicos afectados; aplazar el pago y exención fiscal del IBI y otros tributos municipales; bonificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE); eximir de la tasa de ocupación de la vía pública a los puestos de venta no sedentaria (mercado de los sábados, mercados ocasionales, puestos de churros...) hasta final de año, y suspender el pago del canon de explotación de cafeterías y kioscos-bares y el precio público del Vivero Municipal de Empresas por el periodo del estado de alarma.
Aunque la mayor parte de la lista se enfoca hacia el sentido económico -una preocupación compartida por todas y todos-, Ciudadanos también incluye sugerencias como la de habilitar una ventanilla única municipal para asesorar e informar sobre las ayudas de las diferentes administraciones públicas y crear un comité extraordinario de emergencia para evaluar y proponer medidas, con representación de los sectores productivos y miembros de los grupos políticos municipales.