Foto: EVA MAÑEZVALÈNCIA. Al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, le pilló por sorpresa la detención del exjefe del Consell, Eduardo Zaplana. Dijo sentirse "impactado por las noticias" que fueron apareciendo a lo largo de este martes. Por el contrario, a los partidos del Botànic y Ciudadanos, el arresto del también exministro de Trabajo no les sorprendía. Podemos, Compromís, PSPV y Ciudadanos coincidían en que este presunto delito de blanqueo de capitales del que fuera también alcalde de Benidorm se suma a la "retahíla de casos corrupción" en las filas populares.
La primera en pronunciarse fue la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez. "Es un día triste porque se ha demostrado que la corrupción estaba asentada en el bipartidismo de la Comunitat y de España. Parece que no cesa esta romería de altos cargos de la Comunitat, de dirigentes del PP, a los juzgados", señaló la síndica del partido de Albert Rivera en el parlamento valenciano. "Lo lamentable es que no sea una sorpresa y que se sume un expresidente más a la retahíla de representantes del PP que han estado implicados en casos de corrupción", añadía el secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Estañ.
En este mismo sentido se pronunciaba su homólogo de Compromís, Fran Ferri, que en declaraciones a los medios aseguró no sentirse sorprendido por este "nuevo caso de corrupción del PP" ya que "no son casos aislados", sino que se trata del "caso del PP". "En el seno del partido se peleaban entre zaplanistas y campsistas pero al final todos tenían una finalidad, que era corromper las instituciones públicas y utilizar recursos públicos para su beneficio", aseveró.
Más contundente se mostró el líder de los socialistas en el parlamento valenciano. Mata llegó a asegurar que con Zaplana "empezó todo al comprar la Alcaldía de Benidorm y una trásfuga". "Esta mañana decía de broma que de la boda de la hija de (José María) Aznar menos los camareros todo el mundo va a acabar teniendo problemas judiciales", apuntó el dirigente del PSPV. "Estaba cantado, y Al Capone y otros también cayeron por temas de impuestos y de blanqueo", zanjó.
Por su parte, el secretario general de los socialistas valencianos advirtió que a él "en principio", que un expresident de la Generalitat esté en estas circunstancias le produce "tristeza". Ahora bien, aseguró que una vez se conozcan todas las "circunstancias" exigirán al PP todas las responsabilidades.
Respecto a la petición de documentación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la Conselleria de Economía de todo el expediente de concesión administrativa de las ITV de 1997 -año en el que fueron privatizadas con el gobierno de Eduardo Zaplana- y el expediente de contratación sobre el desarrollo del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, Puig manifestó la voluntad de colaboración del actual Consell. "La Generalitat dará toda la información como no puede ser de otra manera. Queremos que se sepa todo lo que ha pasado en todos los procesos durante todo este tiempo para que definitivamente se puedan tomar decisiones en el ámbito jurídico y político y para que haya un retorno del dinero que se haya robado", subrayó.
Resultó significativa la descoordinación que mostró el PP nacional con su delegación valenciana. No en vano, mientras el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, anunció tras conocerse la noticia que suspenderían de militancia a Zaplana y todos los militantes que fuesen detenidos en la misma operación, la vicesecretaria del PPCV María José Catalá comparecía para anunciar que solicitarían a Génova que abriesen expediente informativo al expresidente de la Generalitat Valenciana y se le suspendiera cautelarmente de militancia.
El "número tres" del PP renoció que la suspensión era una decisión "drástica y difícil" pero subrayó que la detención era una causa suficientemente "grave" como para tomarla. Maíllo admitió que Zaplana había sido una persona "muy importante" en el partido en otro tiempo, pero que cada uno debía "responder de sus propios actos" y, por tanto, tendría que hacerlo "ante la justicia".
Aunque recordó que el exministro llevaba diez años alejado de la política y sin ocupar ningún cargo público insistió en que la gravedad del asunto les obligaba a tomar esta decisión.
