Puigdemont contrata al abogado de varios etarras en Bélgica y se plantea pedir asilo político

VALÈNCIA. El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se desplazó este lunes a Bruselas junto a cinco exconsejeros de su Gobierno y mantuvo varios contactos con "abogados y responsables políticos" con la intención de solicitar asilo político en Bélgica, según apuntan varios medios locales. En ese sentido, el abogado que durante años ha defendido a varios etarras detenidos en Bélgica para tratar de evitar su extradición a España, Paul Bekaert, aseguró que Puigdemont le ha designado asesor legal.

El viaje de Carles Puigdemont a Bélgica se ha conocido el mismo día que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado una querella contra él por los delitos de rebelión, sedición y malversación. Junto al expresidente de la Generalitat de Cataluña viajaron los exconsejeros Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Dolors Bassa y Antoni Comin.

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"He hablado personalmente con él. La conversación tuvo lugar en Bélgica, pero no puedo decir nada al respecto", ha indicado el letrado a la cadena flamenca VRT.

Bekaert ha añadido que Puigdemont le ha pedido que "defienda sus intereses en Bélgica en el futuro".

El abogado Bekaert es conocido en España por haber defendido a varios miembros de la banda terrorista ETA detenidos en Bélgica y para los que las autoridades españolas solicitaron la extradición.

En total, Bekaert se encargó de cuatro casos, entre ellos los de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, cuya extradición a España fue rechazada.

En declaraciones a Europa Press previas a conocerse que asesorará a Puigdemont, Bekaert ha recordado este mismo lunes que en todos los casos intentó la vía del asilo político para evitar la extradición de sus defendidos, pero que "en todos los casos (esa posibilidad) fue rechazada" por las autoridades competentes.

El abogado de Carles Puigdemont, Paul Beckaert, aseguró que la Audiencia Nacional era un tribunal de excepción y una "herencia del franquismo". Así lo afirmó en el diario 'Gara' en el año 2005, cuando aseguraba que este tribunal es "exclusivo" para los "activistas vascos", que es como denominó a los etarras. Además, acusaba a España de no ser "ni de lejos" un "Estado constitucional maduro".

Precisamente, el Fiscal General del Estado ha presentado hoy dos querellas, una ante la Audiencia Nacional y otra ante el Tribunal Supremo, para que declaren por rebelión, entre otros delitos, los exmiembros del Gobierno catalán y los integrantes de la Mesa del Parlamento autonómico, en función de si están o no aforados.

Las querellas se han presentado el mismo día en el que se ha conocido que Puigdemont se ha trasladado a Bélgica y ha contratado al abogado de etarras en este país, Paul Beckaert. Un letrado que escribió un artículo en el diario 'Gara' en noviembre de 2005 cargando contra la Audiencia Nacional y contra el exjuez Baltasar Garzón, después de que la Universidad Libre de Bruselas le concediera la distinción Doctor Honoris Causa.

Tras criticar en aquel momento que Garzón era un juez "número uno mediático", le acusó de realizar "servicios" para el "Estado español", de ser el "padre espiritual, el motor, de la caza de vascos" y de haber establecido la "criminalización del movimiento independentista vasco".

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 Por otro lado, el vicepresidente de la Generalitat cesado y líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido que el presidente cesado, Carles Puigdemont, explicará el martes el "trabajo" que hace desde Bruselas (Bélgica).

"En todo caso, el presidente se explicará. No me corresponde a mí hablar por el presidente. El presidente ha dicho que mañana se explicará en torno a esta cuestión. Seguro que lo hará mucho mejor que yo", ha respondido en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, al preguntársele si Puigdemont pretende pedir asilo político.

Junqueras ha añadido que las elecciones convocadas por el Gobierno central para el 21 de diciembre son como todos los comicios: "una oportunidad" para defender las ideas, y también ha asegurado que él no dejará de defender las suyas aunque Fiscalía le exponga a hasta 30 años de cárcel.

El Supremo sigue deliberando

La Sala de admisiones del Tribunal Supremo, que integran cinco magistrados, no ha concluido este martes su análisis sobre la admisión a trámite de la querella por rebelión, sedición y malversación presentada por la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa del Parlament que participaron en el denominado 'procés' y la declaración unilateral de independencia.

La querella se presenta contra un total de seis personas: la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los también miembros de la Mesa y diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet --todos ellos miembros de la Diputación Permanente de este órgano, y por ello aforados-- y contra el secretario tercero de la misma Joan Josep Nuiet i Pujals, de Sí que es Pot.

La deliberación, que comenzó a las 19.30 horas, se interrumpió hora y media más tarde y proseguirá mañana martes. El ponente de la resolución que previsiblemente se dictará entonces el propio presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, y completarán este órgano los magistrado Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, han informado fuentes del alto tribunal.

A los querellados de les atribuye entre otros el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel, al entender el Ministerio Público que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es "patria común e indivisible de todos los Españoles".

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La posible competencia del Supremo respecto de todos ellos se justifica según el Ministerio Público en el artículo 57.2 del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña para los miembros del Parlament, que atribuye al alto tribunal el conocimiento de la responsabilidad penal "fuera del territorio de Cataluña".

Para la Fiscalía, los hechos de los que se acusa a los parlamentarios "se han desarrollado más allá del territorio de Cataluña y han producido efectos traspasando el territorio de dicha comunidad autónoma, irradiando al resto del territorio nacional". Añade que el aforamiento de todos ellos subsiste en tanto mantienen sus cargos como miembros de la Diputación Permanente del Parlamento de Cataluña.

El conjunto de acciones delictivas atribuidas a los parlamentarios "excede con mucho el acto mismo de la declaración o proclamación de un Estado independiente" para retrotraerse al periodo de creación de las condiciones para tal declaración, y extiende además sus efectos "más allá del ámbito parlamentario en todo lo que afecta a la redefinición de las relaciones de las distintas partes del territorio español, y de éste con la comunidad internacional".

Así, incide la Fiscalía en que los hechos son materia del Supremo por los actos cometidos "bien en el extranjero, bien con agentes y operadores de terceros países, con la finalidad de crearse una imagen internacional que les coloque en una posición de fuerza para conseguir su objetivo final.

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Por lo que se refiere a los delitos atribuidos, cuya investigación también se discute por los magistrados de la Sala de admisiones, la Fiscalía atribuye a todos los querellados el de rebelión al entender que los "cimientos del Estado de Derecho han sido dinamitados" con sus actos, "realizados con absoluto desprecio" a la Constitución y proclamando la independencia de una parte de la Nación española, que es "patria común e indivisible de todos los Españoles".

Añade que la violencia que requiere el tipo penal de rebelión "no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas". "Se trata de un delito de resultado cortado o de consumación anticipada en el que es suficiente que con el alzamiento se haya producido un peligro objetivo para la consumación de los fines rebeldes", añade para justificar la atribución de este delito, el mismo por el que fueron condenados los responsables del 23-F.

En todo caso, de entenderse que algún elementos del delito de rebelón no concurre en los hechos objeto de esta querella, éstos serían constitutivos de un delito de sedición, el mismo por el que ya se encuentran en prisión los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Fernández y Jordi Cuixart, e investigado el exmayor de los Mossos d'Esquadra José Lluís Trapero y una de sus intendentes.

También cita la querella el delito que cita la "provocación, la conspiración y la proposición para cometer el delito de rebelión; el delito de malversación de fondos públicos -por el importante gasto que han generado sus comportamientos, "ontológicamente ajenos a la función pública"-.

Entre los testigos a comparecer en el Supremo la Fiscalía incluye a los miembros de la Mesa José María Espejo-Saavedra (de Ciudadanos) y David Pérez Ibáñez (del PSC), así como del letrado mayor del Parlament Antoni Bayona i Rocamora y el secretario general del mismo, Xabier Muro.

La Fiscalía también pide que se una a la causa copia de los acuerdos de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación y debate de las Ley de referéndum y el acta de las sesiones del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre y de los días 26 y 27 de octubre (cuando se aprobó la declaración de independencia); diversas resoluciones del Tribunal Constitucional, y una hoja "histórico penal" de los querellados.