Prisión eludible con 150.000 euros para Forcadell, libertad con fianzas de 25.000 para el resto y libertad para Nuet

   Antes de concluir la vistilla en la que la Fiscalía ha solicitado medidas cautelares, como la prisión, para cinco de los investigados que han declarado este jueves durante siete horas por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por los hechos relacionados con el debate en la cámara parlamentaria y la proclamación de la independencia, el magistrado ha dado la oportunidad a los investigados para ofrezcan un último alegato.

   En este momento, en este turno de última palabra, Forcadell y al menos tres de los exmiembros de la Mesa han manifestado que renuncian a la unilateralidad con la que se declaró la independencia de Cataluña, adhiriéndose a la declaración prestada por Ramona Barrufet.

PACTO PARA LA INDEPENDENCIA

   La exsecretaria cuarta de la Mesa del Parlamento catalán ha manifestado durante su declaración que el referéndum del 1-O no tuvo validez, ya que no contaba con garantías, han precisado las fuentes presentes en la misma. En otro momento, la parlamentaria habría rechazado, según las mismas fuentes, la vía unilateral y reconocido que el proceso sólo podría desarrollarse con pacto, además de decir que acata la aplicación del artículo 155 de la constitución.

   La Fiscalía ha solicitado prisión incondicional para Forcadell, Lluís María Corominas, Lluís Guinó y Anna Simó, mientras que Barrufet ha pedido su ingreso en la cárcel eludible bajo fianza. Para el último de los investigados, Joan Josep Nuet, el Ministerio Público ha interesado su libertad con comparecencias periódicas.

   Este último giro, puede servir para que el juez no atienda a la totalidad de la solicitud de la Fiscalía y adopte unas medidas cautelares más leves. Forcadell, durante algo más de dos horas de declaración, ha asumido la aplicación del artículo 155 de la Constitución que conllevó a la disolución de la Cámara legislativa autonómica.

   La presidenta del Parlamento catalán también ha matizado las consecuencias jurídicas que a su juicio tiene la declaración de independencia unilateral (DIU) que fue aprobada el pasado 27 de octubre, y a la que se habría referido como "simbólica" y "declarativa".