VALÈNCIA. Compromís no tira la toalla para rebajar la barrera electoral valenciana al 3%. Bajar el listón más alto de toda España para acceder a un parlamento autonómico era uno de sus principales compromisos al inicio de la legislatura. Y aunque este pasó a ser un reto frustrado en febrero tras la negativa de Ciudadanos a dar su apoyo a la propuesta de reforma de ley electoral que los valencianistas presentaron junto a PSPV y Podemos, la coalición sigue presionando para ver cumplido su objetivo.
Este lunes Compromís presentó una moción en el Senado en la que reclamaba que se desbloquease en el Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana que lleva paralizada desde 2011. Un bloqueo que afecta a dos cuestiones clave para la autonomía y que han marcado la agenda valenciana de esta legislatura en el poder ejecutivo y legislativo respectivamente: el sistema de financiación y la reforma del sistema electoral valenciano.
Conviene señalar que su reforma se ha retrasado hasta un total de 45 veces en el Congreso de los Diputados. Una situación que difiere, por ejemplo, de la del estatuto canario, que apenas estuvo unos meses esperando a que se iniciara su tramitación mientras gobernaba el PP de Mariano Rajoy. Cabe recordar que Coalición Canaria ofreció sus votos al Gobierno popular para aprobar los Presupuestos de este año. No en vano, ahora, con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, las aspiraciones de los valencianistas es que cambien los equilibrios en la Cámara Baja para poder abrir el melón de la reforma estatutaria.
Una modificación que serviría, según el senador de Compromís Carles Mulet, para acometer "grandes cambios" en el sistema electoral valenciano, ya que aunque la Ley Electoral Valenciana (LEV) se puede cambiar desde Les Corts Valencianes, es necesario un nuevo Estatuto si las reformas quieren ser más amplias. "Podemos hacer pequeñas modificaciones, pero sin el Estatuto de Autonomía nos quedaremos en una reforma de mínimos", subrayó este lunes el portavoz de la coalición en la cámara territorial.
Precisamente este fue el argumento de Ciudadanos para rechazar hace casi ya medio año, la reforma en la que los grupos parlamentarios valencianos -a excepción del PP- estuvo trabajando en la comisión correspondiente de Les Corts: el partido de Mari Carmen Sánchez justificó su rechazo en que no quería una reforma de mínimos. Pedía que los cambios incluyeran la circunscripción única, es decir, eliminar las tres demarcaciones provinciales actuales para dejar una sola de carácter autonómico. Una opción que exigiría una reforma del artículo 24 del Estatut.
La aplicación de este método en la Comunitat Valenciana buscaría terminar con la sobrerepresentaciones de algunas demarcaciones valencianas, como sería el caso de la provincia de Castellón. Con el 11% del peso poblacional, obtiene en cada elección 24 de los 99 diputados de Les Corts, mientras que Alicante tiene 35 y València 40 con un 38% y un 51% de población total respectivamente. En término de electores, cada diputado de Castellón resulta electo por apenas 17.300 votantes, Alicante por 35.600 y en la provincia de València por 48.600. Un desequilibrio que se saldaría con la circunscripción única, por la que se haría una lista de 99 diputados en la que la representación de cada territorio fuese proporcional.
Ahora bien, aunque se iniciara ahora la reforma del Estatut en el Congreso de los Diputados, resultaría complejo -casi imposible- que en las elecciones de mayo de 2019 la barrera electoral fuese ya del 3%. Apenas quedan nueve meses para la cita en las urnas y la cámara valenciana se disolverá previsiblemente en marzo del próximo año -siempre y cuando no se produzca un adelanto electoral-, por lo que las listas para los comicios en seis meses muy probablemente estarán divididas todavía en las tres demarcaciones provinciales.
