SAN VICENTE DEL RASPEIG. Los grupos municipales de Podemos y Esquerra Unida han anunciado una moción al próximo pleno para que el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig inste al Gobierno Central a incorporar a la futura Ley de Vivienda un total de ocho puntos “imprescindibles para proteger y garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda”.
El portavoz de Podemos, David Navarro, recuerda que “es imprescindible que la futura Ley de vivienda no solo contemple, entre otras medidas, la paralización de los desahucios a las personas y familias más vulnerables que ven cómo sus derechos más fundamentales son tratados como bienes de mercado, sino también que se les garantice tanto el acceso a una vivienda digna y asequible como la accesibilidad a los suministros básicos como son el agua, la luz, el gas y las telecomunicaciones”.
Para la portavoz de Esquerra Unida, Raquel Rodríguez, “nuestra formación política está contribuyendo a conseguir que la vivienda deje de ser un derecho destruido por el arbitrio del mercado, que lo ha convertido en un negocio depredador, especulativo y voraz que tiene en los desahucios su cara más salvaje”. A su entender, es prioritario y urgente terminar con los desahucios, blindar la función social de la vivienda y evitar las subidas abusivas de precios en el mercado de alquileres, por parte de grandes propietarios.
La redacción de esta ley es una oportunidad única para proteger verdaderamente el derecho a la vivienda. En este sentido, es primordial que se escuche a las organizaciones y colectivos expertos en la materia para que la ley resultante esté a la altura de las necesidades de la gente y nos proporcione las herramientas necesarias para abordar la emergencia habitacional que sufrimos.
Los puntos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que Podemos y Esquerra Unida llevan al pleno son: garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo; fin a desahucios de personas vulnerables; asegurar y ampliar el parque público de alquiler social; regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población; garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones; garantizar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda, y participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.