VALENCIA. El grupo parlamentario de Podemos decidió la pasada semana no llevar al pleno de Les Corts la enmienda a la Ley de Acompañamiento en el que se planteaba una limitación de mandatos para las cajas de ahorro, lo que afectaba a Caixa Ontinyent, única superviviente valenciana de la hecatombe financiera acaecida en los últimos años.
Como ya informó Alicante Plaza, esta iniciativa, que Compromís había respaldado públicamente y que incluso había tratado de impulsar desde dentro del Consell, causó un fuerte malestar en su socio de gobierno, el PSPV-PSOE, que ya había rechazado la intención de promover una limitación de esas características cuando el asunto se planteó en el Ejecutivo.
En este sentido, en el seno del grupo socialista se considera que fue Compromís quien animó a Podemos a presentar la enmienda para no ser ellos mismos, después de haber recibido la negativa en el ámbito del Consell, quienes dieran ese paso adelante. Un extremo que fue negado tanto por la formación morada como por la coalición.
Con estos antecedentes, la enmienda fue a votación en comisión, donde el PSPV se alió a PP y a Ciudadanos para rechazar la iniciativa, que solo contó con el respaldo de sus impulsores, Podemos, y de Compromís. No obstante, el siguiente paso debía ser que esta propuesta fuera llevada a pleno, donde se hubiera votado de nuevo y se habría escenificado ese voto alineado -incómodo para los socialistas- de PSPV, PP y Ciudadanos.
No obstante, fuentes de Podemos confirmaron a Alicante Plaza que desde su grupo decidieron días atrás no incluir la enmienda entre las que quedan 'vivas' para el pleno. Sus argumentos, según miembros del grupo, se centran en que no había posibilidad de sacarla adelante y prefirieron "tratar de marcar diferencia en otros asuntos". Sin embargo, otras fuentes consultadas por este diario señalan que el secretario general y portavoz parlamentario de Podemos, Antonio Montiel, también mantuvo contactos con miembros de la dirección de Caixa Ontinyent que le trasladaron el malestar por la iniciativa.
La enmienda de Podemos proponía una nueva redacción del artículo 20.1 de la Ley de Cajas de Ahorros Valencianas de 2015. El artículo 20.1, relativo al "Nombramiento, renovación y provisión de vacantes" de los órganos de gobierno de las cajas, dice así en su redacción actual:
"Las personas miembros de los órganos de gobierno serán nombradas por un periodo de seis años, pudiendo ser reelegidas siempre que continúen cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 18. No obstante, las personas vocales independientes del consejo de administración y de la comisión de control no podrán ostentar tal condición durante un periodo superior a 12 años".
La redacción propuesta por Antonio Montiel, firmante de la enmienda, era la misma sin la palabra "independientes", lo que significaba que el límite de 12 años de permanencia en el Consejo de Administración y la Comisión de Control no afectaría sólo a los vocales independientes, sino a todos. Los efectos inmediatos serían que tres de los ocho miembros actuales del Consejo de Administración no podrían continuar: el presidente, Antonio Carbonell; el vicepresidente, Antonio Gil Montes, y el vocal José Pla Barber.
El Consejo de Administración de Caixa Ontinyent, que tiene diez asientos aunque dos están vacantes, va a ser renovado en los próximos meses para adaptarse a la ley de 2015, que reduce el peso político en los órganos de gobierno y obliga a que en el Consejo haya cinco "independientes", es decir, cinco personas que no pertenezcan a la Asamblea General.
Desde Compromís, su portavoz en Les Corts, Fran Ferri, afirmó que la coalición había presentado una enmienda similar en 2015 que sí fue apoyada por el PSPV, aunque lo cierto es que dicha enmienda lo que hacía era reducir el mandato a partir de entonces a ocho años en lugar de a 12, pero manteniendo la palabra "independientes" en el límite total. Con esa redacción, los tres consejeros afectados podrían haber continuado.
Tras publicar este periódico el contenido de la enmienda de Podemos, la Comisión Ejecutiva de Caixa Ontinyent aprobó e hizo público un documento con "observaciones" encaminadas a frenarla.
En el texto sostenía que limitar el mandato de los consejeros generales resulta "antidemocrático, ya que supone prescindir de la voluntad de los propietarios de la entidad, en este caso de la propia sociedad".
En otro de los puntos del comunicado, los consejeros manifestaban que la limitación "resulta incongruente e incluso contradictoria con la nueva legislación sobre requisitos y evaluación de la idoneidad, toda vez que uno de los valores que se destacan es, precisamente, la experiencia en el cargo, incluso con un proyecto de guía del Banco Central Europeo que prevé una experiencia mínima de 10 años para acceder al cargo de presidente".
Aseguraban también que, con esta medida, Caixa Ontinyent "supondría una excepción dentro de todo el sistema financiero español", ya que en el resto el límite de 12 años es sólo para los consejeros independientes.