PNLs: las otras exigencias del Botànic a Rajoy que hereda Pedro Sánchez

VALÈNCIA. La reforma del sistema de financiación no es la única exigencia que el Botànic ha reivindicado en esta legislatura. Durante estos tres años en la bancada de la oposición estatal, los partidos que sustentan el Gobierno valenciano han registrado centenares de propuestas e iniciativas instando al Ejecutivo central a resolver problemas valencianos de diversa índole. No en vano, las proposiciones no de ley son la herramienta parlamentaria que le queda a los partidos de la oposición para controlar al ejecutivo desde el legislativo.

Lejos de analizar la utilidad que tienen todas estas PNL –al no ser de carácter legislativo, no son vinculantes y frecuentemente los gobiernos las ignoran e incumplen–, el rol de oposición ha permitido que estas cartas a los Reyes Magos de PSPV, Compromís y Podemos sean más ambiciosas. De hecho, desde 2015 han instado e instado hasta la saciedad con una larga lista de propuestas para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, la mayoría de ellas incómodas por lo cuantiosas que son para las arcas públicas.

La falta de respuesta al otro lado del aparato no solo les ha dotado de artillería suficiente para aplacar al PPCV semana tras semana en los plenos de Les Corts, sino que también les ha permitido mantener un discurso reivindicativo. Su mayoría parlamentaria ha posibilitado, además, que todas esas demandas hayan salido adelante. Un paquete de PNL, mociones, y propuestas de resolución aprobadas en el debate de política general que ahora hereda el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todo su Consejo de Ministros.

En la extensa y ambiciosa lista de deberes pendientes que ahora tiene Sánchez, encomendados también por los socialistas en su día, hay temas de naturaleza estatal como la reforma laboral que aprobó el PP en la anterior legislatura, así como elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores; la reestructuración del sistema de pensiones negociada con los sindicatos; o la derogación de la conocida como "ley mordaza", encargo que Sánchez ya ha avisado que será su primera acción desde el Ejecutivo. Eso sí, sólo suprimirá algunos artículos, y su grupo en Les Corts pedía la nulidad completa. 

Ahora bien, entre todas las PNLs destacan algunas referidas a cuestiones valencianas como la condonación de la deuda contraída por el Consorcio Valencia 2007 con el Instituto de Crédito Oficial; una proposición no de ley impulsada por los socialistas y validada en julio de 2016 en el parlamento valenciano. La deuda de La Marina fue comprada hace poco por el fondo norteamericano TCA ECDF Investments. Operación que despertó un profundo malestar en el Alcalde de València, Joan Ribó, que tachó el gesto del banco de "deslealtad". 

El PSPV también registró una PNL el pasado mes de noviembre en la que solicitaba al Ejecutivo de Rajoy la condonación de la deuda contraída por la infrafinanciación. Sobre la mesa también se encuentra otra proposición no de ley registrada por todos los grupos del arco parlamentario valenciano -excepto el PP- que solicitaba la gratuidad de la AP-7 "al paso por las comarcas de Castellón como respuesta a los problemas de circulación de personas y mercaderías por este territorio". Exigencia que este mismo viernes recordó el senador Carles Mulet al nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Entre los compromisos a largo plazo, despuntan además el cierre y desmantelamiento de la central nuclear de Cofrentes en marzo de 2021 –contando con que Sánchez siga en el Gobierno-; el rediseño de las características del proyecto del Tren de la Costa para considerar su viabilidad y así optar a futuras inversiones en los Presupuestos Generales del Estado; o la propuesta aprobada esta misma semana para la "regulación y fácil acceso" a los tratamientos terapéuticos con cannabis, así como la reforma legal pertinente para regular el autocultivo para uso legal.

Los del puño y la rosa también demandaron en su día a la exministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, un Plan Nacional del Agua, crear un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía, otro para acometer las obras recogidas en el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura y la creación de un Banco público del agua; a Méndez de Vigo descentralizar la cultura y proyectarla a las comunidades autónomas, además de actuar como promotor y coordinador del intercambio de culturas diversas; y a Cristóbal Montoro reducir el IVA del vino español al 10%. Todas estas, tendrán ahora que gestionarlas Luis Planas, Màxim Huerta y María Jesús Montero. 

Propuestas socialistas por aprobar

Un año después de que el parlamento valenciano aprobara la PNL que pedía liberalizar la AP-7 en el tramo de las comarcas castellonenses, el PSPV reivindicó el pasado mes de mayo que una vez finalizase la concesión actual de gestión con Abertis, la autopista pasase a ser de gestión pública y uso gratuito en su todos sus tramos. Una iniciativa que, de momento, aún no ha sido aprobada en Les Corts, pero que no tendría dificultad para salir adelante –siempre y cuando no sea retirada por el propio grupo socialista– puesto que cuenta con el respaldo de Podemos y Compromís. Con estos apoyos, pasaría a ser otro de los deberes valencianos de Sánchez.

Más complicado tendrá el presidente del Gobierno cumplir con otra de las resoluciones impulsadas por el PSPV, en concreto por la recién nombrada consellera de Sanidad, Ana Barceló. En abril, la todavía portavoz adjunta registró otra PNL instando al Consell para que este instara al Ejecutivo central a incluir "la línea presupuestaria que corresponda para la financiación de la Autoridad del Transporte Metropolitano de València mediante enmienda a los Presupuestos de 2018". Los socialistas pedían 38 millones y se quejaron de que Cs quisiera "anotarse el tanto" de haber arrancado a Cristóbal Montoro en las negociaciones 10 millones de euros para esta partida.

Tras el anuncio de Sánchez de no querer modificar las cuentas de este ejercicio y retirar las enmiendas en el Senado, queda prácticamente descartado que se atienda esta proposición no de ley. No en vano, el síndic socialista Manolo Mata ya advirtió esta semana que serían "10 millones o ninguno".

Compromisos aprobados que levantaron ampollas

En diciembre de 2016, también se aprobó en el parlamento valenciano un texto no legislativo impulsado por Podemos que instaba al Gobierno de España a "no autorizar la firma o la ratificación del Acuerdo económico y comercial global (CETA) sin realizar un informe y un análisis detallado" que evaluara "las repercusiones sobre los principales sectores económicos e industriales".

Un año después de registrar aquella PNL, Sánchez –desde la oposición– retiró su apoyo al acuerdo abriendo con ello otro frente con algunos barones territoriales; entre ellos, Ximo Puig, que preparaba un viaje a Canadá. Para sortear las disputas internas, finalmente los socialistas finalmente se abstuvieron en la votación.

Esperanzas con la reforma de la financiación

La respuesta de Sánchez a Joan Baldoví (Compromís) cuando en la moción de censura a Mariano Rajoy le preguntó por la reforma del sistema de financiación autonómico produjo cierta desazón entre los diputados valencianos. También entre los socialistas, aunque sean pocos los que lo admitan en privado, pues esta es la principal reivindicación que el Botànic ha puesto en la agenda valenciana en esta legislatura con Ximo Puig al frente de la Generalitat.

Ante la insatisfactoria respuesta, los valencianistas llevaron este jueves a Les Corts una declaración institucional en la que se reiteraba "la vigencia de la agenda valenciana ante el nuevo Gobierno del Estado". Fue un aviso a los socialistas para demostrarles que no bajarán la guardia hasta conseguir ver cumplida esta exigencia pese al cambio de Gobierno. 

Horas después la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, anunció que Sánchez recibirá de "forma inmediata" a los presidentes autonómicos para empezar a abordar la cuestión. Con este gesto, tendía la mano a las autonomías demandantes de esta reforma para que no crean que va a quedar guardada en el mismo cajón en el que la mantuvo el PP –el sistema actual lleva caduco desde 2014-.

Por lo que respecta a la financiación local, conviene señalar que el PSPV también impulsó y consiguió que se aprobara otra PNL de carácter reivindicativo en mayo de 2017 para permitir a los ayuntamientos usar su superávit en función de las necesidades que cada uno de los municipios tuviera.

Les Corts instaban al Gobierno central a que con "carácter inaplazable y por la vía de urgencia" adoptara "las iniciativas legislativas que permitan a las entidades locales españolas reinvertir su superávit sin tener que generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier aplicación presupuestaria que consideren oportuna a fin de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y con el único límite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria". No obstante, Sánchez no tendrá que atender esta PNL, ya que el pasado mes de marzo el anterior Ejecutivo aprobó un decreto que permitirá a los ayuntamientos a reinvertir 5.000 millones de superávit en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales.