VALÈNCIA. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de interinos en las administraciones públicas continúa provocando una cascada de reclamaciones por parte de los afectados a la Generalitat Valenciana y en concreto a la Conselleria de Justicia y Administración que dirige Gabriela Bravo para que les convierta en personal fijo.
De forma continuada, decenas de interinos se están sumando a las demandas ya presentadas por otros que lo hicieron previamente y se hallan en su misma situación. La última remesa, publicada este martes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) suma un total de 25 demandantes.
Para comprender el conflicto actual cabe remontarse al fallo del alto tribunal, que reconocía la desprotección y el abuso que sufren trabajadores interinos del sector público español. Más allá de admitir que este colectivo se encuentra en situación de abuso y fraude de ley, instaba también al Estado a aplicar medidas para zanjar esta temporalidad y a transponer las directivas europeas. Una sentencia a raíz de la cual varios interinos presentaron un escrito a la Administración valenciana para que o bien se reconociera su carácter de personal fijo, sus plazas no salieran convocadas en futuras Ofertas Públicas de Empleo (OPE) o bien fueran indemnizados.
Unas peticiones que, según el sindicato CSIF, la Conselleria de Función Pública no respondió en el plazo máximo establecido que marca la Ley de Procedimiento Administrativo, que es de seis meses. El silencio administrativo (negativo en este caso y que, por tanto, implica rechazar las peticiones de los demandantes) ha dado paso a que varios trabajadores públicos temporales den un paso más allá y pasen de la vía administrativa a la judicial: al menos medio centenar de interinos han interpuesto un recurso contencioso-administrativo para obligar a la Generalitat a responder a las solicitudes que han planteado.
El pasado mes de mayo el DOGV ya publicó la primera remesa de interinos que habían reclamado a la Generalitat convertirse en fijos. Entonces la cifra se situaba en apenas 28 personas, pero tal y como estaba previsto, la cifra se ha visto incrementada por que en aquel momento el el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) emplazó a las personas que pudieran estar interesadas a sumarse a estos recursos. Un hecho que ya se ha consumado y que ha incrementado la cifra en 25 demandas más, por lo que por lo pronto las peticiones ya suman 53 afectados.
La sentencia europea, eso sí, deja en manos de la justicia española las medidas sancionadoras para compensar la situación de estos trabajadores. De manera que tienen que ser los tribunales nacionales los que decidan en cada caso si obligan a la administración pública empleadora a hacer fijo al trabajador o a pagarle una indemnización por término de contrato o despido, a la que no tienen derecho según la normativa nacional.
Los recursos contencioso-administrativos de los interinos de la Administración de la Generalitat de ahora se suman ahora también a los que hace ya casi un año presentaron un centenar de empleados del Ayuntamiento de València. La Junta de Gobierno Local desestimó el pasado mes de julio 41 solicitudes de interinos con el objeto de que se equiparasen sus plazas a las de funcionario de carrera. A estas se sumaron además las demandas de otros 60 interinos del mismo consistorio cuyos recursos ya habían llegado al TSJCV.
Por otra parte, conviene recordar que este lunes la Sala Cuarta del Tribunal Supremo rectificó su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declarase contraria a Derecho comunitario la jurisprudencia española que permite renovar contratos temporales en el sector público a la espera de procesos selectivos para los que no existe un plazo concreto fijado.
Una sentencia que, sin embargo, no afectaría a los interinos de la Administración de la Generalitat ni cambiaría su situación puesto que el fallo afecta al personal laboral del sector público y no a los funcionarios interinos, que cuenta con un régimen diferente, según explican desde CSIF. Por el momento, en el sindicato desconocen el alcance que podría tener para los trabajadores temporales del sector público.