Sede de la Conselleria de Sanidad, donde se realizaron registros. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. La última operación contra la corrupción desarrollada este jueves en València ha evidenciado, una vez más, que la familia Blasco tiene mucho que explicar a la Justicia. Nueve detenidos ha sido el saldo provisional en una jornada que deja dos familiares más del otrora poderoso conseller Rafael Blasco, hoy en prisión por el caso Cooperación. Con ellos ya son cinco los miembros de la saga familiar alcireña investigados por corrupción.
Al propio Rafael Blasco; su mujer, Consuelo Císcar, y el hijo de ambos Rafael, conocido por su nombre artístico, de Rablaci -estos dos investigados en el caso IVAM-, se unen ahora dos sobrinos del siete veces conseller: Sergio Blasco Perepérez, exgerente del Hospital General de València, y su hermano Francisco, hijos del que fue presidente de la Diputación de Valencia Francisco Blasco. No se descarta que otro Blasco, Francesc Blasco Tello, sobrino de Sergio, esté siendo también investigado.
De hecho, las detenciones realizadas por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía Nacional (UDEF) en la que han caído Sergio y Francisco, nacieron de una declaración de un testigo protegido en un proceso abierto contra su tío Rafael. A ello, se unió la exhaustiva investigación y posterior denuncia presentada por Esquerra Unida en la que explicaba cómo Sergio Blasco, presuntamente, amañó contratos por cerca de 30 millones de euros que fueron a parar a un entramado de empresas vinculadas a él mismo. Unas, dirigidas por un testaferro; otras, por su hermano y su sobrino.
Los registros del jueves, una veintena, se realizaron en dos frentes diferentes. Por un lado, los agentes registraron las empresas presuntamente involucradas en la trama. Por otro, la Policía solicitó contratos de los años 2004 a 2014 de la Conselleria de Sanidad, del Hospital General y de la Fundación del Hospital General, además de algunos del hospital La Fe.
De la fundación hay una denuncia por contrataciones irregulares presentada por la Diputación de Valencia, pero dicha denuncia sería sobre las presuntas corruptelas realizadas a partir del 2015. Fuentes de la Diputación consultadas por Valencia Plaza señalaron que "no sería nada extraño que la Policía vuelva dentro de un tiempo a pedir los contratos y la documentación de los años posteriores a 2014".
Sergio Blasco llevaba años caminado por la cuerda floja sin caerse. Siempre rodeado por la sombra de la corrupción, pero sin que ninguna de las denuncias presentadas contra él fructificaran. Hasta ahora.
En diciembre de 2014 presentó su dimisión como gerente del Hospital General Universitario de València tras abrirse un proceso de presunta corrupción por sus actividades en Perú, proceso que fue archivado posteriormente. Blasco se fue a vivir a Santo Domingo, donde a día de hoy era director de Proyectos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) en Santiago de los Caballeros.
La jugada del juez instructor, de la Policía y de Anticorrupción ha sido maestra. Después de meses de investigación, esperaron pacientemente a que Sergio Blasco cogiera un avión para volver a España. Entonces activaron la operación Osvaldo y, tras una escala en Madrid, Blasco fue detenido en el aeropuerto de Manises, según publicó El Español.
Antes de conocerse su detención, Valencia Plaza pudo comprobar que la intención de Sergio Blasco era regresar a la República Dominicana. Puestos en contacto con el hospital donde trabaja, su asistente informó de que se encontraba "de viaje fuera del país" y que regresaría el próximo lunes.
La declaración de un testigo protegido que durante su interrogatorio por los contratos de Abucasis, el programa informático que conecta los ambulatorios y con el que presuntamente se lucró César Augusto Tauroni, el empresario condenado junto a Rafael Blasco por el Caso Cooperación, abrió la lata de los gusanos. No obstante, si hubo un elemento clave fue la denuncia de la eurodiputada de Esquerra Unida Marina Albiol.
En dicha denuncia, Albiol explicaba todo el presunto entramado corrupto dirigido, desde su cargo como gerente del hospital General, por Sergio Blasco. Según informó la entonces diputada autonómica, esta presunta trama de corrupción giraría alrededor de la adjudicación a empresas privadas de diversos contratos públicos relacionados con la atención sociosanitaria por un importe de al menos 29,4 millones de euros.
Según las conclusiones plasmadas en la denuncia, empresas de Francisco José Escandell Vila, presunto testaferro de Sergio Blasco, recibieron "numerosas adjudicaciones" desde que Blasco tenía responsabilidades orgánicas en el Hospital General -entre 1999 y 2015-, primero por servicios de mantenimiento y limpieza y años más tarde, de manera más especializada, adjudicaciones importantes de gestión sociosanitaria.
Una de las empresas de Escandell Vila, denominada Corporación Sociosanitaria del Mediterráneo, fue vendida el 14 de mayo de 2012, según los datos del Registro Mercantil, a Francisco José Blasco Perepérez, hermano de Sergio Blasco Perepérez, según la denuncia. A partir de ahí, EUPV estableció las conexiones con varias empresas vinculadas al negocio sociosanitario y localizadas en Alzira. La denuncia aportaba pruebas de la supuesta relación de amistad entre los Blasco y el empresario Francisco José Escandell.
También se añadían detalles importantes como más 600.000 euros en gastos sin justificar por parte de una de las empresas o los contratos menores a Tauroni por llevar la página web del hospital General.
