VALÈNCIA. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, alertó este lunes de la situación de "desamparo" en la que se encontraban muchos de los menores tutelados por la Generalitat en los centros de acogida. Con tan sólo 16 inspecciones se hallaron escenas de todo tipo: niños y adolescentes a cargo de la Administración que vivían con "moho, humedades, comida caducada, colchones en el suelo" y un largo etcétera.
Pero la situación puede empeorar aún más. En la Comunitat Valenciana hay 80 centros de acogida de menores, lo que significa que todavía hay 64 por recibir la visita de los inspectores, tal y como confirman desde la propia Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas.
Ardua tarea que tienen por delante los 11 inspectores con los que actualmente cuenta la Generalitat, pues desde que Oltra tomara esta cartera y llegara al Gobierno valenciano hace dos años, se contabilizan una media de ocho inspecciones anuales. Si bien es cierto que la cifra es superior a las que se realizaron en la anterior etapa del PP –entre 2012 y 2015 se acometieron un total de seis y en este ejercicio están previstas que se realicen seis más para llegar a las 22–, el período para denunciar los hechos ha sido dilatado.
Y así lo denunció este martes el diputado del PP, José Juan Zaplana, en la rueda de prensa tras la junta de portavoces en Les Corts. "Si Oltra visitó el centro de menores de Monteolivete y dijo que se le cayó el mundo a los pies en febrero, ¿qué ha hecho desde entonces hasta mayo?", criticaba. El departamento de la consellera de Políticas Inclusivas asegura que tardó en tomarse la decisión porque se debía pensar "dónde reubicarlos o qué hacer con los trabajadores", esto es, elaborar un plan de actuación.
Gastaldi: "Es extraño que la Fiscalía no se haya enterado"
El ex secretario autonómico de Justicia durante el Gobierno del PP y anteriormente director general de Justicia y Menores, Antonio Gastaldi, califica a Valencia Plaza la situación como "extraña". "Durante el tiempo que estuve no hubo ninguna queja y los servicios sociales siempre lo han tenido controlado", explica. También muestra asombro por acusación de maltrato denunciada en el Centro de Menores La Resurrección de Segorbe (Castellón). "Siempre han llevado el centro con soltura", afirma.
Gastaldi, actualmente fiscal de violencia de género, también señala que la Fiscalía de menores siempre acaba por darse cuenta de lo que ocurre, al tratarse de un colectivo sensible. "Es extraño que la Fiscalía no se haya enterado de esta situación en tanto tiempo, en Castellón hay cuatro fiscales y es una provincia fácil de tener controlada".
"En mi época jamás tuvimos una queja, era un sector que funcionaba correctamente", insiste y señala a que es posible que se haya realizado una "exageración de un tema estructural". Gastaldi asegura que durante el tiempo que permaneció en el cargo visitaron centros y funcionaban bien. "La gente que trabajaba en la antigua dirección general del Menor eran funcionarios muy implicados".
A la Fiscalía el 12 de mayo, tres meses después de saberlo
Este martes, la Conselleria de Igualdad informaba de que el pasado 12 de mayo se remitía a Fiscalía un escrito dirigido al fiscal delegado de menores de Castellón para que valorara el informe realizado por la inspección al Centro de Menores La Resurrección de Segorbe (Castellón), donde, según explicó Oltra, se detectaron "indicios de maltrato" a los niños residentes, a los que se daba "poca comida y caducada". Según consta en el escrito, estas acusaciones se realizan a raíz de una visita a las instalaciones los días 30 de enero y 2 de febrero.
Así, desde la cartera de Oltra denuncian la falta de medios humanos. Cuando llegaron a la Administración había siete inspectores –que no se dedican exclusivamente a revisar los centros de menores, sino también los de mujeres, personas mayores, salud mental...– que se incrementaron a 11, muy lejos todavía de los 20 que marca la ley.
Los sindicatos lo denunciaron
Desde UGT señalan que se avisó a la Conselleria de que estas situaciones se estaban produciendo y reconocen que se llega tarde, pero también destacan que Igualdad mostró mucha sensibilidad a las propuestas realizadas por todas las organizaciones sindicales en la última mesa sectorial. En esta se habló de cómo los trabajadores y menores deberán trasladarse del centro de Monteolivete a Buñol tras el cierre. "Lleva buen camino y se está haciendo un esfuerzo importante".
Mientras, CCOO asegura que la mayoría de menores de protección atendidos en la Comunitat Valenciana no han estado en situación de abandono pero las que sí estaban abandonadas eran las políticas de menores de la antigua Conselleria de Bienestar Social.
El sindicato señala que el anterior gobierno del PP tenía "estrangulado al sector" y que se ha venido denunciado sistemáticamente "la falta de recursos y los recortes producidos en un sector de alta prioridad para una sociedad avanzada". CCOO ha exigido que el Gobierno valenciano ponga orden y clarifique las líneas que se han de dar en el ámbito del menor en la Comunitat Valenciana.
Según CCOO, la política del anterior Gobierno del PP ha generado que centros de titularidad pública obsoletos en espacios y estructuras estén casi en la ruina, que las plantillas de los centros sean insuficientes, que existan retrasos inaceptables en los pagos, que las familias no reciban la ayuda para el mantenimiento de los menores acogidos y que existan dificultades para trabajar con los nuevos perfiles de menores.
El Síndic de Greuges levanta la mano
En julio de 2015, el Síndic de Greuges, José Cholbi, procedía a la apertura de una queja de oficio por el seguimiento y la supervisión de centros de acogida de menores. Así lo recordaba este martes, ante el revuelo ocasionado por la falta de inspecciones durante el Gobierno del PP.
Como decía Oltra, el seguimiento realizado por el Servicio de Inspección del anterior Consell se redujo a seis vistas en 2013 y una visita en 2014, sin embargo, sí que se realizaron visitas de los servicios territoriales de la Conselleria, según consta en la queja del Síndic de Greuges.
Con todo esto, el Síndic de Greuges recomendó a la Conselleria de Igualdad la obligación legal de asumir la periodicidad semestral, el seguimiento y la supervisión de los centros de protección de menores y recomendó establecer una metodología y dotación de personal suficiente para cumplir con obligación.
13 centros con problemas
Tras las inspecciones la conselleria ha debido intervenir en un total de 13 centros reubicando a los menores en otros: ocho centros en Emaús, 'La Resurrección' de Segorbe, Penyeta Roja (Castellón), centro de 'El Carmen', Monteolivete y Buñol.
En el caso de los ocho centros gestionados por la Emaus Fundación Social, la Conselleria está trabajando para que otra entidad se haga cargo de ellos. "Se les concedió subvención a pesar de estar en concurso de acreedores para no mover a los niños y mantener a los trabajadores", explican desde la cartera de Oltra. Hoy acumula una deuda de 23 millones de euros, 5 con la Seguridad Social, por lo que la semana pasada la propia Oltra transmitió a la ministra Dolors Montserrat la situación y le entregó una carta de los alcaldes de los municipios afectados.
Monteolivete es un centro de menores gestionado por la Generalitat, Penyeta Roja por la Diputación Provincial de Castellón, y 'La Resurrección' estaba gestionado por la Congregación Terciarias Capuchinas. El centro 'El Carmen', estuvo hasta noviembre de 2016 gestionado por una empresa privada, pero desde que finalizara el contrato, los menores fueron ya reubicados; y el de Buñol actualmente lo gestiona una empresa privada que solicitó no continuar dando este servicio, por lo que en junio de 2017 pasará a custodiarlo la Generalitat.
Menores durmiendo en el suelo
El centro de Monteolivete "no cumple los requisitos de habitabilidad" y presenta unas condiciones "infames" por falta de mantenimiento, aseguraba este martes la directora de la instalación, Yolanda Calero.
El centro ha llegado a acoger 120 niños, que ahora se trasladan a otros puntos de la provincia como la Pobla de Vallbona, Burjassot o Buñol. No solo el estado de la infraestructura sino que, según relato Calero, no hay suficientes camas para los menores residentes.
En agosto ha señalado que tuvieron que hacer compra "extraordinaria" de literas "de forma urgente" porque había algunos "durmiendo en el suelo". Según precisó, el centro llegó a tener 84 residentes cuando la ratio es de 54, una cifra que considera "demasiado elevada" ya que debe ser inferior para ser "más personalizada y adecuada a las necesidades de los chavales de protección".
Gran parte de estos chavales se trasladarán a Buñol y por ello el sindicato CSIF ha pedido que subsane los fallos en las instalaciones de Buñol antes de trasladar allí el centro de recepción de menores que hasta ahora estaba Monteolivete.
De hecho, el CSIF explica que el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) ya alertaba, en un informe sobre las instalaciones de Buñol, de la necesidad de acometer reformas, por ejemplo, en vestuarios y baños para paliar los desperfectos existentes en el recinto. De hecho, una denuncia de la Inspección de Trabajo fue la que finalmente llegó a manos de la Conselleria y alertó de lo crítico de la situación.
Ahora, los trabajadores que actualmente prestan el servicio en las instalaciones de Buñol temen perder su empleo al pasar este centro a gestión directa de la Generalitat.
Mónica Oltra. Foto: EVA MÁÑEZ
