Mónica Oltra. VPVALENCIA (EP). La vicepresidenta del Consell de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha recalcado esté viernes que la reversión al sistema público de las concesiones sanitarias es una "decisión política" que está tomada con independencia de los resultados que arrojen las auditorías económico-financieras que se han encargado porque es "un compromiso del Pacto del Botánico".
Lo ha hecho después de que Alicante Plaza haya desvelado este viernes que borrador del primer informe oficial sobre el llamado modelo Alzira señala que la gestión privada ahorra un 21% a la sanidad pública.
Al respecto, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha recalcado que "claro que sí" que esta decisión está "tomada" porque "la gestión de la salud tiene que ser pública". Con todo, ha aclarado que mientras expiren todos los contratos de las concesiones se realizará una auditoría para conocer la situación económica-financiera de cada concesioanria para "poder poner orden".
La vicepresidenta ha explicado que la auditoría publicada en Alicante Plaza es un informe provisional de la Sindicatura de Comptes sobre el Área de Salud de Manises, que concluye que ahorra un 21% a la sanidad pública, al que falta incluir las alegaciones de la Conselleria de Sanidad con "datos actualizados".
En ese sentido, ha aclarado que la decisión es "la gestión pública", pero que para ello "hay que saber en qué terreno económico nos movemos" porque algunas de las concesiones "aún les quedan años por delante".
Por ello, han encargado estas auditorías sobre la situación económico-financiera para saber el dinero que las concesionarias deben a la Generalitat o se les debe, porque hasta ahora "las liquidaciones llevaban años sin hacerse" y "se cerraban los ojos", y al ir realizándose se demuestran que se adeuda a la Generalitat "cantidades millonarias".
Así, ha explicado que se tienen que tener en cuanta los pacientes que las concesionarias han derivado al sistema público para restarlos de su cápita (el concepto fijo que la Generalitat le paga por cada habitante de su área de población).
En cualquier caso, ha manifestado que para poder realizar comparaciones se debe "ver en su conjunto y no de forma singular", ya que se debe tener en cuenta que la sanidad pública trata los casos "más graves" y que las concesionarias derivan las intervenciones "más complejas". "No es comparable las listas de espera ni los costes si se habla de operaciones de corazón o de juanetes, sería como comparar peras y manzanas", ha manifestado.
Asimismo, ha señalado que el Consell quiere saber qué ha pasado con "la presunta mordida sostenida en el tiempo" por B2B, la central de compras de Ribera salud que está siendo investigada por el juzgado de Instrucción número 4 de Valencia por el presunto cobro de hasta un millón de euros en comisiones por la compra de unos medicamentos que "tendrían que haber repercutido a la Generalitat y que alguien se estaba llevando". "Hay que poner orden y los números deben estar claros, porque el dinero público es sagrado vaya adonde vaya, y si van a una concesionaria privada, las paredes de cristal", ha apostillado.
Del mismo modo, la portavoz del Consell ha apuntado que "los términos de efiencia se deben poner en conjunto con los temas de felicidad social, la atención que se recibe y la calidad asistencial y quirúrgica, siempre en función de cosas que sean comparables".
Por ello, ha insistido en que la reversión de las concesiones sanitarias a la gestión pública "está en el pacto del Botánico, que es la hoja de ruta de este Gobierno y punto". Así, ha insistido en que la gestión, en la medida que vayan terminado los contratos con las concesionarias, volverá al sistema público, la primera de ellas el departamento de La Ribera.
En esta línea, ha insistido en que hacer "una defensa contundente y vehemente de la gestión pública de la sanidad, que es la única que no tiene plusvalía ni beneficios empresariales, sino plusvalías y beneficios sociales".
