VALÈNCIA. A principios de esta semana leía un artículo que se alarmaba sobre el estado financiero de una de las orquestas sinfónicas más importantes de nuestro país, no por estar en una situación de inviabilidad, sino porque para seguir existiendo dependía de un convenio con la administración que se renovaba anualmente. Quien firmaba el texto, desprendía preocupación puesto que hacía depender cada una de las temporadas musicales de la formación de esa cantidad económica, que el gobierno autonómico de la región abona anualmente, y cuya firma estaba actualmente en el aire, lo cual no significaba una sorpresa porque casi todos los años la situación es así de precaria e inestable. El texto poco o nada hablaba de la posibilidad de obtener recursos por otras vías, a través de patrocinios y mecenazgo, dando a entender que la inversión pública directa es el único camino al que muchas instituciones parecen abocadas. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a un estado de cosas en el que en el terreno cultural sólo puede “existir” aquello que la “benevolencia” de la administración con su pulgar hacia arriba lo hace realidad.
El erario público se nutre esencialmente de nuestros impuestos y de aquellos que pagan las empresas, y por tanto, en definitiva, la financiación de la cultura, como las demás partidas presupuestarias, proviene en última instancia de recursos extraídos a la sociedad civil. Pero no es menos cierto que las prioridades de un país con los problemas estructurales del nuestro, que además no está en sus planes renunciar a un estado del bienestar del que se siente orgulloso, y con toda la razón, anteponen unas partidas de gasto otras, y no descubro gran cosa si digo que las necesidades que cubrir por un estado como España se ciñen de forma prioritaria al ámbito de la justicia social, la sanidad, la seguridad, las prestaciones sociales etc . Esta tendencia es inevitable que vaya a más con una pirámide poblacional invertida, como espada de Damocles, o un incremento de las demandas de carácter social por los diferentes colectivos. Como le comentaba hace algo más de un mes a una persona que rige, en una determinada parcela, los destinos de nuestra ciudad, va a ser preciso buscar una mayor implicación de la empresa y del mecenazgo ciudadano en la cultura y el patrimonio, puesto que las administraciones no van a poder hacerse cargo de ello sin tener cargo de conciencia. Mi interlocutora asentía más que negaba, puesto que no se trata de un deseo, sino de una realidad futura cada vez más próxima. Aunque la situación todavía no es la deseable, sólo hay que mirar en nuestro contexto: los grandes proyectos culturales de la ciudad abiertos recientemente, en ciernes, o consolidados desde hace décadas (Bombas Gens, Centro Cultural Bancaja, Fundación Hortensia Herrero, Caixaforum…) tienen su razón de ser en el mecenazgo privado. Sin embargo, los grandes espacios públicos museísticos o instituciones de artes escénicas tienen serias dificultades para acometer ampliaciones necesarias (IVAM, González Martí) o realizar exposiciones de envergadura (Bellas Artes) que reclaman importantes recursos públicos que por si mismos no generan.
La situación es difícilmente sostenible y escasamente realista. La administración invierte en cultura a regañadientes y poco convencida. En su fuero interno, sotto voce, estaría encantada de que lo hicieran otros agentes en su lugar y así destinar parte de su presupuesto a otras partidas más perentorias que son reclamadas por sus ciudadanos. Sin embargo, por otro lado, no se atreve a dar el paso definitivo y crear un modelo de mecenazgo que convierta en tendencia esta práctica y generando un auténtico sector. A pesar de ello, el cambio de paradigma es lento pero imparable y vaticino, auguro, que pronto veremos una mayor presencia de agentes, fundaciones principalmente, que provienen de la sociedad civil implicados en la cultura y el patrimonio. La empresa va a buscar prestigio, excelencia y en definitiva resultados también de tipo económico a través de significarse como mecenas en cultura, arte y patrimonio cultural. Ello demandará profesionales de la rama jurídica, de carreras humanísticas y bellas artes, pero también de la comunicación y asesoría para “convencer” sobre las ventajas que son muchas, y también apoyar a las administraciones implicadas y a las empresas, logrando articular de forma ágil los instrumentos que pongan en marcha los proyectos (que son innumerables y de la más variada naturaleza), tanto desde el punto de vista legal, como también de la visualización social de la labor.
Con la entrada de un nuevo gobierno y el consiguiente nombramiento del ministro de cultura siempre desde tiempos casi inmemoriales surge una vez más, como un Guadiana, la Ley de Mecenazgo, para desaparecer de forma paulatina hasta la irrelevancia conforme avanza la legislatura. Los sucesivos gabinetes ya sean de tendencia conservadora o progresista no tienen fe en el mecenazgo, más allá de lo anecdótico, para convertirlo en un pilar en el tejido productivo. Por una u otra razón les aterroriza “perder poder” en un sector con una excesiva implicación de la empresa o de los particulares; el “coste” económico que podría tener sobre las arcas es otro de los temores que dejan entrever a través de un choque de trenes con el Ministerio de Hacienda. Sobre esto último habría mucho que discutir puesto que la mirada un tanto miope y cortoplacista no parece vislumbrar las posibilidades en la creación de empleo y riqueza que supone la activación definitiva de este sector.
En otros ámbitos como el anglosajón los recursos para sufragar la cultura en sentido amplio se obtienen de forma mucho más directa: el mecenazgo es una realidad más “natural” y por tanto se haya más presente que en nuestro contexto. Las desgravaciones fiscales son sensiblemente más altas y la practicidad para obtener recursos es otro mundo. Leía en el muro de facebook de un amigo que el Metropolitan Museum de Nueva York había puesto a la venta este mismo mes un espectacular óleo de Canaletto con el fin de financiar, con el dinero que se obtenga, adquisiciones de obra de artistas que les falta en la colección.
La ley de Patrimonio Histórico Español contempla desgravaciones y algunas Comunidades Autónomas como la nuestra tienen una Ley de Mecenazgo, lo cual es loable, pero a todas luces insuficiente. Apoyar a la cultura es todavía una rareza, pero hay que decirlo, una rareza que en la sociedad despierta admiración de forma unánime, y eso es algo que los agentes implicados y aquellos que no lo son pero potencialmente reúnen la capacidad para iniciarse en ello deberían valorar seriamente.