MADRID (EP). Nueve contratistas absorbieron entre 2014 y 2016 el 18,6% de los 7.830,2 millones de euros adjudicados en contratos por el sector público estatal empresarial no financiero, 1.455,6 millones de euros en conjunto en adjudicaciones de más de 100 millones de euros cada una repartidos en 774 contratos.
Frente a ello, 4.635 empresas (el 56%) fueron contratadas en una única ocasión para un volumen conjunto de 871,1 millones de euros, mientras que 13 contratistas acumularon más de cien contratos cada uno, por un importe conjunto de 639,6 millones.
Así figura en un informe de aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el pasado septiembre, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se advierte de la gran heterogeneidad en la contratación de estas empresas, que engloba entre otras a todo el conglomerado de Adif y Renfe, Enaire, Correos, Paradores de Turismo y Tragsa.
En su informe, el Tribunal advierte de que los 26.960 contratos formalizados en este período se distribuyeron entre 8.225 contratistas diferentes, la distribución del número de contratos y de importe contratado fue muy heterogénea.
En sus recomendaciones, el órgano fiscalizador subraya la importancia de que en los procedimientos de adjudicación en los que además del precio se valoren otros criterios, las ofertas de los licitadores sean anónimas y tengan que presentarse en formatos normalizados que no permitan la identificación de los concursantes hasta que se haya realizado la valoración definitiva.
Asimismo, también pide que las comisiones de valoración estén "conformadas exclusivamente por personal técnico" con el fin de "promover la integridad y evitar prácticas irregulares". Asimismo, insta a utilizar más el procedimiento de adjudicación que atienda exclusivamente a la mejor oferta económica.
Y es que, tal y como advierte el Tribunal de Cuentas en su informe, la fórmula de adjudicación elegida acaba guardando una relación con las bajas obtenidas en lo precios de los contratos. Literalmente, una "estrecha relación", para el órgano fiscalizador, dada la disparidad de resultados obtenidos en la comparativa.
Así, según señala en sus conclusiones, la baja media obtenida en el precio de los 25.176 contratos formalizados por importe de 13.759 millones durante el período 2014-2016 fue del 10,91%. No obstante, el ahorro en el precio osciló desde el 20,28% para expedientes adjudicados mediante el procedimiento abierto con criterios múltiples (14,4% de contratos por 5.649 millones) hasta el 4,55% de baja para contratos adjudicados por el procedimiento negociado sin publicidad.
En este sentido, el Tribunal destaca como "especialmente significativa" la utilización en 2014 del procedimiento negociado sin publicidad, pues así se adjudicó el 45,3% de los contratos formalizados, por un importe de 821 millones. En 2015 descendió al 35,4%, con 744,5 millones; en 2016 hasta casi el 40% con 1.073 millones, el 25% de todo el importe contratado. En todos los casos fue el principal procedimiento de adjudicación en relación al número total de contratos formalizados.
El órgano fiscalizador lamenta la escasa utilización del procedimiento de adjudicación en el que exclusivamente se atiende a la mejor oferta económica, es decir, el criterio precio, pues cree que debería ser el más eficiente desde punto de vista económico. Así, únicamente se recurrió a este tipo de adjudicación para el 7,2% del montante total contratado en 2014, con 380 millones, en 2015 para 472 millones, y en 2016, 393 millones.
Aunque el número de contratos adjudicados por procedimiento abierto, con más criterios además del precio, fue muy similar al del criterio precio, los importes adjudicados fueron muy superiores, siendo el más utilizado desde el punto de vista económico. En 2014, 2.745 millones, el 52% volumen contratado; en 2015, el 38,5%, con 2.002 millones; y en 2016, 1.112 millones, el 26% de toda la facturación contratada.
Por último, el Tribunal destaca que de los 3.064 contratos remitidos en 2015 y 2016, 1.049 expedientes (un 34,2%) reflejaron discrepancias con la información reflejada en las relaciones anuales. "El elevado número de discrepancias detectadas, 1.715, y el porcentaje de contratos afectados, menoscaba al grado de representatividad de la información contenida en las relaciones anuales sobre los contratos formalizados el ejercicio precedente", critica.
