La consellera de Transparencia, Rosa Pérez. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pasado mes de julio el pleno del Consell aprobó el proyecto de ley para reformar la Sindicatura de Greuges de la Comunitat Valenciana. Una modificación que quedó pendiente en la legislatura pasada cuando Manuel Alcaraz era conseller de Transparencia y que la Conselleria de Participación y Transparencia ha retomado para acometer los cambios que quedaron en el cajón por el adelanto electoral decretado por el President de la Generalitat, Ximo Puig.
Una de las modificaciones significativas que introduce la reforma, además de la elección del personal al servicio del Síndic de Greuges, afecta a su número de adjuntos. La cartera que dirige Rosa Pérez Garijo propone que pasen de ser dos a tres, lo que aumentaría en aproximadamente 86.000 euros el gasto de la institución por la retribución que los adjuntos tienen asignada.
Una medida que, según fuentes parlamentarias, responde al interés por parte de Unides Podem -en particular al área de Esquerra Unida- de negociar con Ciudadanos su "incorporación" al órgano. Es decir, que el tripartito ofreciera el nombramiento de este tercer adjunto al grupo parlamentario que dirige Toni Cantó para continuar por la misma senda de entendimiento que se inició con la negociación de los Presupuestos de la Generalitat de 2021, si bien finalmente terminó truncándose.
El planteamiento, más allá de las posibles repercusiones económicas que podría ocasionar para las arcas públicas, no termina de entusiasmar a sus socios del Botànic II: PSPV y Compromís. Socialistas y valencianistas -pero especialmente los primeros- no son partidarios de ampliar este órgano con la única intención de mejorar su relación con Ciudadanos. Entre otros motivos, porque si lo hicieran, perderían la mayoría de la que gozan hoy por hoy en este órgano.
Así, conviene apuntar que actualmente los socialistas han nombrado al Síndic de Greuges, Ángel Luna, que tomó posesión del cargo en noviembre de 2019. Además, cuentan con Concepción Bru como adjunta a propuesta de Compromís y Unides Podem. El segundo adjunto, Carlos Castillo, fue propuesto por el PPCV. Si este número se ampliara a tres, PP y Ciudadanos gozarían del mismo número de integrantes que los grupos parlamentarios del Botànic.
