VALÈNCIA. (EP). Cuando se van a cumplir 14 meses de la aprobación, por parte del Congreso, del Pacto de Estado contra la Violencia de género aún no se han implantado más del 80 por ciento de las 214 medidas que acordaron todos los grupos parlamentarios de la Cámara baja.
En el decreto ley que el Gobierno socialista aprobó en agosto se devolvieron las competencias en materia de violencia de género a los ayuntamientos; se ampliaron los mecanismos de acreditación de las víctimas; se modificó la ley para que las ayudas que reciben las mujeres sean compatibles con otras.
Del mismo modo, se incluyen medidas para que los hijos de víctimas no necesiten el permiso del maltratador o asesino para recibir atención psicológica y se permite a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.
Todas ellas son medidas "urgentes" del pacto, tal y como las ha presentado el Gobierno. Sin embargo, el contenido del decreto ley no convenció a la mayoría de partidos que, si bien, apoyaron su convalidación por unanimidad, también pidieron que se tramitara en el Congreso como una proposición de ley para poder incluir en la norma otros puntos del acuerdo.
Así, en las enmiendas que los partidos han presentado, se recogen otras iniciativas como la inclusión como víctimas de violencia machista a las madres de niños asesinados por sus parejas; permitir que las víctimas tengan ayudas y protección desde el momento en que se dicte la sentencia en primera instancia; prohibir a los menores ir a visitar al maltratador a la cárcel."
PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, coinciden en la necesidad de acelerar estas iniciativas en concreto. Pero además, cada formación ha puesto prioridad en otros puntos. Así, el PP quiere un mayor control del cumplimiento del Pacto por parte de la Comisión de seguimiento creada en el Congreso.
"Echamos de menos información por parte del Gobierno", ha asegurado la portavoz de Igualdad del PP, Carmen Dueñas, quien ha destacado que fueron los socialistas quienes más insistieron en la creación de este órgano de control que ahora "está paralizado". Esta comisión sólo se ha reunido dos veces, una para su constitución en noviembre del año pasado y otra para realizar un cambio en los miembros de su mesa.
Ciudadanos, por su parte, quiere incorporar a este control a la Alta Inspección Educativa, sancionar el sexismo en centros deportivos, formación para el personal sanitario o una mejora de protocolos y prevención del acoso sexual laboral, entre otras medidas que han presentado como enmiendas. A su juicio, la labor que ha hecho el Gobierno hasta ahora es "insuficiente".
Desde el PSOE, quieren incluir ya en este proyecto de ley facilidades para que los hijos de víctimas de violencia machista puedan eliminar el apellido del maltratador o asesino; mientras que Unidos Podemos propone establecer por ley la inversión del Estado en esta materia en los presupuestos generales del Estado.
"No hay ni una sola medida que costase un euro que se haya puesto en marcha", ha denunciado la portavoz de Igualdad del grupo confederal, la diputada de En Marea Ángela Rodríguez, para añadir que "sin dinero no se pueden hacer políticas de calidad". La secretaria de Feminismos Interseccional y LGTB de Podemos, Sofía Castañón, ha denunciado también que estas políticas siguen sin superar el marco del ámbito de pareja y expareja y se "sigue sin contar" a las víctimas que sufren agresiones por parte de desconocidos u hombres sin vínculo sentimental. "No estamos analizando bien esta lacra en el país", ha lamentado.
También a través de un decreto ley, el Gobierno ha aprobado una reforma de la Ley del Poder Judicial para la formación de jueces. Durante su tramitación en el Congreso como proyecto de ley, esta medida ha recogido en su texto que la violencia de género pasará a ser una especialidad más, como penal o mercantil. "Ahora mismo hay 600 jueces recibiendo formación continuada sobre esta materia", explicó en el último Pleno la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Esta norma se encuentra ahora en su fase de tramitación en el Senado.
En materia judicial, destaca la creación de la comisión que está estudiando la reforma del Código Penal en materia de violencias sexuales, una decisión, que puso en marcha el Gobierno del PP, tras la sentencia de 'La Manada' y la repercusión que produjo en la sociedad.
En otro orden de cosas, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género está trabajando en implementar las mejoras del seguimiento estadístico de este fenómeno, tal y como se recoge en el Pacto, según confirmaron fuentes del departamento a Europa Press. En concreto, se está tratando de desarrollar la macroencuesta sobre todos los tipos de violencia sexual y se está ultimando un protocolo para la realización del estudio sobre el 'efecto acumulación', es decir, la acumulación de asesinatos en un período corto de tiempo.
Asimismo, está revisando las estadísticas oficiales sobre las víctimas mortales por violencia machista, tanto las fichas de mujeres como de menores, centrándose especialmente en los casos que, al cierre de cada ejercicio, se quedaron en investigación. Fruto de esta revisión, recientemente se han incluido en el registro de víctimas mortales a cuatro mujeres asesinadas en 2016.
Ante las críticas que han recibido por parte de algunos partidos, el Gobierno ha señalado que la verdadera activación de este acuerdo se produjo tras la primera reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad del pasado 31 de julio en la que se acordaron los criterios de reparto y distribución de los 100 millones de euros para las comunidades autónomas. Durante una comparecencia en el Congreso, la también vicepresidenta expresó su compromiso de que a finales de este año estén en marcha todas las reformas legales adscritas al acuerdo.
