VALÈNCIA. Un total de 231 pueblos repartidos por toda la Comunitat Valenciana se han quedado sin oficinas bancarias, según el análisis realizado por Joaquín Maudos, director adjunto del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y catedrático de la Universitat de València, con datos al cierre de 2016. Dicha circunstancia significa que más de 120.000 habitantes de esas localidades no pueden disponer de servicios bancarios in situ, lo que deja bien a las claras la exclusión financiera provocada por la criba en el sector tras la crisis iniciada en 2008.
De los 231 municipios, que representan el 42,6% sobre los 542 existentes en la Comunitat, 101 correspondían a la provincia valenciana -afectando a un total de 70.115 residentes-; 88 a Castellón -32.474- y 42 a Alicante -17.470-. En los tres casos buena parte de las localidades de las tres provincias se sitúa en zonas del interior donde la despoblación en las últimas décadas ha sido una constante.
Para el prestigioso profesor Maudos, "la exclusión financiera es un problema en cuya solución deben contribuir tanto las entidades financieras como las administraciones públicas y casi más las segundas que las primeras. Los bancos están obligados a cerrar oficinas no rentables para garantizar su viabilidad, sobre todo en un contexto difícil en el que los bajos tipos de interés comprimen el margen con el que intermedian".
Al catedrático de Análisis Económico le "consta que muchas entidades intentan paliar el problema con medidas como mantener un cajero automático, un micro bus que se desplaza por diversos pueblos, un empleado de una oficina que se desplaza con su coche por otros pueblos.., y por supuesto ofreciendo la banca online, que es la gran medida contra la exclusión. Por eso, no tener acceso a una oficina en el lugar de residencia no es sinónimo de exclusión financiera", advierte a Valencia Plaza y no sin razón.
Para terminar, el director adjunto de investigación del IVIE tiene claro que "las administraciones públicas deben contribuir a paliar un problema que es social y que en ocasiones se debe a que los pueblos no tienen acceso a internet. Por tanto, en ocasiones la exclusión financiera tiene su origen en la exclusión tecnológica. Los colectivos más vulnerables son las personas mayores y con menor nivel educativo".
Mientras tanto la reestructuración del sector bancario español sigue reduciendo su red comercial, lo que conlleva masivos despidos. Y, lo peor, es que todavía lejos de atisbarse que el desapalancamiento ha terminado queda tela por cortar porque el proceso de concentración bancaria no ha concluido a decir de los propios responsables banqueros.
Según el estudio de Maudos, tomando datos de la Guía de la Banca y que incluye oficinas -no agentes ni cajeros-, la liquidación de sucursales ha repercutido especialmente en aquellos municipios pequeños que han perdido todas sus sucursales. Al cierre de 2016 (últimos datos disponibles) se contabilizan 4.114 municipios que no disponían de oficinas bancarias, es decir, el 50,7% del total de los pueblos de España. Esta exclusión financiera afectaba a las 1.256.590 personas que residen en esas localidades, lo que supone un 34,2% más que en el año 2008. En conjunto, representan el 2,7% de la población española, frente al 2% en el inicio de la crisis.
Castilla y León es la autonomía más afectada por la exclusión financiera, ya que el 16% de su población (392.003 personas) no cuenta con una oficina bancaria en su municipio; mientras que en el lado opuesto se sitúan Murcia y Baleares, regiones en las que prácticamente todos sus ciudadanos disfrutan del acceso a una oficina bancaria en su lugar de residencia. De hecho, y como dato a tener en cuenta, solo existe un municipio en cada una de estas comunidades autónomas que no tiene ninguna oficina de un banco, caja de ahorro o cooperativa de crédito.