Montoro como excusa

En este periódico hemos escrito contra Cristóbal Montoro hasta la saciedad, a riesgo de aburrir al lector; en esta columna el ministro es probablemente el personaje más citado y, con toda seguridad, el más vapuleado. Con todo merecimiento, faltaría más, por las dilaciones indebidas en la reforma de la financiación autonómica, por dejar a los valencianos año tras año a la cola en los Presupuestos, por la amnistía fiscal, por el agravio comparativo en las subvenciones al transporte metropolitano de València, por su desprecio a los representantes políticos valencianos, por sus genuflexiones ante el PNV, por su desigual reparto –se queda con la mejor parte– de los objetivos de déficit, por utilizar el FLA con criterios electoralistas y no técnicos, por castigar a los ayuntamientos que gestionan bien y por alguna cosa más que habré pasado por alto. 

Pues aún nos quedamos cortos si se compara esta batería de críticas con las del Consell de Ximo Puig y los partidos que lo componen, PSPV y Compromís, que han encontrado en los defectos del ministro de Hacienda la excusa perfecta para eludir sus responsabilidades y camuflar su debilidad. Si lo fácil para un político es negar que las cosas se hayan hecho mal, los nuestros lo hacen aún más fácil: la culpa es de Montoro.

El último ejemplo lo provocó esta semana el tirón de orejas de la Sindicatura de Greuges a Mónica Oltra por la tardanza en responder a las quejas de los ciudadanos y a las sugerencias del propio Síndic. Una demora inexplicable en una administración cada vez más electrónica cuando se trata, como ocurre en muchos casos, de respuestas estandarizadas en las que solo hace falta cambiar el nombre del destinatario de la misiva. Por primera vez, según lamentó José Cholbi, en un destacado número de expedientes la Sindicatura ha tenido que dictar resoluciones sin haber recibido "respuesta alguna" de la Conselleria, después de reiterados requerimientos y tras más de cuatro meses de espera, lo que supone un incumplimiento de la ley de la institución.

La respuesta de Oltra fue admitir los hechos y culpar a Montoro por no permitir cubrir al 100% las plazas vacantes en la Generalitat, un problema que afecta a todas las consellerias, también a las que responden a las quejas en tiempo y forma. Ciertamente, la maldita tasa de reposición ha reducido el número de trabajadores –no así el de asesores– en el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas. Lo que ocurre es que la vicepresidenta acabó su explicación con un tiro en el pie al afirmar que, gracias a su buena gestión, el número de quejas dirigidas a la Conselleria ha pasado de 4.423 en 2014 a 1.208 el año pasado. ¿El número de funcionarios que las gestionan también se ha reducido un 73%?

Más habitual que la tasa de reposición es la excusa de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, algo de lo que se pueden quejar con fundamento en la Conselleria de Hacienda pero no en el resto de consellerias. Es cierto que la arbitrariedad del Ministerio a la hora de administrar el FLA provoca tensiones de tesorería que hacen que Vicent Soler tenga que retrasar pagos a proveedores, pero no es verdad que esto justifique que en algunas áreas de la Generalitat más de la mitad del Presupuesto se quede sin gastar a final de año –dramático lo de las ayudas a la investigación– o que se diga que no hay dinero para algunas cosas cuando sí lo hay para otras.

El Consell, como cualquier gobierno, tiene la obligación de gestionar los recursos con los que cuenta. ¿Deberían ser más? Por supuesto. ¿Es injusta la infrafinanciación? Indudablemente. Pero es lo que hay y su responsabilidad no es andar todo el día señalando a Montoro sino elaborar un presupuesto de acuerdo con los recursos disponibles y ejecutarlo al 100%. Suya es la responsabilidad, ante los ciudadanos, de elegir qué inversiones y gastos son prioritarios en un presupuesto que siempre será finito y suya es la culpa si, después de tanta queja, se quedan fondos sin gastar. 

Y algo que quizás sorprenda a más de uno: a la Generalitat no le faltan 1.300 millones cada año porque los incluye como gasto en el presupuesto. Su problema es que, al no llegar el dinero vía transferencia del Estado, ese gasto engorda el déficit y acaba llegando vía FLA, engordando a su vez la deuda de la Comunitat Valenciana. Por eso no se puede decir que no hay dinero, porque el Consell de Puig elabora su presupuesto como si lo hubiera con los ya famosos 1.300 millones 'ficticios'.

En cuanto a las quejas de los partidos, de todos, valga la frase del flamante presidente de la nueva CEV autonómica, Salvador Navarro, en la asamblea del otro día al hablar de la infrafinanciación y el reparto de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado: "Es evidente que el criterio para esta distribución no se basa en parámetros económicos, sociales, regionales y de eficacia; que se imponen criterios políticos que ponen en evidencia nuestra debilidad como territorio".

Dicho de otro modo, la culpa puede que sea de Montoro, pero si nuestros representantes en Madrid no son capaces de otra cosa que quejarse, igual hay que poner a otros.